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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al excongresista Eduardo Pulgar Daza por el presunto delito de corrupción al sufragante. Los hechos están relacionados con la campaña al Senado 2018-2022, en las cuales, supuestamente, Pulgar Daza compró votos en La Guajira. En la misma decisión contra el exsenador Pulgar, quien permanece privado de su libertad en la cárcel La Picota desde 2020, la Sala cerró la investigación por fraude procesal y violación de topes o límites de gastos de campaña, al no encontrar pruebas suficientes para acusarlo por estos dos delitos.
El expediente judicial contra el exsenador por supuesta compra de votos se encuentra dentro del proceso contra la también exrepresentante María Cristina Soto de Gómez por el mismo delito. El documento indica que durante la campaña de la congresista se reclutó a diferentes personas o líderes para que compraran votos en Maicao (La Guajira).
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Los dineros que presuntamente habrían repartido los políticos oscilaba entre $20.000 y $50.000 por persona a cambio de votos durante la campaña de marzo de 2018. Un asunto muy similar por el que es procesada su copartidaria Aida Merlano. Así mismo, habrían dispuesto un sistema de seguimiento en los puntos de votación para verificar los votos comprados.
El exsenador del Partido de la U también fue inhabilitado por la Procuraduría en 2022 para ejercer cargos públicos durante 12 años. En 2017, le ofreció “200 barras” a un juez de Usiacurí (Atlántico). En ese momento, el Ministerio Público lo encontró responsable por el cargo de cohecho (soborno), pues como él mismo lo confesó en la justicia penal, fue responsable por intentar torcer al juez Andrés Rodríguez Cáez, en 2017, para favorecer a su aliado político Luis Fernando Acosta Osío.
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A inicios de diciembre de 2020, Eduardo Pulgar fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Desde entonces quedó preso e intentó, a través de diferentes recursos, recuperar su libertad. Sin embargo, el 8 de febrero de 2021, la Sala de Primera Instancia confirmó su medida de aseguramiento por los cargos que luego decidió aceptar. Ese mismo año fue condenado a cuatro años de prisión por orden de la Corte Suprema.
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