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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de decirle no a la petición del prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), de frenar la orden de captura en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Quien en el pasado fue uno de los funcionarios del gobierno más cercanos al presidente Gustavo Petro, presentó una tutela al alto tribunal señalando que la medida de aseguramiento en su contra se dictó vulnerando varios de sus derechos.
El pasado 1 de octubre, Carlos Ramón González presentó la tutela ante la Corte Suprema, buscando que se anulara la medida de aseguramiento que dictó en su contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Además, pidió que mientras se resolvía de fondo la tutela, se suspendiera provisionalmente la circular roja de Interpol con la cual es buscado en el extranjero. Sin embargo, la alta corte rechazó esa solicitud.
En la respuesta dada por el alto tribunal sobre la petición, se lee que “además de que implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no probó la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad que viabilizan su procedencia”.
Todo, tuvo su origen en la imputación que hizo la Fiscalía en mayo pasado en contra de González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó.
Desde el pasado 4 de septiembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González, exdapre, tras decidir sobre una apelación presentada por su defensa. El 3 de julio de este año, durante una audiencia presidida por el magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, esa instancia ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para González. Para la fecha, el exdirector del Dapre ya había salido de Colombia.
En esa ocasión, el magistrado Rogeles concluyó que la Fiscalía había presentado información suficiente para demostrar la presunta participación de González en el desfalco a la Ungrd. Por eso debía ir a la cárcel mientras avanzaban las investigaciones. “La mayor gravedad de las conductas reprochadas se denota en las calidades que ostenta el implicado, quien se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con un reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político”, dijo el togado.
Las pesquisas del ente investigador indican que González Merchán habría pactado inicialmente con Olmedo López, exdirector de la Ungrd, la entrega de contratos por $60.000 millones para Name y de $10.000 millones para Calle, un negocio que nunca se materializó. En su lugar, y debido a la premura de las entonces cabezas del Legislativo por recibir los recursos, al parecer se entregaron sobornos en efectivo de $3.000 millones para el primero y de $1.000 millones para el segundo. Ambos congresistas se encuentran detenidos desde mayo pasado por estos hechos por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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