Luego de modificar su jurisprudencia y recuperar la facultad de investigar a aquellos congresistas que renunciaran a su curul, la Corte Suprema de Justicia ha dedicado estas últimas semanas a acumular en sus pasillos los archivos que le llegan de la Fiscalía relacionados con el escándalo de la parapolítica. Sin embargo, no todos serán recibidos. Así lo dejó claro el alto tribunal al rechazar los procesos de los ex congresistas Jairo Alberto Llano Gómez y Luis Fernando Almario.
El primero, ex representante a la Cámara por Caldas, es investigado por presuntos nexos con las Auc. De acuerdo con su expediente, Llano habría tenido “vínculos con miembros del frente Cacique Pipintá con presencia en la zona de Villa María (Caldas)” entre 2001 y 2003, cuando era alcalde de ese municipio. Por ello, la Corte abrió investigación preliminar en su contra y el 11 de mayo de este año fue detenido.
A Llano lo comprometen, en particular, las declaraciones que ha entregado a la justicia una ex comandante del mencionado frente. Alias Diana aseguró que, mientras Llano fungió como mandatario local de Villa María, hubo un apoyo explícito de éste hacia las autodefensas. Tanto así, que le habría regalado un arma de fuego a otro integrante del grupo ilegal, Luis Fernando Marín, alias Franco. No obstante, el ex parlamentario ha negado con vehemencia cualquier relación con los paramilitares.
Llano llegó al Congreso en marzo de 2008 a reemplazar a Enrique Emilio Ángel Barco, quien obtuvo una de las dos curules de Caldas el Partido Liberal pero fue condenado a 43 meses de prisión por nexos con las autodefensas. Después de las renuncias de Ángel y Llano accedió a esa curul Juan Pablo Sánchez, a pesar de que su votación fue una de las más pobres de 2006: 792 sufragios. A él, la Corte ya le abrió preliminar también por supuestas relaciones con los ‘paras’.
Sobre Almario, ex representante a la Cámara por Caquetá, la justicia indaga su posible responsabilidad en el asesinato de Inés Cote de Turbay, su hijo Diego —para la fecha presidente de la Comisión de Paz de la Cámara— y de sus escoltas, ocurrido el 29 de diciembre de 2000 en una vía hacia Puerto Rico (Caquetá). Almario llegó al Congreso en 2006 con 18.686 votos a su favor por el Partido Movimiento Popular. En 2002, con el movimiento Coalición, consiguió 11.397 sufragios.
En diciembre de 2007, la Corte Suprema escuchó el testimonio de un hombre llamado Lucas Medina Triviño, bajo arresto por narcotráfico, quien dijo que Almario instigó a las Farc para cometer el crimen contra los Cote argumentando que ellos habían llevado el paramilitarismo a la zona. Sin embargo, el 4 de mayo pasado un juez especializado de Bogotá devolvió el proceso a la fase de instrucción, con lo que Almario obtuvo la libertad. El ex parlamentario, además, fue acusado en el Proceso 8.000 de haber recibido dinero del Cartel de Cali, pero fue absuelto.
En sus providencias, los magistrados de la Sala Penal de la Corte estimaron que no podían reasumir estos casos porque los crímenes de los cuales son acusados los ex parlamentarios no están relacionados con sus actividades como tales. No obstante, en el documento de Jairo Llano, el magistrado Javier Zapata aprovechó para dejar nuevamente constancia de su desacuerdo con el cambio de jurisprudencia de la Corte y expresó que la justicia debe transmitir a los ciudadanos “seguridad anticipada sobre las reglas básicas que han de regir los procesos penales en su contra”.
Por El Espectador
