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Desde su creación a mediados de 2018, en virtud de la reforma constitucional para garantizar el derecho a la doble instancia para los aforados, las salas de Instrucción y de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia han proferido algunas de las decisiones más importantes en materia judicial en Colombia. Sentencias y acusaciones emblemáticas, la mayoría por casos de corrupción, contra congresistas y excongresistas, exmagistrados, exgobernadores y exfiscales, cuyos procesos han tenido un impacto en el acontecer noticioso del país. Escándalos sonados de todo tipo tuvieron desarrollos en ambas salas de la Corte Suprema, como el cartel de la toga, donde se torcieron y amañaron procesos en la cúpula del Poder Judicial; las maniobras corruptas de poderosos caciques políticos que resultaron descubiertos y juzgados; los coletazos del caso Odebrecht y su festival de coimas, y hasta los rezagos de la parapolítica con el caso del exsenador Luis Alfredo Ramos.
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El Espectador les envió varios derechos de petición a los presidentes de las salas de Instrucción y de Primera Instancia con el fin de hacer un corte de cuentas de su trabajo en los últimos cuatro años y constatar cuáles son los delitos más recurrentes entre los aforados, el número de expedientes repartidos, el estado de esos procesos y cuántos parlamentarios fueron llamados a indagatoria o tienen acusaciones y medidas de aseguramiento vigentes. Empecemos con el balance de la Sala de Instrucción, que cuenta con seis magistrados y que desde marzo de 2020 a la fecha ha acusado a 39 congresistas y excongresistas por distintos delitos, como Iván Moreno Rojas, Carlos Alberto Cuenca, Leopoldo Suárez Melo, Miguel Ángel Barreto, Germán Olano Becerra, César Pérez García (condenado ya a 30 años de prisión por la masacre de Segovia, Antioquia, en 1988), Efraín Torrado, Jesús León Puello, Martha Patricia Villalba, Eduardo Carlos Merlano y Carlos Enrique Soto.
Entre los acusados también aparecen León Fredy Muñoz, actual embajador en Nicaragua, en juicio por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; Julio Gallardo Archbold por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; José Ignacio Mesa Betancur por sus presuntos nexos con la Oficina de Envigado y las autodefensas en Antioquia; Wílmer Carrillo Mendoza, actual presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; Álvaro Hernán Prada, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, por el delito de cómplice en soborno a testigo en el sonado caso contra el expresidente Álvaro Uribe; Gustavo Londoño García por soborno al sufragante; Jimmy Hárold Díaz por concierto para delinquir, peculado y hasta contaminación ambiental, y Erwin Arias Betancur, que tiene cuatro procesos por diferentes delitos.
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Finalmente, la Sala de Instrucción también llamó a juicio a la exrepresentante Tatiana Cabello Flórez por el delito de concusión, pues presuntamente le exigía parte de su salario a una subalterna de su Unidad de Trabajo Legislativo; Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velásquez Ramírez por los delitos de cohecho y concusión porque, al parecer, entregaron dineros al cartel de la toga para engavetar sus procesos ante la Corte Suprema; el exrepresentante Alonso Rafael Acosta Ossío por concierto para delinquir agravado; el exsenador Charles Schultz Navarro por tráfico de influencias de servidor público y concusión; el exrepresentante por Caquetá Edwin Alberto Valdés por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos, y la actual representante Sara Piedrahíta Lyons, prima del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y su heredera política, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Capítulo aparte merecen los casos de los otrora poderosos congresistas Musa Besaile Fayad, Eduardo Enrique Pulgar Daza, Roberto José Herrera Díaz y Mario Alberto Castaño Pérez. En relación con Besaile Fayad, este exparlamentario cordobés aceptó su responsabilidad por sus nexos con las autodefensas y por los delitos de concierto para delinquir, peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por cuenta de la corrupción en Córdoba que patrocinó y de la cual se benefició durante años. Actualmente espera sentencia. Por su parte, Eduardo Pulgar ya fue condenado por intentar corromper a un juez de la República; Roberto José Herrera, el llamado “zar de las libranzas”, pidió sentencia anticipada ante la Corte en septiembre pasado, y un camino similar tomó el exsenador caldense Mario Alberto Castaño, quien terminó hundido por las pruebas en relación con un cartel que se apropió de millonarias comisiones en contratos públicos en Colombia.
