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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le hizo un llamado al Gobierno a respetar la protesta pacífica, en un documento conocido por este diario. Lo hizo al estudiar varios recursos que pedían declarar que el presidente Iván Duque y el Ministerio de Defensa están en desacato de una tutela de 2020 que les ordenó pedir disculpas por la violencia sistemática con la que la Policía enfrenta las manifestaciones. La Corte remitió los desacatos al Tribunal de Bogotá, pero aprovechó para llamar la atención del Ejecutivo y pedir pruebas adicionales sobre el cumplimiento del fallo.
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“La exigencia pacífica del ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta conlleva entre las muchas, una obligación de doble vía, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatización y la intimidación, porque ninguna de tales circunstancias, contribuyen al proceso democrático y constitucional de hacer un país incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana. Por ello, es del caso, instar a todas las autoridades accionadas y a la ciudadanía a acatar con diligencia y plena observancia, los mandatos contenidos en la sentencia STC-7641-2020”, se lee en la decisión.
La sentencia, de septiembre de 2020, declaraba, por ejemplo, que el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía, “no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas”. Además, reprochaba la falta de neutralidad del Gobierno, los allanamientos estigmatizantes a los hogares de personas que se estaban manifestando. Y ordenaba cosas concretas, como regular el uso de la fuerza de los uniformados y que el ministro de Defensa pidiera perdón por los excesos.
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Aunque fue un fallo celebrado por manifestantes y organizaciones sociales, muchos de los demandantes consideran que el Gobierno no ha cumplido con lo ordenado. Por ello, acudieron a la Corte, una vez más, para que declarara que las instituciones demandadas estaban en desacato. La Sala Civil respondió: “resulta inviable impulsar las solicitudes, pues la competencia para lograr el cumplimiento de un mandato tutelar y, el eventual, desacato, corresponden al juez constitucional de primer grado; para este caso, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá”. Así que allí remitió las peticiones.
ATENCIÓN | Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que declare el desacato de la sentencia que protegió el derecho a la protesta.https://t.co/WUFMTC0JJ6
— Dejusticia (@Dejusticia) May 7, 2021
Las pruebas ordenadas por la Corte
No obstante, la Corte aprovechó para pedir pruebas concretas en el trámite de desacato, que serán anexadas al expediente que ya estudia el Tribunal de Bogotá. Por ejemplo, a Presidencia y al Ministerio de Defensa les ordenó entregar una descripción del procedimiento y la metodología seguida para esclarecer los episodios de uso excesivo de la fuerza; que entregue evidencias de que se reunió con los entes de control, organizaciones de derechos humanos y víctimas para discutir la reestructuración de la respuesta policial a las protestas, que era uno de los puntos clave del fallo de 2020.
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Además, la Corte le ordena al Gobierno informar cuáles fueron los criterios para invitar a las víctimas y asociaciones que hicieron parte de esas reuniones, en caso de que hayan ocurrido; también le pide informar qué proceso siguió para escuchar a las víctimas de abuso policial en las manifestaciones de 2019, 2020 y 2021; así como mostrar resultados de los compromisos que adquirió con estas personas y asociaciones. Y, por último, indicar si se llegó a consensos con alcaldes y gobernadores para cumplir las órdenes de la sentencia.
A la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo también les dirigieron órdenes. En concreto, informar cómo tramitaron las solicitudes de víctimas relativas a los protocolos de detención en manifestaciones y capturas. Asimismo, les piden: “En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos”.
Y al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le pidieron información sobre seis puntos clave de las protestas, desde 2019 hasta este año. La Corte quiere conocer la situación actual de las personas afectadas por la violencia policial en las protestas, cómo ha atendido esa entidad las denuncias por abusos de las autoridades en manifestaciones, qué particularidades tienen esas personas, por ejemplo, si son indígenas, afros, campesinos; a qué problemáticas se debería priorizar y qué factores han limitado el derecho a la protesta, así como recomendaciones para aplicar correctivos.
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Ya el Tribunal de Bogotá estudia otro incidente de desacato dentro del mismo expediente. Así, las pruebas que ordenó la Corte en esta decisión irán a engrosar las evidencias para que los magistrados determinen si el Gobierno ha cumplido, o no, con las órdenes que hace más de ocho meses le impartió uno de los más altos tribunales del país. O si, por el contrario, es necesario declarar en desacato a los más altos funcionarios del Ejecutivo.