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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, por su responsabilidad en un entramado de corrupción que desvió más de $24.000 millones de recursos públicos destinados a mejorar la infraestructura educativa del departamento.
En un fallo de primera instancia, la Corte lo halló culpable como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en la modalidad de delito continuado, es decir que, siendo Pérez funcionario público, incumplió los reglamentos para realizar los contratos de 53 colegios. El exgobernador enfrenta una pena de 22 años en prisión, una inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo; y una multa de 45.341,56 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La decisión de la Corte pone fin a un proceso que comenzó en 2016 y que tuvo como eje el contrato 770 de 2009, suscrito durante la administración de Pérez Bernier con la Unión Temporal del Norte (UTN), representada por Carmenza Ávila Chassaigne. El contrato, cuyo valor inicial era de $90.000 millones, tenía como objeto la ejecución del Plan de Infraestructura Educativa del departamento, incluyendo estudios técnicos, diseños, construcción de nuevos colegios, ampliaciones y mejoras en 53 instituciones educativas.
No obstante, el contrato fue modificado y adicionado en ocho ocasiones —siete de ellas por el propio Pérez Bernier—, elevando su costo final a $134.963 millones, sin que las obras hayan sido terminadas ni liquidadas hasta la fecha.
El proceso contractual, según lo expuesto por la Fiscalía durante el juicio, estuvo marcado desde su origen por graves deficiencias y actuaciones irregulares. Se tramitó como contrato de obra pública, aunque incluía un componente sustancial de consultoría; se elaboraron pliegos de condiciones sin sustento técnico ni jurídico y se evidenció un direccionamiento claro en la selección del contratista, contrariando los principios de transparencia, selección objetiva y economía que rigen la contratación pública.
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La Fiscalía demostró que no se realizaron estudios previos adecuados sobre presupuestos, costos, cronogramas ni impacto social del proyecto. “La licitación se caracterizó por la improvisación, capricho y arbitrariedad” afirmó la Corte Suprema, y agregó que durante la evaluación de las propuestas se registraron múltiples irregularidades, incluyendo la validación de una experiencia técnica del contratista que no correspondía a la realidad, deficiencias en el manejo ambiental, y la falta de cláusulas contractuales básicas como la de indemnidad o supervisión.
El caso de los megacolegios
La Fiscalía presentó este proceso como el caso de los megacolegios, en alusión al ambicioso plan de infraestructura educativa prometido por Pérez Bernier en su plan de gobierno (2008–2011). La ejecución, sin embargo, resultó en obras inconclusas, fallas estructurales, sobrecostos y una grave desviación de recursos. Las obras incluían la construcción de cuatro nuevos colegios y la adecuación o remodelación de 49 más, pero el proyecto fue incumplido en casi todos sus aspectos.
Peritajes de expertos del CTI en áreas como ingeniería, arquitectura y contaduría permitieron a la Fiscalía identificar al menos 24 irregularidades sustanciales que comprometieron la legalidad del proceso y facilitaron el desvío de recursos públicos. Entre las principales modalidades detectadas para el desfalco se encuentran: reducción en las cantidades de obra, sobrecostos en los precios de ejecución, inflación en la compra de terrenos y operaciones comerciales ficticias, utilizadas para sustraer recursos por más de $24.154 millones.
Además, durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas de que Pérez Bernier mantenía contacto directo con miembros de la UTN, incluyendo comunicaciones telefónicas que reflejaban una cercanía indebida con uno de sus directores principales.
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Durante el juicio, desarrollada entre 2017 y 2024, la defensa del exgobernador insistió en que no existía responsabilidad penal y que las decisiones del mandatario se habían enmarcado en la búsqueda de soluciones estructurales para la crisis educativa del departamento. Sin embargo, la Sala consideró que Jorge Eduardo Pérez actuó con conocimiento y voluntad para beneficiar de manera indebida a terceros, en detrimento del patrimonio público y de los derechos fundamentales a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes guajiros.
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