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13 May 2022 - 6:55 p. m.

Corte solicitó testimonio del general Clíver Alcalá en expediente de Piedad Córdoba

La senadora electa tiene dos procesos vigentes en el alto tribunal. El primero de ellos es por supuestos vínculos con las Farc, y el segundo, es por nexos con el empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro. El oficial venezolano deberá entregar su versión en el primer expediente.
Corte citó al general Clíver Alcalá para testificar en caso de Piedad Córdoba
Corte citó al general Clíver Alcalá para testificar en caso de Piedad Córdoba
Foto: AFP - JUAN BARRETO

A través de una misiva de cuatro páginas, la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, solicitó al Gobierno estadounidense autorizar una diligencia para recoger la declaración del general retirado venezolano, Clíver Alcalá Cordones, hombre de confianza del expresidente Hugo Chávez. El oficial rendirá su testimonio en el proceso que se adelanta contra la senadora electa, Piedad Córdoba, por los presuntos vínculos con las Farc.

El testimonio del general, que se encuentra recluido en la cárcel Wetchester Country Departamento of Correction, aún no ha sido recogido por la magistrada Lombana, quien espera trasladarse hasta Estados Unidos para adelantar la diligencia. La declaración de Clíver Alcalá fue decretada a través de un auto del pasado 22 de marzo. Para la delegada del alto tribunal es importante tener el testimonio del oficial puesto que avanza con la investigación para esclarecer si la senadora electa tuvo nexos con las extintas Farc.

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En este caso, Lombana dijo que investiga a Córdoba por los supuestos vínculos con el Gobierno venezolano que, al parecer, le dejó recursos económicos a través de sus gestiones realizadas “ante la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) por los que recibía una comisión”. De acuerdo con lo que reposa en el documento, con el dinero obtenido no solo se habría enriquecido ilegalmente la senadora, sino también su familia.

“Para efectos de establecer la existencia de las conductas punibles investigadas y la eventual responsabilidad de la exsenadora Piedad Esneda Córdoba, es importante obtener la declaración de Clíver Antonio Alcalá Cordones, cuya práctica se solicita autorizar a fin de interrogarlo sobre el conocimiento que tenga de la conducta antes descrita, toda vez que, en su calidad de general retirado de Venezuela conoció de cerca la relación de la investigada con diferentes funcionarios de ese país”, dice el documento.

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A juicio de Lombana, el oficial retirado podría tener información relevante para el proceso que adelanta. Por su parte, la abogada Ximena Castilla, quien defiende los intereses de la senadora electa, presentó una recusación contra la magistrada asegurando que en la carta rogatoria para obtener la versión el oficial manifestó su opinión sobre el expediente.

“En este evento no está demostrado que Piedad Esneda Córdoba Ruíz haya recibido recursos del CAVIDI y los CLAP, por lo tanto, no puede inferir, es decir, sacar una consecuencia de algo que no está demostrado. Adicionalmente, no puede deducir, como lo ha hecho, que ella y su círculo familiar se enriquecieron y que realizó eventos en su beneficio y en el de la “organización criminal”, porque actúa sesgada y parcialmente, es decir que ha prejuzgado”, dijo la abogada.

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Por el momento, no se ha recolectado el testimonio del exmilitar venezolano cercano al expresidente Chávez que participó en la intentona golpista de febrero de 1992 y llegó a ser comandante de la región de defensa integral en Guayana. Pese a su gran carrera militar, cayó en desgracia con el gobierno Maduro y se radicó en Barranquilla, desde donde se convirtió en unos de sus detractores. Con Alcalá discutieron acceso a pistas de aterrizaje, libre paso por las fronteras, entrega de equipos y armas e instalación de campamentos.

La discusión llegó al punto que Alcalá, presuntamente, se alió con varias personas para derrocar a Maduro. El 23 de marzo de 2020, las autoridades colombianas incautaron, entre Barranquilla y Santa Marta, un arsenal de 26 fusiles AR15 que tenía como destino alias “Pantera” en Maicao (La Guajira). Esas armas, según el presidente de Venezuela, iban a ser usadas para atacar a su país y afectarlo a directamente.

El hecho motivó una investigación de cinco meses entre la inteligencia de la Policía Colombiana, contrainteligencia del Ejército, la Dijín, la Policía Fiscal y Aduanera, Migración Colombia y las agencias estadounidenses FBI y ICE, que terminó con las capturas de cuatro ciudadanos venezolanos en territorio colombiano.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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