Además de estos acusados, en los últimos cuatro años la Sala de Instrucción ha llamado a indagatoria a 41 congresistas y excongresistas más, entre quienes aparecen José Vicente Carreño por desaparición forzada; Néstor Leonardo Rico por el escándalo de corrupción en el despacho del exmagistrado del Tribunal de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista; el exrepresentante por Guainía Anatolio Hernández Lozano –quien cobró fama nacional durante una votación en la Cámara de Representantes donde se oyó a la entonces presidenta de esa corporación Jennifer Arias decirle “Anatolio vote sí”– por peculado y falsedad ideológica; John Moisés Besaile Fayad –hermano de Musa y actual senador– por daño a recursos naturales, ni más ni menos; el congresista Didier Lobo Chinchilla por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, peculado y contrato sin cumplimiento y el exparlamentario Pedro Nelson Pardo por rebelión y enriquecimiento ilícito.
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En este listado de dirigentes políticos en apuros también aparecen el excandidato presidencial y exsenador David Barguil, investigado por tráfico de influencias, cohecho y financiación irregular de campañas electorales; el también excongresista cordobés Eduardo José Tous; de nuevo Musa Besaile y su aliado político Bernardo el Ñoño Elías (este último condenado ya por el caso Odebrecht); la poderosa exsenadora Daira de Jesús Galvis por concierto para delinquir; el excongresista conservador Alirio Villamizar Afanador por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito; el hoy embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, cuyo caso fue remitido a la Fiscalía; la excongresista Lucero Cortés Méndez por enriquecimiento ilícito; los exsenadores Temístocles Ortega y Feliciano Valencia y el expresidente del Senado Arturo Char Chaljub por el escándalo de corrupción electoral que confesó la también exsenadora condenada Aida Merlano Rebolledo.
Los exsenadores Álvaro Uribe Vélez, Richard Alfonso Aguilar y Julián Bedoya Pulgarín, pesos pesados de la política nacional que resultaron llamados a indagatoria, hoy están siendo investigados por la Fiscalía. Uribe y Aguilar renunciaron a su fuero como congresistas cuando la Sala de Instrucción profirió medida de aseguramiento en su contra por soborno a testigos y fraude procesal, en el caso Uribe, y delitos relacionados con posible corrupción en millonarias obras de infraestructura en Santander en sus tiempos como gobernador, en el caso de Aguilar. Hoy ambos están libres. Por su parte, Bedoya Pulgarín no se presentó a las elecciones pasadas y, por lo tanto, la investigación por las irregularidades en la consecución de su título como abogado fue remitida a la Fiscalía. Este diario publicó hace poco las intimidades de ese expediente y las pruebas que le envió la Corte a la justicia ordinaria sobre cómo en tiempo récord Bedoya obtuvo su diploma universitario.
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El Espectador consultó al presidente de la Sala de Instrucción, Marco Antonio Rueda, quien hizo su balance: “La Sala, a pesar de las limitaciones de personal, ha reducido considerablemente el tiempo de respuesta judicial en la investigación de delitos atribuidos a congresistas. Ello mediante el archivo de indagaciones, como también a través de casi 40 acusaciones, la mayoría por conductas contra la administración pública, con obtención incluso en algunos eventos del reintegro del monto apropiado. Aunque gran parte de esas acusaciones están en fase de juzgamiento, resulta pertinente señalar que se han emitido por razón de ellas varias condenas, entre ellas contra Antonio Guerra de la Espriella, Aida Merlano, Jimmy Hárold Díaz y Eduardo Pulgar Daza. La Sala tiene en curso trámites con congresistas para colaboración eficaz que permitirán iniciar o avanzar en otras investigaciones que involucran casos de corrupción pública. Podemos calificar la gestión de eficaz y efectiva”.
