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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ajustó parcialmente las penas contra varios policías condenados por manipular la escena donde fue asesinado el joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo, el 19 de agosto de 2011, en el occidente de Bogotá. El alto tribunal concluyó que el Tribunal Superior de Bogotá había aplicado doblemente una agravante, lo que elevó de forma indebida las condenas.
Los condenados son el teniente coronel (r) Nelson Jesús Arévalo Rodríguez; el subintendente Fleyber Leandro Zarabanda Payán; el sargento Juan Carlos Leal Barrero y el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas; quienes habían sido sentenciados por favorecimiento al homicidio y porte ilegal de armas. Tres de ellos acudieron a los recursos extraordinarios de casación e impugnación especial.
Tras revisar los fallos, la Corte redosificó las penas así: Zarabanda Payán pasará de 246 a 228 meses de prisión; Leal Barrero, de 246 a 240 meses; y Alarcón Vargas, de 246 a 228 meses. A todos se les mantuvo la sanción de un año de privación del derecho a portar armas.
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La Sala negó otras solicitudes de las defensas, como trasladar el caso a la Justicia Penal Militar o declarar la nulidad del proceso. El alto tribunal sostuvo que “los hechos que les fueron imputados, esto es, la obtención de un arma de fuego y su implantación en la escena donde cayó abatido el adolescente Diego Felipe Becerra Lizarazo para encubrir el homicidio (...) ninguna relación tienen con las funciones que constitucional y legalmente les corresponden” a la Fuerza Pública.
El fallo también ratifica que los uniformados actuaron coordinadamente para implantar un arma junto al cuerpo del joven, con el fin de simular un enfrentamiento y ocultar la responsabilidad penal del patrullero Alarcón. El caso, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó con una solución amistosa entre el Estado y la familia Becerra Lizarazo, que incluyó un acto público de perdón realizado en agosto de 2023.
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El caso de Diego Becerra
Diego Felipe Becerra, de 16 años, fue asesinado la noche del 19 de agosto de 2011, cuando el patrullero Wílmer Alarcón le disparó por la espalda en la calle 116A con 71A, en el norte de Bogotá. Horas antes, el joven había recorrido la Avenida Boyacá con tres amigos, donde alcanzaron a pintar 18 grafitis.
Según el expediente, en la escena apareció un arma de fuego, y días después, se filtró a los medios una llamada al 123 en la que un ciudadano denunciaba el presunto atraco a una buseta en la misma zona. Poco después, el conductor del vehículo afirmó ante periodistas que los responsables del robo habrían sido Diego Felipe y sus amigos, versión que sustentó el relato inicial de las autoridades para justificar que el patrullero Alarcón actuó en defensa propia.
Sin embargo, esa hipótesis se empezó a desmoronar cuando la entonces fiscal general, Viviane Morales, confirmó que la prueba de absorción atómica de Medicina Legal estableció que el joven no había manipulado un arma el día de su muerte.
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La controversia aumentó con las denuncias de la abogada de la familia, Miriam Pachón, quien sostuvo que en el caso se manipularon pruebas y se alteró la escena del crimen. En particular, señaló al entonces comandante de la Policía Metropolitana, el general Francisco Patiño, de presuntamente influir en el conductor de la buseta para que declarara en contra de Becerra.
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