Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, conocido como “El Tuerto” y exintegrante del M-19, por su participación en una red ilegal que buscó interferir en decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Dichas intervenciones erán con el trámite de extradición del exguerrillero de las Farc Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, muerto en un operativo militar en mayo de 2021. El alto tribunal confirmó la pena de cuatro años y seis meses de prisión contra Gil Castillo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
La decisión ratifica que el exsenador hizo parte de una estructura que, entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se organizó con otras personas para interferir en el funcionamiento de la justicia transicional. Según la Corte, el excongresista actuó como intermediario en una operación dirigida a incidir en decisiones de la JEP, particularmente en los procesos que rodeaban la situación jurídica de “Santrich”, quien había sido solicitado en extradición por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Lea: Capturan a fiscal de JEP que, al parecer, recibió dinero para incidir en caso “Santrich”
La sentencia señala que el exsenador “gestionó el uso indebido de la función pública que ostentaba el fiscal Bermeo Casas ante la JEP”, con el propósito de torpedear procesos en curso y obtener beneficios indebidos. El pedido formal de extradición de “Santrich”, realizado por Estados Unidos en junio de 2018, se dio luego de ser señalado de continuar actividades de narcotráfico tras la firma del Acuerdo de Paz. Aunque Santrich había sido designado congresista en el marco del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, su situación jurídica quedó en entredicho tras las investigaciones internacionales que lo vincularon con un supuesto envío de 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
En ese escenario, la JEP asumió inicialmente el estudio del caso, aunque posteriormente surgieron controversias sobre su competencia. La Fiscalía sostuvo que existía una red de intermediación para incidir en las decisiones de la jurisdicción, en la que Gil Castillo habría jugado un papel clave como articulador político y gestor de contactos.
Gil Castillo fue capturado en flagrancia el 1 de marzo de 2019 en un hotel del norte de Bogotá, donde, según la Fiscalía, se reunió con el exfiscal Bermeo y un tercero para negociar la suspensión del trámite de extradición de “Santrich”. En paralelo, en otro punto de la ciudad, dos personas habrían recogido una maleta con USD 460.000, que correspondía al pago para a la operación ilegal. En julio de 2021, El exsenador Luis Alberto Gil, fue condenado por este caso por el Juzgado 9 Penal Especializado de Bogotá.
En contexto: Caso Bermeo: exsenador Luis Alberto Gil condenado a cuatro años de prisión
“El sentenciado, mediante preacuerdo, había aceptado los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho -soborno- propio y tráfico de influencias. Ese reconocimiento fue avalado por la juez de conocimiento, quien lo declaró responsable de las citadas conductas delictivas, en calidad de cómplice”, agregó la Fiscalía en su momento.
El exsenador Luis Alberto Gil ya había sido condenado en el pasado por parapolítica, en una sentencia de 2012 en la que la Corte Suprema lo halló responsable de vínculos con el Bloque Central Bolívar de las AUC, con el cual habría pactado apoyo electoral en Santander entre 2001 y 2003. Con esta nueva decisión, el excongresista acumula dos condenas por delitos relacionados con estructuras ilegales y corrupción.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