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El balance de la Sala de Primera Instancia también tiene números similares. En total, dicha Sala, integrada por tan solo tres magistrados, ha recibido 382 expedientes y ha proferido 74 sentencias desde su creación en 2018. Entre los condenados aparecen personajes como el exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos; el exsenador Ronald Housni Jaller por corrupción en contratación pública; el expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub por el delito de concusión por el sonado escándalo de Fidupetrol en esa corporación; el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández por el llamado cartel de la toga, donde también se encuentra en juicio su excolega José Leonidas Bustos; el excongresista antioqueño Óscar Suárez Mira, la exfiscal Hilda Niño Farfán; el exgobernador del Cesar Lucas Segundo Gnecco Cerchar por irregularidades en contratación pública, entre otros.
De la misma manera fue condenado el exrepresentante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés a una pena de casi 11 años, porque se comprobó que obligaba a sus colaboradores de la Unidad de Trabajo Legislativo a que le entregaran parte de su salario, así como a varios exgobernadores del país por corrupción administrativa, entre quienes se cuentan Wilson Ladino Vigoya del Vaupés, Julio Ibargüen Mosquera, Roger Pastor Mosquera y Bismark Calimeño Mena, de Chocó; Aury Socorro Guerrero, de San Andrés; William Pérez Espinel, de Casanare; José María Ballesteros, Hernando David Deluque y Wílmer David González, de La Guajira; Ariel Isaías Arteaga, de Córdoba; Arnaldo José Torres y Efrén de Jesús Ramírez, de Guainía; Aurelio Castro Parra, del Vichada; Carlos Alberto Palacios, del Putumayo; Juan de Jesús Cárdenas, de Huila; Óscar Barreto Quiroga, del Tolima, y los excongresistas Bernardo el Ñoño Elías, Aida Merlano y Gustavo Hernán Puentes, entre otros.
Más allá de estas sentencias y del avance en muchos expedientes de la mayor sensibilidad contra decenas de aforados, lo cierto es que cuatro años después se nota un represamiento importante en varios expedientes. La actual presidenta de la Sala de Primera Instancia, Blanca Nélida Barreto, en extensa respuesta enviada a este diario, señaló que están haciendo todos los esfuerzos por tratar de llevar todos los casos de la manera más rápida posible salvaguardando todas las garantías para los procesados. En ese contexto, explicó que han desarrollado estrategias para evitar la lectura de sentencias y la demora injustificada en el tratamiento de las pruebas y las audiencias de juicio. Sin embargo, hoy esa Sala adelanta 204 juicios, de los cuales 92 se llevan por Ley 600 y los demás por Ley 906. En total, según las cuentas de la Corte, en los últimos cuatro años se han llevado a cabo 1.055 audiencias y se han decretado 103 preclusiones.
Hoy cada uno de los tres despachos de los magistrados cuenta con un magistrado titular, tres magistrados auxiliares, tres profesionales especializados, dos oficiales mayores, un auxiliar judicial y un conductor. “Para la complejidad de los casos y el número de magistrados que hay, 204 juicios al tiempo contra aforados es demasiado”, le dijo a este diario una fuente de la Corte Suprema, que insistió en que el Congreso “debería empezar a pensar seriamente en hacer una reforma para ampliar el número de funcionarios, pero creando otra sala de tres o de cinco magistrados más con el fin de cumplir el mandato de justicia pronta”. Más allá de estas cuentas, las salas de Instrucción y de Primera Instancia de la Corte Suprema se han convertido en protagonistas recurrentes de las noticias judiciales en Colombia. Pero en el tintero también queda la discusión sobre la necesidad de que se creen nuevas salas para administrar justicia con mayor rapidez.
Por Juan David Laverde Palma
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