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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la exclusión del excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ de los beneficios de la ley de Justicia y Paz. El alto tribunal ratificó la decisión emitida el pasado 22 de junio por el Tribunal Superior de Barranquilla.
Al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del extraditado excomandante paramilitar, la Corte determinó que incumplió el compromiso adquirido para esclarecer la verdad sobre las acciones adelantadas por los hombres que tenía a su mando en el norte del país. Igualmente faltó al deber de contribuir a la reparación de las víctimas.
El alto tribunal definió que además ‘Jorge 40’ negó su participación en acciones ilegales relacionadas con el reclutamiento de menores de edad, violencia de género y secuestro. El excomandante paramilitar, según la Fiscalía, fue renuente para atender los llamados de las autoridades en diferentes procesos judiciales.
En su argumentación ante el Tribunal Superior la Fiscalía 58 Delegada ante la Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional aseguró que ‘Jorge 40’ faltó a 14 citaciones de versión libre. “Incluso varias veces ha sido llamado a la audiencia de exclusión de beneficios con la que excusa que podía ser auto incriminado en los procesos que se siguen en los Estados Unidos en su contra”.
Para el ente investigador estos incumplimientos no tienen justificación, puesto que esta situación no se ha presentado en otros procesos contra excomandantes paramilitares que han sido extraditados y tienen procesos en Estados Unidos. “Ha incumplido con los compromisos que ha adquirido por lo que se solicitará su exclusión”.
‘Jorge 40’ fue citado a estas diligencias para aclarar temas relacionados con la denominada parapolítica, ejecuciones extrajudiciales, participación en varias masacres del Bloque Norte de las AUC, la desaparición de siete investigadores del CTI, entre otros hechos.
Sin embargo debido a esta renuencia para asistir a las citaciones la Fiscalía General que sea procesado y condenado en la justicia ordinaria. Hasta la fecha, el exjefe paramilitar ha aceptado su responsabilidad en 99 de 20.855 casos por los que ha sido acusado por el ente investigador por actos en contra de la población civil cometidos por los hombres que tenía a su mando.
“La ley de Justicia y Paz contempla una obligación que las personas que se han acogido en este modelo de justicia transicional y estas condiciones entregar información sobre la verdad de los hechos”, precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena frente a la inasistencia del postulado a las audiencias en las que se buscaba conocer las fuentes del financiamiento, las víctimas y las obligaciones de los procesados.
El abogado de ‘Jorge 40’ y los representantes de las víctimas presentaron recurso de apelación en contra de esta decisión. La misma tendrá que ser resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que deberá determinar si existen o no motivos para excluir al excomandante paramilitar de los beneficios de la ley de Justicia y Paz.
El excomandante paramilitar se desmovilizó en marzo de 2006 en La Mesa (Cesar) durante el proceso de paz en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es señalado de ordenar masacres y secuestros extorsivos en varios departamentos en el norte de Colombia. Desde 2008 se encuentra en una cárcel de Estados Unidos.
Por Redacción Judicial
