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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema dejó en firme la detención domiciliaria preventiva en contra del gobernador suspendido, Aníbal Gaviria, quien afronta un juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros en medio de contrataciones que hizo en el 2005.
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El mandatario –quien fue suspendido por el Ministerio del Interior– es acusado por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Según la Fiscalía, Gaviria cometió irregularidades cuando fue gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007 y tomó determinaciones relacionadas con los contratos para el mantenimiento y la pavimentación de una vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrío, conocida como la Troncal La Paz.
“Esta Sala no encuentra procedente la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, al no existir prueba sobreviviente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado Aníbal Gaviria”, aseguró la Sala de Primera Instancia del alto tribunal.
En el documento de 32 páginas conocido por este diario señala que “la defensa (de Aníbal Gaviria) no ha presentado elementos fácticos o jurídicos sobrevinientes que invaliden la inferencia razonable sobre la imposición de la medida de aseguramiento, sino más bien reiteración de argumentos ya expuestos o simples razonamientos nuevos, no es dable reabrir dicho estadio bajo consideraciones similares”, agregó la Corte.
En marzo pasado, cuando fue llamado a juicio por la Fiscalía, Gaviría expresó su “consternación”. Aseguró que el equipo jurídico encargado de su defensa ya había demostrado “con pruebas contundentes” que todas las actuaciones alrededor de la Troncal de La Paz se hicieron “dentro de los términos de la ley” y que las obras se ejecutaron plenamente.
“No puedo ocultar la consternación que me causa tanto la acusación como la medida de aseguramiento (…) las obras se ejecutaron plenamente, cumpliendo los cronogramas y presupuestos. Son calificadas por todos los habitantes como históricas y transformadoras, no se perdió un peso en todo el proceso y los anticipos entregados al contratista fueron reembolsados en su totalidad”, expresó Gaviria.
En 2018, durante la administración de Néstor Humberto Martínez, cuando la Fiscalía abrió indagación preliminar por un tema que se remitía a 13 años atrás. En 2005, la Gobernación de Antioquia -bajo la batuta de Gaviria- abrió la licitación para buscar quién se hiciera cargo del “Mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao”, y el proceso quedó en manos de la Secretaría de Infraestructura. El proyecto se pactó finalmente por $41.663 millones.
La construcción y el mantenimiento de ese importante tramo quedó, el 19 de diciembre de 2005, en manos del Consorcio Troncal de la Paz, del que era parte un viejo conocido del Estado en asuntos de vías: Carlos Solarte -quien, a través de CSS Constructores, se alió como socio minoritario con Odebrecht y Episol para hacer la Ruta del Sol 2-. Los términos del contrato indicaban que la Gobernación podía entregar el 25 % del valor total como anticipo, pero, según la Fiscalía, lo que se otorgó fue el 29 % sin que el contratista hubiera entregado el soporte de la constitución de la garantía o de la contratación de un interventor, requisitos indispensables para recibir recursos del Estado.