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Corte Suprema condenó a 19 años de prisión a exgobernador del Meta por contratos irregulares

Se trata de Juan Manuel González, quien manejó las riendas del departamento entre 2006 y 2007. En esos años hubo irregularidades que sumaron más de COP 87.000 millones.

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05 de marzo de 2026 - 09:37 p. m.
La entidad habilitó tres canales para denunciar.
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Foto: Pixabay
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El exgobernador del Meta, Juan Manuel González, fue condenado a 19 años de prisión por orden de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal lo encontró responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. En su administración se perdieron más de COP 87.000 millones por irregularidades en contratos.

En la sentencia, el alto tribunal también lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período, una multa de COP 21.600 millones y el pago de COP 1.430 millones COMO indemnización al departamento del Meta.

De acuerdo con lo determinado por la Sala, durante su mandato, entre 2006 y 2007, el tesorero y el secretario administrativo financiero del departamento suscribieron 38 contratos de “oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición”. Con esos documentos, el departamento dio recursos públicos en patrimonios de empresas privadas, administrados por fiduciarias como Fiduagraria, Fidupetrol, Fiduvalle, Fidubogotá y Alianza.

En total, encontró la Corte, las inversiones fueron por COP 182.000 millones. Cuando se vencieron los plazos y los dineros se tenían que devolver, solo se reintegraron 94.280 aproximadamente, dejando un vacío de más de 87.700 millones.

Al revisar el proceso, el alto tribunal evidenció que los contratos eran directos y no se cumplió con las normas que exigían que los dineros fueran a inversiones de menor riesgo, como títulos de deuda pública o depósitos en entidades financieras calificadas. Por eso, fue que, según la Sala, desconocieron los principios de economía, transparencia y responsabilidad.

Por esa razón, el alto tribunal concluyó que González Torres no cumplió con su deber de vigilar el gasto del departamento, lo que llevó a que contratistas privados se llevaran los recursos públicos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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