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En la tarde de este miércoles llegó a la Sala Civil de la Corte Suprema la impugnación presentada por el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado en contra del fallo de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso de Gustavo Petro.
Se espera que el reparto se haga entre este jueves y viernes. Desde ese momento el magistrado ponente tendrá que resolver el recurso para establecer si avala o no el fallo que ordenó la restitución de Petro Urrego como Alcalde Mayor de Bogotá. De avalarse la reposición se dejaría nuevamente en firme el fallo de la Procuraduría General que sancionó al mandatario distrital con destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos.
En la tarde de este miércoles llegó a la Sala Civil de la Corte Suprema la impugnación presentada por el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado en contra del fallo de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso de Gustavo Petro.
Se espera que el reparto se haga entre este jueves y viernes. Desde ese momento el magistrado ponente tendrá que resolver el recurso para establecer si avala o no el fallo que ordenó la restitución de Petro Urrego como Alcalde Mayor de Bogotá. De avalarse la reposición se dejaría nuevamente en firme el fallo de la Procuraduría General que sancionó al mandatario distrital con destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos.
En el recurso el órgano de control disciplinario argumentó que el Tribunal hizo incurrir en un error al Presidente de la República ya que restituyó a un alcalde que estaba inhabilitado, interpretando así de manera incorrecta el Pacto de San José de Costa Rica, se establecen las medidas cautelares no hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Para la Procuraduría el Presidente de la República restituyó en su cargo a un alcalde que tiene una inhabilidad para ejercer cargos públicos, argumentando que la sanción disciplinaria ya ha sido dejada en firme por diferentes organismos colombianos administradores de justicia.
En contra del fallo que restituyó a Petro también presentó impugnación la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior.
Los argumentos de la Procuraduría
“La Sala Civil de Restitución de Tierras interpreta de manera indebida e incorrecta el bloque de constitucionalidad. Es claro que las medidas cautelares no hacen parte del bloque de constitucionalidad; lo que hace parte del bloque de constitucionalidad es el Pacto de San José y las medidas cautelares están fundadas en el reglamento interno (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y, como consecuencia de ello, pretenden que el reglamento interno haga parte del bloque de constitucionalidad y no es así”.
“Desconoce de manera deliberada las reiteradas decisiones de los organismos de cierre: De la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura. Incluso, digo deliberada, porque funda su decisión en un salvamento de voto cuando las jurisprudencias de las altas cortes han definido la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria de los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular”.
“La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce derechos o ampara derechos del señor alcalde de Bogotá, no de sus electores. Por tal razón no tiene legitimidad el tutelante, el ciudadano, al cual se le protegen unos derechos que ya el Consejo de Estado había decidido”.
Por El Espectador
