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La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara Wilmer Carrillo (partido de la U) por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La investigación se relaciona con supuestas gestiones que Carrillo habría realizado ante el entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, para lograr el nombramiento de la directora del hospital regional de Ábrego en ese departamento. Según el expediente, tras la designación de la funcionaria, Carrillo habría direccionado contratos de suministro de gasolina e insumos médicos, entre otros, y recibido comisiones por esas actuaciones.
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El expediente da cuenta de presuntas irregularidades en la contratación pública durante 2016 y 2017, particularmente en negocios jurídicos del hospital regional. La Corte Suprema investiga si el congresista, a través de la gerente del centro asistencial, habría exigido a contratistas el pago de un porcentaje del valor de los contratos como condición para su asignación.
La decisión de la Sala Especial de Instrucción concluyó que existen elementos suficientes para que el congresista enfrente un juicio ante el alto tribunal. Asimismo, aclaró que el llamado a juicio puede ser apelado por las partes. Una vez se resuelvan los recursos y si la decisión queda en firme, el caso del congresista Wilmer Carrillo pasará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.
El representante Carrillo nació en Arboledas, (Norte de Santander). Es arquitecto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y en distintas oportunidades se desempeñó como gobernador encargado del departamento. Llegó al Congreso en 2014 y desde entonces ha sido considerado uno de los dirigentes políticos con mayor influencia en esa región.
No es la primera vez que enfrenta procesos judiciales. En diciembre de 2022, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo acusó por presuntas irregularidades en un millonario contrato que suscribió en 2010, cuando ocupaba el cargo de secretario de Infraestructura de Norte de Santander. Según el alto tribunal, el proceso contractual se adelantó con “clara improvisación” y las obras recibidas fueron “totalmente diferentes” a las pactadas inicialmente.
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El contrato en cuestión tenía como objeto el mejoramiento y mantenimiento de la vía entre los municipios de Salazar y Arboledas. Para ese momento, el gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, le delegó el proyecto a Carrillo.
El negocio se pactó por COP 2.650 millones y contó con financiación del Instituto Nacional de Vías (Invías), lo que llevó a la intervención de la Contraloría. El organismo detectó múltiples irregularidades que dieron origen a la investigación. Entre los hallazgos se estableció que a la licitación se presentó un único proponente y que, pese a solicitudes de otras empresas para ampliar el plazo de presentación de ofertas, el contrato fue adjudicado a esa sola firma.
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