Corte Suprema no remite a la JEP proceso contra el hijo de la "Gata"

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó trasladar a la Jurisdicción Especial para la Paz el expediente que lleva en contra del excongresista Héctor Julio Alfonso López, hijo de la empresaria del chance Enilce López, mejor conocida como la Gata, condenada por sus nexos con las Autodefensas. Para el alto tribunal, los hechos por los cuáles es procesado Alfonso López no tienen que ver con el conflicto, ya que habría hecho parte, de una estructura ilegal conformada después de la desmovilización de las Autodefensas.

(En contexto: El grupo ilegal que habrían liderado la “Gata” y Salvatore Mancuso)

Tal y como reveló El Espectador el pasado 4 de octubre, en la acusación contra Alfonso López se concluye que su elección como congresista fue solo una de las actividades que realizó un nuevo grupo ilegal que habría sido creado entre la Gata y el jefe paramilitar Salvatore Mancuso tras la desmovilización de los bloques Héroes de los Montes de María y Central Bolívar en el 2005. "La estructura ilegal de la que hacía parte Héctor Julio Alfonso era una organización de delincuencia común que no tiene relación directa o indirecta con el conflicto armado que dio lugar al proceso de paz y que culminó con el Acuerdo de Paz".

Para negar la remisión del expediente a la JEP, la Sala Penal insistió en que esa organización ilegal "se caracterizó no por combatir a la guerrilla, no por enfrentar al Estado, no por doblegar a las Farc, sino porque se organizaron para enriquecer sus patrimonios, para legalizar los dineros habidos ilícitamente, para darle muerte a los testigos que tenían la osadía de delatarlos, para sobornar a quiénes tenían conocimiento de sus conductas y declaraban en procesos judiciales, y todas esas acciones querían convertirlas en objeto de impunidad llevando al Congreso al procesado", dice el documento.

(Le puede interesar: Hijo de “La Gata” habría recibido apoyo de Salvatore Mancuso: Corte Suprema)

En la acusación contra Alfonso López, la Corte Suprema agrega que la Gata y Mancuso lideraban “un grupo armado ilegal” y que este, a sabiendas de ello, hizo parte de las actividades ilegales durante el período en que fue congresista; es decir, entre el 20 de julio de 2006 y el 17 de octubre de 2007, cuando renunció. Uno de los hechos relevantes para la Corte es una carta que le envió Héctor Julio Alfonso al entonces secretario de seguridad de Presidencia, coronel Flavio Buitrago, quejándose por las labores investigativas que integrantes de la Policía estaban haciendo a su familia.

La carta, fechada el 22 de mayo de 2007, afirma, entre otros: “¿Por qué hay personal de la DIJIN solicitando información en la Cámara de Comercio sobre los bienes de mi señora madre y de mi hermano?”. Para la Sala Penal esto evidencia que Alfonso López se aprovechó de su investidura para promover investigaciones disciplinarias por las pesquisas que la Policía hizo, entre 2005 y 2006, “contra la organización criminal de la que hacía parte la familia Alfonso López”. Además, añade la Corte, Héctor Julio Alfonso asistía a las asambleas de Uniapuestas como miembro de la Junta Directiva entre 2004 y el 2005, empresa a la que habrían entrado dineros de Mancuso y de la que habrían salido recursos para su campaña en 2006.

(Le puede interesar: El excongresista Héctor Julio Alfonso López, hijo de "La Gata" se entregó a las autoridades)

En su decisión, el alto tribunal concluye que el poder económico de las empresas Unicat, Uniapuestas, Aposmar, Aposucre y Seguridad 911 “estuvo al servicio de la estructura ilegal y de la causa política” para elegir a Alfonso López y de otros políticos hasta el 2010. Establece que el grupo de la Gata y Mancuso también sería el responsable de actos de intimidación contra los testigos Leonardo y Deivis Rojas Zabala, de un atentado en contra de este último en 2012 y de la muerte de Guillermo Rojas en 2008 por delatarlos ante la DEA.

Para la Corte, no solo está probada “la existencia de una organización delincuencial que se concertó con Héctor Julio Alfonso López para lograr un escaño en la Cámara de Representantes, sino que esta utilizó las empresas antes reseñadas para los propósitos criminales”. Alfonso López se entregó el pasado 22 de febrero y permanece detenido desde entonces a la espera de que comience el juicio en su contra. En su defensa, alegó ante la Corte que es “totalmente falso” que haya recibido dinero de Mancuso y que no existían relaciones de este con su madre. “No, relación con mi madre esa persona, no”, dijo.

