La Sala Plena de la Corte Constitucional negó el impedimento presentado por el magistrado Alejandro Linares Cantillo para participar en el debate de la demanda presentada por el fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett en contra de varios artículos del acto administrativo 02 de 2015, más conocido como la reforma al equilibrio de poderes.
El magistrado, quien funge como ponente en este caso, argumentó como impedimento que tenía “interés directo en la decisión” puesto que en el debate tiene que hacer referencia directa al tribunal especial que investigara a los aforados -como lo son los magistrados de las altas cortes- hecho por el cual podía se podría ver afectada su autonomía e imparcialidad.
En el escrito presentado ante los otros ocho magistrados Linares aseguró que la demanda presentada “tendrá efectos sobre la permanencia o eliminación del órgano y de las normas que regulan la autoridad que investiga y acusa a los magistrados de la Corte Constitucional, así como el procedimiento seguido para el efecto. acusación ante el Senado o la Cámara de Representantes”.
El Fiscal General demandó los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 y 26 de la reforma, los cuales hacen referencia a los nuevos órganos administrativos judiciales y disciplinarios que remplazarán al Consejo Superior de la Judicatura, así como la Comisión que investigará a los aforados constitucionales -entre los que se encuentra- que suplirá las funciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El jefe del ente investigador indicó que la Comisión de Aforados para juzgar a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General “desconoce el principio del Estado de Derecho” por parte del Congreso de la República “ya que no está establecido ningún tipo de control para la investigación y acusación que hace la Comisión de Aforados”.
En la demanda de 199 páginas, Montealegre indicó que el Congreso desbordó sus competencias constitucionales puesto que la denominada “sustitución de pilares” de la Constitución solamente puede hacerse “a través de una Asamblea Nacional Constituyente”. Reconoce que varios de los acuerdos finales nunca fueron discutidos.
Por Redacción Judicial
