Este jueves, el magistrado Fernando Castro Caballero manifestó formalmente su impedimento para participar en la decisión dentro del estudio del recurso de casación presentado por la defensa del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas dentro de la operación de recuperación del Palacio de Justicia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá ahora que definir si acepta o no los argumentos expresados por el magistrado Castro Caballero, quien manifestó que cuando ejerció como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá fue un ponente de un proceso relacionado con los guerrilleros del M-19 por la toma del Palacio registrada el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El pasado 11 de noviembre el magistrado Luis Guillermo Salazar Otero radicó ante la Sala Penal registro de proyecto de fallo dentro de este proceso penal. Este documento será estudiado y debatido en las próximas sesiones por parte del alto tribunal para determinar si deja en firme la condena, o si por el contrario la modifica.
El oficial en retiro, quien se encuentra privado de su libertad en el Cantón Norte desde hace seis años y 10 meses, fue sentenciado basándose en una serie de testimonios que lo vinculaban de haber ordenado la práctica de torturas a un grupo de rehenes, que fueron liberados por el Ejército Nacional, y traslados a la Casa Museo del Florero donde funcionaba el centro de inteligencia del B-2.
Según la investigación de la Fiscalía General el entonces comandante de la Escuela de Caballería conoció el traslado de estas personas al Cantón, señaladas de haber hecho parte del plan de toma del Palacio ejecutado por un comando del grupo guerrillero. En repetidas oportunidades Plazas Vega ha declarado su inocencia frente a estos hechos.
Se espera que en los próximos días se defina este impedimento para darle vía libre al estudio del complejo caso.
Por Redacción Judicial
