25 Mar 2021 - 5:31 p. m.

Corte Suprema aprueba extradición de un supuesto miembro del Eln a Estados Unidos

Se trata de José Gabriel Álvarez Ortiz, denominado por las autoridades como alias Alex. Mientras una corte de ese país lo requiere por delitos de narcotráfico, sus familiares insisten que no hizo parte del grupo guerrillero.

La Sala Penal de la Corte Suprema autorizó la extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, quien es señalado de pertenecer a la guerrilla del Eln. Según las autoridades de EE.UU., el joven de 26 años de edad, es un operador logístico del grupo subversivo en el Magdalena y que está bajo las órdenes de alias Chencho. Puntualmente, la acusación asegura que Álvarez era el encargado de coordinar reuniones entre organizaciones delincuenciales trasnacionales para traficar cocaína.

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Aunque la Sala Penal autorizó ese trámite de extradición, solo dio luz verde por uno de los tres cargos que la justicia estadounidense le endilga, pues dos de ellos los habría cometido siendo menor de 18 años, quienes no son sujetos de este trámite. La Procuraduría también señaló que Álvarez tenía que ser extraditado ya que “la autoridad extranjera allegó la documentación pertinente; la persona aprehendida por cuenta del trámite fue plenamente identificada; las conductas punibles por las que es requerido se adecúan en nuestro país en los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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En su decisión, si bien la Corte avaló la extradición, lo hizo solo por uno de tres cargos puesto que los otros dos eran por conductas en las que habría incurrido como menor de edad y, ratificó el alto tribunal, la extradición no procede para menores de 18 años. Álvarez Ortiz es requerido desde el 12 de febrero del 2020 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. El indictment, es decir, la acusación, afirma que Álvarez era miembro del Frente de Guerra Noroeste en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

La Corte Suprema de Justicia determinó que no es posible autorizar la extradición de un ciudadano a otro país por los delitos que haya cometido siendo menor de edad. La Sala de Casación Penal estudió el caso de José Gabriel Álvarez, quien fue pedido en extradición por Estados Unidos, donde lo requieren para que responda por tres cargos. Sin embargo, el alto tribunal estableció que dos de las conductas delictivas fueron cometidas cuando Álvarez era menor de edad y, en esos términos, emitió un concepto desfavorable para su extradición, con respecto a esos dos cargos.

La alta Corte explicó que las normas internas de Colombia frente a la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes, así como los tratados y convenios internacionales a los que el país está adscrito, hacen que las sanciones previstas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) para los menores infractores le den prevalencia al “carácter correccional, educativo y pedagógico frente al carácter retributivo, sancionatorio y carcelario que implican los castigos propios del sistema para adultos”.

En ese sentido, el alto tribunal dejó claro que las sanciones diferenciales que se aplican contra niños, niñas y adolescentes, así como esta normatividad especial, son obligatorias en todos los casos en los que los delitos son cometidos por menores de edad, independientemente de que durante la investigación o el juzgamiento los infractores adquieran la mayoría de edad. Además, indicó que, aunque en países como Estados Unidos el sistema de juzgamiento de menores es distinto (permite que cuando son acusados de delitos graves sean juzgados como adultos), en Colombia no está permitido y la extradición no es procedente.

La defensa de Álvarez

Los abogados del señalado guerrillero le reprochó a la Sala que no decretara las pruebas que pidió en la fase procesal correspondiente ya que con ellas se demostraría la duda que existe en torno a los hechos por los que su cliente fue solicitado en extradición. “Señala que los parámetros que compete evaluar a la Corte para dictar el concepto desconocen las garantías del debido proceso y presunción de inocencia que le asisten a su defendido”, recoge el alto tribunal la postura de la defensa de Álvarez Ortiz.

Afirma, también, que todo se trata de un “circo” orquestado por las autoridades de los Estados Unidos, “para demostrar resultados con una supuesta lucha contra organizaciones criminales sin que exista dentro del trámite una evidencia que en verdad muestre alguna clase de responsabilidad en cabeza de Álvarez”. Además insiste “Como lo hizo en la etapa probatoria, que existen inconsistencias que demuestran la inocencia del reclamado, tomando fuerza la versión según la cual fue contratado, por la suma de $200.000, para trasladar a uno de los involucrados a la ciudad de Cúcuta, pero sin conocer los negocios ilícitos que se llevarían a cabo allí”.

Su padre habló con Caracol Radio y dijo que “mi hijo es un joven trabajador, de 26 años de edad, tiene un tallercito donde pinta motos y carros y no tiene nada que ver con lo que le acusan de guerrillero y narco (...) curiosamente los grandes guerrilleros están en la calle y los inocentes en la cárcel, no es justo que mi hijo este pagando por algo que no ha cometido (...) Esto ha sido muy duro yo estoy acabado y ni que decir la familia. Está detenido en La Picota, en el Pabellón de los narcotraficantes, allá todo es plata y eso es lo que no tenemos. Acá estamos haciendo arepas, de eso vivimos y lo poco que hacemos es para mandárselo para que pueda sobrevivir en medio de esta tragedia”.

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