Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Luego de que el juez segundo penal especializado de Ibagué declarara inocente de los cargos al ex parlamentario tolimense, la Corte Suprema de Justicia decidió retomar el proceso, en atención a su nueva jurisprudencia que le permite tener competencia en los procesos en los que se sospeche conductas penales por parte de funcionarios públicos que habían renunciado al fuero parlamentario.
El 8 de septiembre pasado el juez había emitido sentencia absolutoria a favor de Gómez Angarita, por el cargo de concierto para delinquir en el que se pensaba habían incurrido, tras la supuesta alianza que mantenía con grupos paramilitares del centro y el occidente del país.
Esa decisión estaba respaldada por los alegatos conclusorios del fiscal y el procurador delegados del caso, quienes habían manifestado que no existían evidencias contundentes para condenar a dirigente por los cargos que tenía en su contra.
No obstante, la Fiscalía General de la Nación, a través de otro funcionario, había hecho uso del recurso extraordinario de la apelación antes de que la sentencia hubiera sido ejecutoriada, lo cual hizo que prosperarse la vigencia y la legitimidad de la solicitud.
El hecho de que el proceso hubiese entrado en esa etapa, posterior al juicio hizo que la Corte contara con las herramientas jurisprudenciales para volver a solicitar su conocimiento, haciendo de este e primer caso de absolución que será estudiado nuevamente por la corporación, en respuesta a la nueva jurisprudencia.
La defensa del ex legislador rechazó la postura del Alto Tribunal y declaró que no entiende cuales fueron los argumentos que utilizó para juzgar conocimiento nuevamente.
"Es bien curioso porque tras el debate de competencia se da cabida a examinar una petición de nulidad que fue propuesta a través de un recurso de apelación. La Procuraduría y la Fiscalía en su momento, durante el desarrollo del juicio habían solicitado la libertad de Gonzalo García por no existir conducta punible", puntualizó Luis Carlos Hoyo, abogado defensor del ex parlamentario.
Por El Espectador
