Corte deja en manos de un juez de Tunja libertad de 'Pedro Orejas'
El alto tribunal determinó que se deberá hacer el reparto para resolver la solicitud de revocatoria y sustitución de medida de aseguramiento emitida contra el empresario.
El Espectador
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la repartición en los juzgados penales municipales de Tunja la competencia para que resuelva la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento presentada por la defensa del empresario Pedro Nel Rincón Castillo, más conocido como ‘Pedro Orejas’.
Esto después de resolver el conflicto de competencias entre el juzgado promiscuo municipal de Maripí (Boyacá) y el segundo penal municipal de Ibagué para conocer tomar una decisión de fondo frente a la solicitud que busca la detención domiciliaria o la libertad condicional de Rincón Castillo.
En el debate jurídico se tuvo en cuenta el hecho de que el procesado se encuentra privado de la libertad en la cárcel Picaleña de Ibagué y que en Tunja se encuentra todo el proceso en su contra por el delito de tráfico de armas y nexos con la banda criminal Erpac que cuenta con más de dos mil folios que consta de dos mil folios.
Debido a esta compleja situación, el alto tribunal tuvo en cuenta los costos del traslado del expediente hasta Tolima o el proceso para realizar la videoconferencia. En este punto se llama la atención sobre el hecho de que un juzgado se declarara impedido después de que fijara fecha para la realización de la diligencia judicial.
La Sala Penal igualmente hizo un llamado ante los argumentos esgrimidos por los dos juzgados, puesto que después de una década de la implementación de la Ley 906 de 2004 “y habiéndose decantado con suficiencia asuntos como el que es objeto de estudio” se sigan aplicado trámites referentes a la colisión de competencias de la Ley 600 del 2000.
“Pero igual prevención se impone hacer a la señora defensora, como que, según se desprende de lo actuado, el proceso se encuentra radicado en Tunja, ciudad en donde ella ha participado en varias diligencias, y el sindicado está detenido en Ibagué, desde donde no surge explicación razonable para que hubiera radicado la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento en Maripí (Boyacá)”, precisa uno de los apartes de la decisión.
En su determinación se avalaron los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría frente al hecho de que el proceso se encuentra radicado en esa ciudad, no ha existido obstáculo para la presencia de la apoderada del acusado, quien ya ha intervenido en actuaciones previas, y la intervención del último, quien se encuentra detenido en Ibagué, se puede garantizar mediante mecanismos virtuales.
El proceso
En audiencia celebrada el pasado 22 de noviembre el propietario de la mina La Pita no aceptó los delitos de concierto para delinquir, fabricación, porte, tráfico de armas y municiones de uso restringido imputados por la Fiscalía General.
La Fiscalía General tuvo en cuenta los testimonios que vinculaban al esmeraldero con la banda criminal Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) que comandaba Pedro Olivero Guerrero, alias ‘Cuchillo’.
Los hechos materia de investigación tienen relación con el hallazgo el 30 de abril de 2008 en la finca de Jiménez, municipio de Mapiripí, Boyacá de 10 tulas con armamento y material de intendencia.
En ese operativo fueron hallados tres fusiles, diez granadas, tres pistolas nueve milímetros, un revólver, 67 proveedores, dos uniformes camuflados, 4.800 cartuchos para fusil.
El pasado 9 de noviembre, el esmeraldero salió ileso de un atentado en su contra en el municipio de Pauna, en el cual resultaron muertos miembros de su esquema de seguridad, familiares y un bebé.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la repartición en los juzgados penales municipales de Tunja la competencia para que resuelva la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento presentada por la defensa del empresario Pedro Nel Rincón Castillo, más conocido como ‘Pedro Orejas’.
Esto después de resolver el conflicto de competencias entre el juzgado promiscuo municipal de Maripí (Boyacá) y el segundo penal municipal de Ibagué para conocer tomar una decisión de fondo frente a la solicitud que busca la detención domiciliaria o la libertad condicional de Rincón Castillo.
En el debate jurídico se tuvo en cuenta el hecho de que el procesado se encuentra privado de la libertad en la cárcel Picaleña de Ibagué y que en Tunja se encuentra todo el proceso en su contra por el delito de tráfico de armas y nexos con la banda criminal Erpac que cuenta con más de dos mil folios que consta de dos mil folios.
Debido a esta compleja situación, el alto tribunal tuvo en cuenta los costos del traslado del expediente hasta Tolima o el proceso para realizar la videoconferencia. En este punto se llama la atención sobre el hecho de que un juzgado se declarara impedido después de que fijara fecha para la realización de la diligencia judicial.
La Sala Penal igualmente hizo un llamado ante los argumentos esgrimidos por los dos juzgados, puesto que después de una década de la implementación de la Ley 906 de 2004 “y habiéndose decantado con suficiencia asuntos como el que es objeto de estudio” se sigan aplicado trámites referentes a la colisión de competencias de la Ley 600 del 2000.
“Pero igual prevención se impone hacer a la señora defensora, como que, según se desprende de lo actuado, el proceso se encuentra radicado en Tunja, ciudad en donde ella ha participado en varias diligencias, y el sindicado está detenido en Ibagué, desde donde no surge explicación razonable para que hubiera radicado la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento en Maripí (Boyacá)”, precisa uno de los apartes de la decisión.
En su determinación se avalaron los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría frente al hecho de que el proceso se encuentra radicado en esa ciudad, no ha existido obstáculo para la presencia de la apoderada del acusado, quien ya ha intervenido en actuaciones previas, y la intervención del último, quien se encuentra detenido en Ibagué, se puede garantizar mediante mecanismos virtuales.
El proceso
En audiencia celebrada el pasado 22 de noviembre el propietario de la mina La Pita no aceptó los delitos de concierto para delinquir, fabricación, porte, tráfico de armas y municiones de uso restringido imputados por la Fiscalía General.
La Fiscalía General tuvo en cuenta los testimonios que vinculaban al esmeraldero con la banda criminal Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) que comandaba Pedro Olivero Guerrero, alias ‘Cuchillo’.
Los hechos materia de investigación tienen relación con el hallazgo el 30 de abril de 2008 en la finca de Jiménez, municipio de Mapiripí, Boyacá de 10 tulas con armamento y material de intendencia.
En ese operativo fueron hallados tres fusiles, diez granadas, tres pistolas nueve milímetros, un revólver, 67 proveedores, dos uniformes camuflados, 4.800 cartuchos para fusil.
El pasado 9 de noviembre, el esmeraldero salió ileso de un atentado en su contra en el municipio de Pauna, en el cual resultaron muertos miembros de su esquema de seguridad, familiares y un bebé.