Corte Suprema dejó en firme condena contra militar por masacre de Jamundí
El teniente en retiro fue sentenciado a 29 años de prisión por el delito de homicidio.
Redacción Judicial
Al inadmitir el recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 29 años de prisión emitida contra el teniente (r) Harrison Eladio Castro Aponte por su responsabilidad en los hechos que rodearon la masacre de Jamundí, en hechos registrados el 22 de mayo de 2006.
El alto tribunal no aceptó los argumentos presentados por la defensa del uniformado que consideró que las pruebas con las cuales se había vinculado a su cliente en el proceso habían sido conseguidas de manera ilegal, violando la cadena de custodia. Igualmente se les vulneró el debido proceso ya que no se practicaron las pruebas solicitadas.
La Corte Suprema determinó que en el recurso extraordinario no se precisaron cuáles pruebas fueron solicitadas ni se argumentó de debida forma los derechos que le fueron vulnerados por parte de las autoridades encargadas de adelantar la investigación y llevar a juicio al oficial en retiro. “La demanda no satisface en lo más mínimo la exigencia”.
Según la investigación, el teniente hizo parte de “la trilogía criminal” que conformaron los coroneles Byron Carvajal y Harrison Eladio Castro, así como el sargento Luis Eduardo Mahecha. Para la Fiscalía General el procesado tuvo conocimiento y participación en el ataque por parte de miembros del Pelotón Lince del Batallón de Alta Montaña No. 3 del Ejército Nacional en contra de un comando de la Dijín de la Policía Nacional y el Gripo investigativo de hidrocarburos.
Al inadmitir el recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 29 años de prisión emitida contra el teniente (r) Harrison Eladio Castro Aponte por su responsabilidad en los hechos que rodearon la masacre de Jamundí, en hechos registrados el 22 de mayo de 2006.
El alto tribunal no aceptó los argumentos presentados por la defensa del uniformado que consideró que las pruebas con las cuales se había vinculado a su cliente en el proceso habían sido conseguidas de manera ilegal, violando la cadena de custodia. Igualmente se les vulneró el debido proceso ya que no se practicaron las pruebas solicitadas.
La Corte Suprema determinó que en el recurso extraordinario no se precisaron cuáles pruebas fueron solicitadas ni se argumentó de debida forma los derechos que le fueron vulnerados por parte de las autoridades encargadas de adelantar la investigación y llevar a juicio al oficial en retiro. “La demanda no satisface en lo más mínimo la exigencia”.
Según la investigación, el teniente hizo parte de “la trilogía criminal” que conformaron los coroneles Byron Carvajal y Harrison Eladio Castro, así como el sargento Luis Eduardo Mahecha. Para la Fiscalía General el procesado tuvo conocimiento y participación en el ataque por parte de miembros del Pelotón Lince del Batallón de Alta Montaña No. 3 del Ejército Nacional en contra de un comando de la Dijín de la Policía Nacional y el Gripo investigativo de hidrocarburos.