La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente Gustavo Petro Urrego por la supuesta violación de topes durante su campaña a la Presidencia de la República en 2022. La petición del alto tribunal nace de un proceso en el que le seguía la pista a los gastos de vuelos de candidatos al Congreso por el Pacto Histórico en esos comicios. Lo que encontró el alto tribunal es que el entonces candidato Petro habría usado los aviones, pero desde la gerencia de su campaña y de la del Pacto Histórico, habrían hecho pasar esos gastos como si fueran de los aspirantes al Legislativo.
En la compulsa de copias conocida por este diario se lee que “en consideración a la existencia de presuntas irregularidades en el reporte de ingresos y gastos o la posible violación de los límites de gastos de campaña del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego a la consulta interna para definir candidato único a la Presidencia por la coalición Pacto Histórico, en el proceso electoral que tuvo lugar el 13 de marzo de 2022, se compulsará copias de la decisión del 18 de septiembre de 2025 ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que inicie las investigaciones del caso, en consideración al fuero integral de mandatario”.
La compulsa de copias salió del despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción. El togado inicialmente adelantaba averiguaciones relacionadas con supuestas irregularidades en los gastos de 20 candidatos del Pacto Histórico al Congreso en las elecciones legislativas de 2022, específicamente, las que tenían que ver con vuelos y transportes de los políticos en las campañas. Sin embargo, al revisar a fondo la documentación y otras pruebas, el alto tribunal encontró que no había indicios de irregularidades por parte de los entonces candidatos a Cámara y Senado, pero sí por parte del entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego.
Según encontró la Sala de Instrucción, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud y entonces gerente de la campaña del Pacto Histórico al Congreso; y Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y otrora gerente de la campaña presidencial “Petro Presidente”, habrían presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) reportes falsos sobre los gastos de los vuelos de los candidatos al Congreso y a la Presidencia. Según la Corte Suprema, gastos del entonces candidato Gustavo Petro, se habrían presentado como gastos compartidos de los 20 aspirantes al Congreso en esa época.
De acuerdo con lo determinado por el alto tribunal, durante la campaña presidencial de 2022, Petro Urrego realizó 27 viajes en avión con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), pero no todos fueron reportados como suyos. Las pesquisas de la Corte Suprema arrojaron que esos desplazamientos del candidato a la Presidencia de la República fueron reportados al CNE como si hubieran sido de candidatos al Congreso. El alto tribunal evidenció que más de la mitad de los vuelos que fueron registrados como gastos de los candidatos al Legislativo, realmente habrían sido ocupados por Petro y sus cercanos, y que las planillas de vuelos y demás documentos al respecto habrían sido alterados.
Según encontró la Corte Suprema, Jaramillo, como gerente de la campaña del Pacto Histórico, habría presentado una factura de COP 1.215 millones, dinero dividido entre los 20 aspirantes a Cámara y Senado, por lo cual cada uno habría gastado COP 60 millones en tiquetes aéreos. Pero al no ser dineros realmente usados por los candidatos sino por Petro, se habrían enviado papeles falsos al CNE.
En la decisión con la que se cerró la investigación contra los 20 aspirantes al Congreso y se encontró que, al parecer, las irregularidades estarían en torno a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el alto tribunal detalló que Jaramillo reportó “un gasto global de servicio de transporte y correo por COP 1.374.173.705. De dicho rubro, COP 1.215.646.740 correspondieron al servicio de transporte aéreo contratado con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. Esta cifra fue cobrada a la campaña el 13 de abril de 2022, en la factura SA-4834, en la que se discrimina el valor facturado, así: setenta y dos unidades (horas de vuelo) y dos actividades conexas de pernoctada y FOB1″. Asimismo, se vio que las cuentas fueron divididas “proporcionalmente dentro de los veinte primeros candidatos de la lista al Senado”.
Al avanzar con las pesquisas, la Sala de Instrucción determinó que la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. contribuyó a esa colectividad en las elecciones legislativas y presidenciales con servicios de transporte, más no con dinero. El alto tribunal descartó que hubiera ingreso ilegal de recursos por parte de esa empresa. “En tal sentido, la Sala concuerda con los planteamientos de las defensas de los senadores Pizarro Rodríguez, Cepeda Castro y Flórez Porras, en el sentido de que la modalidad de participación de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. en la campaña al Senado, a través de una relación contractual para la prestación de un servicio, no resulta compatible con una hipótesis de consecución o ingreso de recursos con origen delictivo a la campaña”, se lee en ese fallo.
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