(Le puede interesar:Las cinco facetas de Salvatore Mancuso)

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó trasladar a la Jurisdicción Especial para la Paz el expediente que lleva en contra del excongresista Héctor Julio Alfonso López, hijo de la empresaria del chance Enilce López, mejor conocida como la Gata, condenada por sus nexos con las Autodefensas. Para el alto tribunal, los hechos por los cuáles es procesado Alfonso López no tienen que ver con el conflicto, ya que habría hecho parte, de una estructura ilegal conformada después de la desmovilización de las Autodefensas.

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Tal y como reveló El Espectador el pasado 4 de octubre, en la acusación contra Alfonso López se concluye que su elección como congresista fue solo una de las actividades que realizó un nuevo grupo ilegal que habría sido creado entre la Gata y el jefe paramilitar Salvatore Mancuso tras la desmovilización de los bloques Héroes de los Montes de María y Central Bolívar en el 2005. "La estructura ilegal de la que hacía parte Héctor Julio Alfonso era una organización de delincuencia común que no tiene relación directa o indirecta con el conflicto armado que dio lugar al proceso de paz y que culminó con el Acuerdo de Paz".

Para negar la remisión del expediente a la JEP, la Sala Penal insistió en que esa organización ilegal "se caracterizó no por combatir a la guerrilla, no por enfrentar al Estado, no por doblegar a las Farc, sino porque se organizaron para enriquecer sus patrimonios, para legalizar los dineros habidos ilícitamente, para darle muerte a los testigos que tenían la osadía de delatarlos, para sobornar a quiénes tenían conocimiento de sus conductas y declaraban en procesos judiciales, y todas esas acciones querían convertirlas en objeto de impunidad llevando al Congreso al procesado", dice el documento.

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En la acusación contra Alfonso López, la Corte Suprema agrega que la Gata y Mancuso lideraban “un grupo armado ilegal” y que este, a sabiendas de ello, hizo parte de las actividades ilegales durante el período en que fue congresista; es decir, entre el 20 de julio de 2006 y el 17 de octubre de 2007, cuando renunció. Uno de los hechos relevantes para la Corte es una carta que le envió Héctor Julio Alfonso al entonces secretario de seguridad de Presidencia, coronel Flavio Buitrago, quejándose por las labores investigativas que integrantes de la Policía estaban haciendo a su familia.

La carta, fechada el 22 de mayo de 2007, afirma, entre otros: “¿Por qué hay personal de la DIJIN solicitando información en la Cámara de Comercio sobre los bienes de mi señora madre y de mi hermano?”. Para la Sala Penal esto evidencia que Alfonso López se aprovechó de su investidura para promover investigaciones disciplinarias por las pesquisas que la Policía hizo, entre 2005 y 2006, “contra la organización criminal de la que hacía parte la familia Alfonso López”. Además, añade la Corte, Héctor Julio Alfonso asistía a las asambleas de Uniapuestas como miembro de la Junta Directiva entre 2004 y el 2005, empresa a la que habrían entrado dineros de Mancuso y de la que habrían salido recursos para su campaña en 2006.

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En su decisión, el alto tribunal concluye que el poder económico de las empresas Unicat, Uniapuestas, Aposmar, Aposucre y Seguridad 911 “estuvo al servicio de la estructura ilegal y de la causa política” para elegir a Alfonso López y de otros políticos hasta el 2010. Establece que el grupo de la Gata y Mancuso también sería el responsable de actos de intimidación contra los testigos Leonardo y Deivis Rojas Zabala, de un atentado en contra de este último en 2012 y de la muerte de Guillermo Rojas en 2008 por delatarlos ante la DEA.

Para la Corte, no solo está probada “la existencia de una organización delincuencial que se concertó con Héctor Julio Alfonso López para lograr un escaño en la Cámara de Representantes, sino que esta utilizó las empresas antes reseñadas para los propósitos criminales”. Alfonso López se entregó el pasado 22 de febrero y permanece detenido desde entonces a la espera de que comience el juicio en su contra. En su defensa, alegó ante la Corte que es “totalmente falso” que haya recibido dinero de Mancuso y que no existían relaciones de este con su madre. “No, relación con mi madre esa persona, no”, dijo.

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