Corte Interamericana pide explicaciones por masacre de Mapiripán (Meta)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, pidió explicaciones a Colombia por el incumplimiento de una sentencia emitida en 2005 por la masacre de campesinos en el pueblo de Mapiripán a manos de paramilitares, cuyo uno de sus ex jefes fue extraditado a EE.UU.

En una resolución de sentencia emitida el 8 de julio pasado y a la que la Agencia Efe tuvo acceso este miércoles, la Corte indica que el Estado colombiano identificó a Salvatore Mancuso como uno de los responsables por este caso y aún así fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

“Al menos uno de los ex jefes paramilitares procesados ha sido extraditado de Colombia hacia otro Estado de la región, aunque pesara en su contra una acusación por diversos cargos en relación con los graves hechos de este caso”, indicó el documento de la Corte, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agregó que “la Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos” y que “la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”.
 
Seguidamente, el tribunal indicó que “corresponde a Colombia aclarar los mecanismos, instrumentos y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona extraditada colabore con las investigaciones de los hechos del presente caso, así como, en su caso, para asegurar su debido enjuiciamiento”.
 
En el documento de supervisión de sentencia, los jueces solicitan al Estado colombiano que a más tardar el próximo 15 de octubre presente un informe que indique las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas que se encuentran pendientes de cumplimiento.

La Corte también destacó que la Fiscalía colombiana ha logrado la vinculación de 30 personas, 18 acusaciones y 13 condenas relacionadas con el caso en cuestión, así el cumplimiento de varias órdenes incluidas en la sentencia de 2005.

Sin embargo, señaló que aunque “se observa una mayor actividad fiscal y la vinculación de otras personas al proceso penal”, existe “falta de actuaciones concretas dirigidas a la identificación y vinculación de todos los responsables y autores intelectuales de la masacre, particularmente de servidores públicos y miembros de la fuerza pública”.

“La Corte estima que subsiste la impunidad en el presente caso, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos, en particular en cuanto a la determinación y eventual sanción de los responsables intelectuales y materiales”, señaló el tribunal.

La masacre de 49 campesinos en Mapiripán, departamento del Meta, 200 kilómetros al este de Bogotá, fue cometida a mediados de 1997 por el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En esa época, ACCU estaba al mando de Carlos Castaño, antiguo jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y cuyo lugar fue tomado luego por Mancuso, a quien también se le vincula con la masacre.

Mancuso está acusado de crímenes de lesa humanidad, entre otros, por haber ordenado las masacres de El Salado en 2000, con 58 personas asesinadas; la de La Gabarra en 1999, con 50 campesinos muertos; y las de Mapiripán y El Aro en 1997, con 49 y 15 víctimas mortales, respectivamente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, pidió explicaciones a Colombia por el incumplimiento de una sentencia emitida en 2005 por la masacre de campesinos en el pueblo de Mapiripán a manos de paramilitares, cuyo uno de sus ex jefes fue extraditado a EE.UU.

En una resolución de sentencia emitida el 8 de julio pasado y a la que la Agencia Efe tuvo acceso este miércoles, la Corte indica que el Estado colombiano identificó a Salvatore Mancuso como uno de los responsables por este caso y aún así fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

“Al menos uno de los ex jefes paramilitares procesados ha sido extraditado de Colombia hacia otro Estado de la región, aunque pesara en su contra una acusación por diversos cargos en relación con los graves hechos de este caso”, indicó el documento de la Corte, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agregó que “la Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos” y que “la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”.
 
Seguidamente, el tribunal indicó que “corresponde a Colombia aclarar los mecanismos, instrumentos y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona extraditada colabore con las investigaciones de los hechos del presente caso, así como, en su caso, para asegurar su debido enjuiciamiento”.
 
En el documento de supervisión de sentencia, los jueces solicitan al Estado colombiano que a más tardar el próximo 15 de octubre presente un informe que indique las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas que se encuentran pendientes de cumplimiento.

La Corte también destacó que la Fiscalía colombiana ha logrado la vinculación de 30 personas, 18 acusaciones y 13 condenas relacionadas con el caso en cuestión, así el cumplimiento de varias órdenes incluidas en la sentencia de 2005.

Sin embargo, señaló que aunque “se observa una mayor actividad fiscal y la vinculación de otras personas al proceso penal”, existe “falta de actuaciones concretas dirigidas a la identificación y vinculación de todos los responsables y autores intelectuales de la masacre, particularmente de servidores públicos y miembros de la fuerza pública”.

“La Corte estima que subsiste la impunidad en el presente caso, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos, en particular en cuanto a la determinación y eventual sanción de los responsables intelectuales y materiales”, señaló el tribunal.

La masacre de 49 campesinos en Mapiripán, departamento del Meta, 200 kilómetros al este de Bogotá, fue cometida a mediados de 1997 por el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En esa época, ACCU estaba al mando de Carlos Castaño, antiguo jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y cuyo lugar fue tomado luego por Mancuso, a quien también se le vincula con la masacre.

Mancuso está acusado de crímenes de lesa humanidad, entre otros, por haber ordenado las masacres de El Salado en 2000, con 58 personas asesinadas; la de La Gabarra en 1999, con 50 campesinos muertos; y las de Mapiripán y El Aro en 1997, con 49 y 15 víctimas mortales, respectivamente.