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Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, acaba de salir bien librado de una investigación que se adelantaba en su contra en la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal investigaba los supuestos favorecimientos que habría tenido Fajardo con algunas concesiones cuando era la máxima autoridad del departamento.
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El caso lo tenía la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que decidió precluir la investigación penal por el presunto delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. La Corte no encontró pruebas suficientes que demostraran que el político hubiera incurrido en alguna ilegalidad.
El caso tenía origen en la firma de un contrato de concesión minera de julio de 2012. El objeto de ese acuerdo era legalizar la explotación de un yacimiento de arenas y gravas en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia). El contrato fue firmado por el entonces gobernador Fajardo con Manuel Antonio Mesa López, quien era cónyuge de una secretaria del político.
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En un principio se consideró que esa cercanía podía ser una posible causal de inhabilidad, no obstante, dice la Corte, a petición de la Fiscalía, se cerró el caso, porque “no existió evidencia de trato preferencial, intervención indebida del concesionario en el proceso, ni elementos que permitieran advertir una actuación dolosa por parte del exmandatario departamental”.
Durante el proceso, la defensa de Fajardo explicó que no era posible darle al gobernador de un departamento la responsabilidad de todas las funciones que le son asignadas a distintos empleados del ente territorial. Al contrario, que para un correcto funcionamiento de la administración pública, es necesario que el representante gubernamental confíe en sus subalternos y funcionarios.
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“Dentro de la estructura funcional de la Gobernación de Antioquia, la revisión del contrato de concesión minera para la firma del gobernador debía ser realizada por distintos funcionarios, estamentos y comités, con base en el cumplimiento de todos los requisitos legales, incluyendo la constatación de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.”, explicó la defensa de Fajardo.
De otro lado, la Corte Suprema encontró que, para la fecha en que Sergio Fajardo asumió funciones como gobernador (2012), el proceso de explotación minera ya llevaba cerca de nueve años en trámite. Por tanto, la alta corte consideró que el concesionario Mesa López no intervino de manera intempestiva en el trámite de concesión, con el propósito de obtener un beneficio indebido derivado de una eventual posición de privilegio dentro de la administración departamental dirigida por Fajardo.
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