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El exsenador del Partido de la U, Efraín Torrado García, acaba de ser condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por su participación en el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación en Bogotá. El alto tribunal lo encontró culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, por lo cual deberá pagar más de ocho años de prisión.
De acuerdo con la decisión de la Sala, que tuvo como ponente al magistrado Ariel Augusto Rojas, quedó probado que el político incurrió en irregularidades en contratos de alimentos ante la Secretaría de Integración Social de Bogotá, entre 2008 y 2011, cuando Samuel Moreno era alcalde de la capital. En concreto, se revisaron 21 acuerdos entregados al Grupo Torrado -conformado por varias firmas relacionadas con el excongresista- para el suministro de la canasta alimentaria en distintas localidades de Bogotá.
De acuerdo con la decisión de 110 páginas que tuvo como ponente al magisrado Ariel Augusto Rojas, “con independencia de que el aforado fuéra o no socio o integrara su junta directiva, lo cierto es que mostró interés indebido a favor de las empresas contratistas, que recibieron beneficio económico con la asignación de los contratos”. En el proceso, según se lee en el documento final, también quedó en evidencia “la amistad y el pacto criminal de Néstor Iván Moreno Rojas (hermano del fallecido exalcalde de Bogotá) con los hermanos Efraín y Edgard Torrado García, lo cual facilitó el direccionamiento de contratos.
Según encontró el alto tribunal, Torrado García, con el fin de lograr la adjudicación de contratos en el primer semestre de 2009, acordó con el ingeniero Héctor Julio Gómez González, contratista del Distrito y patrocinador político-económico de Mercedes Del Carmen Ríos Hernández, secretaria de la Secretaría de Integración Social del Distrito (SDIS). El excongresista, según la decisión, hizo el pago de una comisión equivalente al 6% del valor de los contratos que fueran asignados al grupo empresarial, suma que pagó al ingeniero Gómez González a medida que se fueran suscribiendo.
“Dada su formación profesional como abogado, su experiencia en cargos directivos de entidades privadas y su condición de congresista, lo cual exige de excelsas cualidades de transparencia para su ejercicio pues en su cabeza estaba la misión de contribuir con el logro del interés general; sin duda tenía plena conciencia de la antijuridicidad de su conducta, como conocimiento de temas políticos y jurídicos, por lo que estaba en capacidad de comprender la ilicitud y de determinarse de acuerdo con ella”, se lee en la sentencia.
Al excongresista del Partido de la U también se le condenó a pagar una indemnización de perjuicios por COP 28.146 millones a favor del Distrito de Bogotá. Asimismo, se le negó la posibilidad de suspender condicionalmente o sustituir su pena por prisión domiciliaria.
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