Este martes 17 de marzo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena por el delito de espionaje en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). El alto tribunal revisó el caso de un hombre contratado para implementar herramientas de ciberseguridad que reveló en páginas web información de seguridad nacional.
El caso es el de Luis Alberto Luengas Calle, un ingeniero que en ese entonces trabajaba para la empresa Ona Systems S.A.S., la cual estaba subcontratada para implementar herramientas de ciberseguridad en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) entre 2018 y 2019. Para cumplir con su trabajo tuvo acceso a información reservada de la FAC como nombres de equipos, usuarios y direcciones IP de radares y del Centro de Mando y Control de la institución.
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Lenguas Calle recopiló todos esos datos en un archivo de Excel denominado “Estaciones de trabajo FAC”. Dicho archivo fue publicado en las plataformas SCRIBD y EDOC en octubre de 2018. Una vez montado en las páginas web, el archivo fue visualizado 108 veces y descargado en 14 ocasiones por personas indeterminadas. Por los hechos, en primera instancia, un juzgado lo absolvió en agosto de 2014, pues para ese despacho no se había demostrado que fue el ingeniero quien publicó el archivo.
Sin embargo, en segunda instancia, en marzo del año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia y lo encontró responsable. Con las dos decisiones opuestas, el caso llegó hasta la Corte, la cual evidenció que, en efecto, el ingeniero es responsable del delito de espionaje.
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En la decisión, que tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra, se tuvo en cuenta la naturaleza de la información revelada por Lenguas Calle. La Sala Penal de la Corte determinó que los datos revelados, como las direcciones IP, usuarios de altos mandos y ubicación de radares, son “secreto militar”. La información revelada formaba parte de la infraestructura crítica de la FAC y haberlos divulgado facilitaba ataques cibernéticos que comprometían la seguridad del Estado.
Por otra parte, se tuvo en cuenta que para que se configurara el delito de espionaje no era necesario que la información se entregara a “enemigo”, sino que se materializa por “el simple hecho de poner en riesgo la seguridad del Estado a partir de la obtención, empleo o revelación de un secreto político, económico o militar”.
Asimismo, para el alto tribunal quedó demostrado que fue Luengas Calle quien realizó la publicación en las plataformas de internet, pues el documento fue subido desde el usuario “Alberto Calle”, que incluía su fotografía. Además, el rastro informático vinculó la acción directamente con su computador portátil de trabajo. Sumado a eso, el propio ingeniero admitió haber creado el archivo y ser usuario de esas plataformas.
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Dentro de las consideraciones que tuvo la Corte en el caso está que el entonces contratista tenía una cláusula de confidencialidad en su contrato y contaba con amplia experiencia en ciberseguridad, por lo que sabía de sobremanera que la información era sensible y que su publicación estaba prohibida. También, que de acuerdo con la propia FAC, la información filtrada por el ingeniero fue vulnerado el correo de oficiales encargados de la coordinación operacional, confirmando así el riesgo real al que se expuso al Estado.
Asimismo, de acuerdo con los testigos, “la información divulgada está directamente relacionada con la seguridad nacional, porque a partir de ella es posible elaborar un diagrama de red que permita determinar dónde se encuentran localizados los sistemas de la FAC, brindando así un panorama amplio a cualquier hacker que pretenda vulnerar los sistemas de la Fuerza, comprometiéndose así la defensa del Estado”.
Por eso, el alto tribunal confirmó la condena de seis años de prisión en contra del ingeniero por el delito de espionaje y llamó la atención sobre la sensibilidad de la información y el riesgo real en el que la publicación de esos datos puso a la seguridad del Estado.
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