Corte Suprema archiva actuación administrativa contra magistrada Cristina Lombana

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien ha sido objeto de varias polémicas al interior de esa corporación por haber sido elegida siendo mayor activa del Ejército Nacional, seguirá en su cargo. La Sala Plena de este alto tribunal, que la eligió como magistrada en noviembre de 2018, con decisión casi unánime, archivó la actuación administrativa que le inició el año pasado al estimar que no tenía competencia para revocar sus propios nombramientos.

Ese proceso administrativo buscaba determinar si la jurista tenía inhabilidad para integrar la Corte Suprema de Justicia y si su paso por la Justicia Penal Militar ponía en duda su imparcialidad como juez. No obstante, la Sala Plena no definió de fondo estos cuestionamientos, sino que encontró que no tenía la competencia para revisar sus propias elecciones y que lo que procedería, en cambio, sería una demanda de nulidad de la elección ante el Consejo de Estado, lo cual tiene un plazo que ya se venció.

“Declarar la improcedencia de la revocatoria de los actos de nombramiento y confirmación de la doctora Cristina Lombana Veláquez como magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, de 17 y 27 de septiembre de 2018, respectivamente”, dijo la Sala Plena en fallo conocido por El Espectador. Este proceso había sido impulsado por el magistrado Gerardo Botero de la Sala Laboral, quien salvó el voto este jueves.

(En contexto: Pros y contras de la elección de la magistrada militar Cristina Lombana)

La magistrada Lombana anunció su retiro del Ejército Nacional en junio de 2019, en medio de críticas de la opinión pública y abogados que adelantan procesos en la Sala de Instrucción del alto tribunal de la que hace parte. Sus compañeros de esa sala incluso le han quitado hasta el momento el conocimiento de varios procesos, alegando que su doble condición en ese entonces de militar y magistrada reñía “con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política”.

Así lo dijo la Sala al separar a Lombana del proceso que adelanta en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno, relacionado con una supuesta manipulación de testigos. Ese caso pasó entonces al magistrado César Reyes, al igual que el expediente en el que se indaga de forma preliminar al exmandatario por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como por supuesta conformación de grupos paramilitares. Recientemente, también se le retiró la indagación en la cuál Lombana ordenó un allanamiento a una sede del Ejército en la que se encontraron lo que hoy se conoce como “las carpetas secretas”.

(En contexto: Corte Suprema aceptó el impedimento de la magistrada Lombana por “carpetas secretas”)

En julio de 2019, El Espectador publicó la defensa de la magistrada Lombana en la que afirmó que la Sala Plena había quebrantado la ley con la apertura de la actuación administrativa. Además, aseguró que nunca ocultó información sobre su hoja de vida cuando aplicó a una convocatoria que organizó el Consejo Superior de la Judicatura y allí presentó todos sus papeles, incluyendo el que la certificaba como mayor del Ejército y como juez penal militar.

Según su defensa, este hecho fue conocido tanto por los magistrados de la Judicatura, como los de la Corte Suprema. Los primeros la incluyeron en las listas de candidatos, y los segundos la eligieron como nueva integrante de sus despachos. Es más, dice el documento, nunca le ocultó a nadie su trayectoria en el Ejército y, sin ningún reproche, no solo fue elegida, sino posesionada en el cargo días después sin que nadie se lo reprochara al respecto.

(Lea también: Corte Suprema le quitó otros dos procesos contra Uribe a la magistrada Lombana)

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien ha sido objeto de varias polémicas al interior de esa corporación por haber sido elegida siendo mayor activa del Ejército Nacional, seguirá en su cargo. La Sala Plena de este alto tribunal, que la eligió como magistrada en noviembre de 2018, con decisión casi unánime, archivó la actuación administrativa que le inició el año pasado al estimar que no tenía competencia para revocar sus propios nombramientos.

Ese proceso administrativo buscaba determinar si la jurista tenía inhabilidad para integrar la Corte Suprema de Justicia y si su paso por la Justicia Penal Militar ponía en duda su imparcialidad como juez. No obstante, la Sala Plena no definió de fondo estos cuestionamientos, sino que encontró que no tenía la competencia para revisar sus propias elecciones y que lo que procedería, en cambio, sería una demanda de nulidad de la elección ante el Consejo de Estado, lo cual tiene un plazo que ya se venció.

“Declarar la improcedencia de la revocatoria de los actos de nombramiento y confirmación de la doctora Cristina Lombana Veláquez como magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, de 17 y 27 de septiembre de 2018, respectivamente”, dijo la Sala Plena en fallo conocido por El Espectador. Este proceso había sido impulsado por el magistrado Gerardo Botero de la Sala Laboral, quien salvó el voto este jueves.

(En contexto: Pros y contras de la elección de la magistrada militar Cristina Lombana)

La magistrada Lombana anunció su retiro del Ejército Nacional en junio de 2019, en medio de críticas de la opinión pública y abogados que adelantan procesos en la Sala de Instrucción del alto tribunal de la que hace parte. Sus compañeros de esa sala incluso le han quitado hasta el momento el conocimiento de varios procesos, alegando que su doble condición en ese entonces de militar y magistrada reñía “con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política”.

Así lo dijo la Sala al separar a Lombana del proceso que adelanta en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno, relacionado con una supuesta manipulación de testigos. Ese caso pasó entonces al magistrado César Reyes, al igual que el expediente en el que se indaga de forma preliminar al exmandatario por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como por supuesta conformación de grupos paramilitares. Recientemente, también se le retiró la indagación en la cuál Lombana ordenó un allanamiento a una sede del Ejército en la que se encontraron lo que hoy se conoce como “las carpetas secretas”.

(En contexto: Corte Suprema aceptó el impedimento de la magistrada Lombana por “carpetas secretas”)

En julio de 2019, El Espectador publicó la defensa de la magistrada Lombana en la que afirmó que la Sala Plena había quebrantado la ley con la apertura de la actuación administrativa. Además, aseguró que nunca ocultó información sobre su hoja de vida cuando aplicó a una convocatoria que organizó el Consejo Superior de la Judicatura y allí presentó todos sus papeles, incluyendo el que la certificaba como mayor del Ejército y como juez penal militar.

Según su defensa, este hecho fue conocido tanto por los magistrados de la Judicatura, como los de la Corte Suprema. Los primeros la incluyeron en las listas de candidatos, y los segundos la eligieron como nueva integrante de sus despachos. Es más, dice el documento, nunca le ocultó a nadie su trayectoria en el Ejército y, sin ningún reproche, no solo fue elegida, sino posesionada en el cargo días después sin que nadie se lo reprochara al respecto.

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