El Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama (Estados Unidos), emitió una decisión clave que tiene que ver con Colombia. El pasado 15 de enero, esa instancia judicial concluyó que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates) hicieron acusaciones falsas y difamatorias contra la multinacional Drummond, la cual hace presencia en Colombia desde inicios de los años noventa. Collingsworth señaló desde los años dos mil que la empresa estadounidense apoyaba a grupos paramilitares en el Caribe colombiano.
Así mismo, dice el Tribunal, que el abogado junto a otros acusados “violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) a través de extorsión, soborno de testigos, manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración. El jurado también encontró que había evidencia clara y convincente de que Collingsworth sabía o imprudentemente ignoró que sus acusaciones contra Drummond eran falsas cuando las hizo”.
En las demandas presentadas, una por difamación y otra por extorsión y concierto para delinquir, el jurado le otorgó a Drummond una indemnización total de US $256 millones. Según el fallo, Collingsworth y su organización presentaron declaraciones falsas y difamatorias para dañar la reputación de Drummond y afectar sus negocios.
El jurado señaló en su reciente que el abogado sobornó y manipuló testigos con base en pagos “no revelados” que superaron los US $400.000 a Jaime Blanco Maya (contratista de la Drummond en los años noventa) y el exparamilitar Jairo de Jesús Charris (alias El Viejo Miguel), entre otros. “Los conspiradores aliados de Collingsworth, incluyendo al abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, también fueron hallados culpables bajo la Ley RICO”, señala un comunicado de Drummond.
El caso colombiano contra directivos de la Drummond
La Fiscalía General acusó a varios directivos y exdirectivos de la compañía, entre ellos, Augusto Jiménez y José Miguel Linares, presidente y expresidente de la carbonera, respectivamente. Según el ente investigador, los ejecutivos habrían participado en los hechos que rodearon los asesinatos de dos sindicalistas y de una supuesta financiación de paramilitares en los años 90 en Cesar. Esos señalamientos hechos por la Fiscalía han sido negados tajantemente por parte de la compañía y los directivos procesados.
En contexto: Los testigos contra los directivos de la Drummond
Para sustentar esa acusación, el ente investigador del CTI realizó un estudio pericial que indica que dineros de la multinacional sirvieron para financiar a hombres del exjefe paramilitar alias Jorge 40. Según la Fiscalía, esos dineros pasaron por la empresa ISA, de Jaime Blanco Maya,el antiguo contratista que, según la justicia estadounidense, fue manipulado por el abogado Collingsworth.
En 2014, la multinacional denunció por falso testimonio a Collingsworth, Blanco Maya y los exparamilitares que declararon en contra de los directivos de la multinacional, entre ellos, alias el Viejo, El Tigre y el Samario. Sin embargo, la Fiscalía nunca tomó una decisión de fondo al respecto.
Fuentes cercanas al proceso le contaron a este diario que harán llegar este fallo de la justicia estadounidense a los juzgados en donde avanzan los procesos contra los ejecutivos de la compañía. Además, entregarán esa misma información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde Blanco Maya y Charris han recibido beneficios judiciales por entregar información relacionada con la supuesta financiación de paramilitares en Colombia.
El proceso contra Augusto Jiménez y José Miguel Linares se encuentra a la espera de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie sobre una solicitud de nulidad del caso presentado por los abogados de la defensa y, por ahora, no es claro cuándo se reactivarán las audiencias.
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Por David Escobar Moreno
