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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no continuará investigando a 117 congresistas que habían sido denunciados por presuntos hechos de corrupción en lo que se denominó la “mermelada tóxica política”, durante el trámite de proyecto de ley estatutaria que reglamentaría lo relacionado con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado, entre 2013-2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
De acuerdo con la Sala, habían sido denunciados supuestos actos de corrupción de entrega de dádivas, burocracia, cupos indicativos y contratación a miembros del Congreso para tratar de convencerlos de aprobar la ley. Sin embargo, la Corte no encontró nada que indicara que se hubieran recibido ese tipo de dádivas ni beneficios. Además, indicó que las actividades desarrolladas por los funcionarios estuvieron amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, es decir, que un congresista no puede ser perseguido en razón a las opiniones expresadas durante el curso de su actividad parlamentaria ni por los votos que emita.
En contexto: Corte Suprema de Justicia abre indagación preliminar a todo el Congreso
En la misma decisión, la Sala Especial de Instrucción ratificó que no es la oficina competente para conocer el proceso contra los entonces congresistas Óscar Mauricio Lizcano, Luis Fernando Velasco Chávez y Armando Benedetti por este caso. Esto se debe a que en la actualidad los dos primeros son ministros y el último, exembajador, por lo cual la competencia es de la Fiscalía.
La denuncia data de 2013, veedurías y ciudadanos como Ricardo Cifuentes Salamanca y Eduardo Carmelo Padilla interpusieron la acción por presuntas irregularidades en el trámite. La indagación se abrió a orden del magistrado Eyder Patiño, quien pidió abrir una indagación preliminar a todos los miembros del Congreso, según la Corte, para corroborar y verificar la supuesta mermelada. De acuerdo con la queja, los congresistas, a cambio de puestos de trabajo para sus familiares, cupos indicativos, y la adjudicación estratégica de contratos, habrían aprobado proyectos de ley sin el debido estudio.
Los denunciantes, miembros de la ONG Corporación Foro Ciudadano, adjuntaron en su momento a la queja varios fragmentos de noticias periodísticas y agregaron que los proyectos que se aprobaron a cambio de la “mermelada” estaban relacionados con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc que en ese entonces se estaba negociando en La Habana.
Entre las pruebas que solicitó la Corte para documentar el caso, le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría información de posibles denuncias por este mismo tema. Además, el alto tribunal buscaba comprobar si en la Casa de Nariño hubo reuniones con miembros de las bancadas de los partidos políticos, y estudiaron la cuenta de Twitter del exvicepresidente Francisco Santos, pues, una de las pruebas que se adjuntó en la denuncia incluyó varios de sus trinos denunciando que congresistas estaban recibiendo sobornos a cambio de apoyar iniciativas del gobierno.
Según la Corte Suprema, no existen material probatorio suficiente para sustentar el proceso. Por lo tanto, archivó el expediente 117 congresistas de la época. Entre ellos se encuentran: Miguel Bernardo Elías Vidal, Juan Carlos Vélez Uribe, Juan Manuel Galán Pachón, Maritza Martínez Aristizábal, Olga Lucía Suárez Mira, Roy Barreas, Sandra Elena Villadiego, Álvaro Pacheco, David Barguil, Jorge Alfredo Gnecco Zuleta, Yolanda Duque, entre otros.
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