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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de iniciar una investigación formal contra 20 congresistas del Pacto Histórico por, supuestamente, haber cometido los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Los hechos a los que les seguía la pista el alto tribunal se dieron en medio de la campaña al Congreso en 2022, tiempo en el que, al parecer, se habría creado un “reporte de un gasto de transporte aéreo inexistente para la campaña”. La Sala encontró que no había razón real ni pistas que indicaran que los legisladores tuvieron conocimiento de los hechos, pero sí se encontró que esas presuntas ilegalidades tendrían relación directa con otra campaña: la de Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.
De acuerdo con la decisión de 237 páginas del alto tribunal conocida por este diario, en las pesquisas que adelantaba la Corte Suprema, se encontró que en una reunión llevada a cabo el 21 de diciembre de 2021, los líderes de los partidos que conformaron la coalición del Pacto Histórico “designaron como gerente general de la campaña al Senado a Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez”. En ese entonces, el actual ministro de Salud se encargaba de la gestión contractual y financiera de la campaña y tenía que presentar informes de ingresos y gastos ante el aplicativo Cuentas Claras administrado por el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al revisar los documentos, la Corte encontró que para esa época, Jaramillo reportó “un gasto global de servicio de transporte y correo por $ 1.374.173.705. De dicho rubro, $ 1.215.646.740 correspondieron al servicio de transporte aéreo contratado con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. Esta cifra fue cobrada a la campaña el 13 de abril de 2022, en la factura SA-4834, en la que se discrimina el valor facturado, así: setenta y dos unidades (horas de vuelo) y dos actividades conexas de pernoctada y FOB1″. Asimismo, se vio que las cuentas fueron divididas “proporcionalmente dentro de los veinte primeros candidatos de la lista al Senado”.
En medio de la investigación de las presuntas irregularidades en la campaña del Pacto Histórico al Senado, se determinó que la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. contribuyó a esa colectividad en las elecciones legislativas y presidenciales con servicios de transporte, más no con dinero. Para el alto tribunal, se descartó que hubiera ingreso ilegal de recursos por parte de esa empresa. “En tal sentido, la Sala concuerda con los planteamientos de las defensas de los senadores Pizarro Rodríguez, Cepeda Castro y Flórez Porras, en el sentido de que la modalidad de participación de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. en la campaña al Senado, a través de una relación contractual para la prestación de un servicio, no resulta compatible con una hipótesis de consecución o ingreso de recursos con origen delictivo a la campaña”, se lee en el documento.
Sin embargo, al revisar a fondo los documentos y registros de vuelos, se encontró que en varios casos que en esos viajes no viajaban los candidatos al Senado, sino el entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego. Mientas que avanzaba la campaña al Congreso, en paralelo marchaba también la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato único, en la que se median Gustavo Petro y Francia Márquez.
Para la época de esos hechos, el gerente de a campaña de Petro era el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, mientras que el del Pacto Histórico era Guillermo Alfonso Jaramillo. El meollo del asunto es que varios de los soportes de los vuelos aparecen como servicios a Gustavo Petro, más no de los candidatos al Senado por la colectividad. Sin embargo, lo que se le reportó al CNE era que esos gastos de aviones eran de los aspirantes al Congreso y no del candidato presidencial.
“Como quedó expuesto, en esta actuación se cuenta con hallazgos probatorios consistentes que apuntan a que los servicios incluidos en esa facturación corresponden a parte de un servicio global previamente facturado, y suministrado, a la campaña de Gustavo Petro Urrego a la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato único a la Presidencia", se lee en el documento.
Según conoció este diario, como el alto tribunal no puede investigar a Roa, Jaramillo, ni a Petro, la Sala de Instrucción contempla la posibilidad de compulsar copias de sus averiguaciones a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Que los documentos entregados al CNE sobre las campañas estuvieran aparentemente alterados, se dice en el alto tribunal, daría paso a una investigación por presunta falsedad en documentos y fraude.
Los congresistas que ya no estarán bajo la lupa de la Sala de Instrucción son:
- Gustavo Bolívar Moreno.
- María José Pizarro Rodríguez.
- Alexander López Maya.
- Aida Yolanda Avella Esquivel.
- Roy Leonardo Barreras Montealegre.
- Martha Isabel Peralta Epieyú.
- Iván Cepeda Castro.
- Piedad Esneda Córdoba Ruiz (fallecida).
- Pedro Hernando Flórez Porras.
- Isabel Cristina Zuleta López.
- Alex Xavier Flórez Hernández.
- Clara Eugenia López Obregón.
- Robert Daza Guevara.
- Yuly Esmeralda Hernández Silva.
- Wilson Neber Arias Castillo.
- Gloria Inés Flórez Schneider.
- César Augusto Pachón Achury.
- Sandra Yaneth Jaimes Cruz.
- Paulino Riascos Riascos.
- Jahel Quiroga Carrillo.
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