25 Feb 2020 - 12:10 a. m.

Corte Suprema le da luz verde al preacuerdo de la exfiscal Hilda Niño

La Corte Suprema avaló el preacuerdo con la Fiscalía en el que la funcionaria, que recibió coimas de “El Mellizo” se compromete a una reparación monetaria y simbólica. Estará recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá.

Redacción Judicial

Hilda Jeaneth Niño hizo toda su carrera en la Fiscalía, escalando hasta llegar a fiscal delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz. Allí estuvo desde 2013 hasta que en 2017 se conoció que recibió sobornos del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, postulado a los beneficios de ese sistema de justicia transicional. Aunque el lío judicial de la exfuncionaria iba para tres años, ella decidió aceptar cargos desde mediados del año pasado y este lunes la Corte Suprema le dio el visto bueno final a su negociación con la Fiscalía. Con este trámite se oficializa: Niño pagará 64 meses de prisión en la Escuela de Carabineros de la Policía y deberá reintegrarle al Estado los $245 millones que recibió del exnarco.

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La Fiscalía inicialmente la había llamado a juicio por los delitos de cohecho propio (quedarse con dinero producto de un soborno), tráfico de influencias, fraude procesal y peculado por apropiación (apropiarse de recursos del Estado), pues a la exfuncionaria le querían pasar cuenta hasta por los viáticos que, según el ente investigador, malgastó en comisiones a las que era enviada. Sin embargo, ella aceptó únicamente el delito de cohecho. Por ese fue condenada y pagará condena.

En el preacuerdo, avalado por la Corte, Niño acepta que le entregó información privilegiada a Orlando Villa Zapata, antiguo segundo al mando del bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, hombre que recibía órdenes directas del Mellizo. Todos los trámites, ha señalado la Fiscalía eran para evitar la extradición del narcotraficante a Estados Unidos. Es decir, la exfiscal niño recibió el dinero “a cambio de realizar acto contrario a sus deberes oficiales, como fue imputarle ante un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, incluso, actos constitutivos de narcotráfico”, dijo el ente investigador en el escrito de acusación.

Sin embargo, el proceso de la extradición del Mellizo llegó a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó los planteamientos de Niño, pues se evidenciaba que el origen de hombre era el de un narco puro, condición que lo excluía de cualquier beneficio de la justicia transicional planteada en 2005 para los paramilitares. Al final, Mejía Múnera fue extraditado en marzo de 2009. Pero, según la Fiscalía, Niño incluso buscó beneficiar a Villa Zapata, quien tiene un proceso pendiente por narcotráfico y concierto para delinquir en Santa Marta, delitos cometidos después de la desmovilización. De ser expulsado de esta jurisdicción, perdería la pena alternativa de ocho años de prisión y tendría que responder por delitos que podrían significarle mucho más tiempo en la cárcel.

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En palabras de la Corte, “se acusó a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán como coautora del delito de cohecho propio por haber recibido dineros, ofreciendo a cambio realizar acto contrario a sus deberes oficiales, concretamente imputar a Miguel Ángel Mejía Múnera y Orlando Villa Zapata como destinatarios de los beneficios de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), a pesar de su condición de narcotraficantes ‘puro’”. En concreto, pruebas testimoniales y hasta chats con el abogado de lo extraditables, Juan Carlos Restrepo, demuestran el actuar contrario a la ley de la exfuncionaria, quien hasta le reclamaba resultados. “Vale resaltar cómo en los chats aportados por la Fiscalía, el abogado de Villa Zapata le hace saber a la acusada que no han sido limosnas los dineros que le ha suministrado a nombre de su cliente”, dice la Corte.

En resumen, como ella misma aceptó, la exfiscal Niño “se comprometió a adelantar labores como Fiscal de Justicia y Paz, para lograr la inclusión de los dos traficantes de estupefacientes y los consecuentes beneficios que ello acarrearía”, recoge la Corte. Por estos hechos, y para lograr una pena menor, la exfuncionaria aceptó cargos, se comprometió a colaborar con la justicia y, además, reparará al Estado de manera simbólica, con un perdón que pidió hoy en audiencia y unos talleres de sensibilización que coordinará con la Fiscalía. Asimismo, reintegrará al Estado $245 millones de pesos, representados en propiedades que ya están en procesos de extinción de dominio y dinero en efectivo que ha venido consignando diligentemente.

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