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3 Feb 2021 - 9:08 p. m.

Corte Suprema revisará sentencias del cartel de las cárceles

Por este escándalo de corrupción que se remonta al 2008 fueron condenadas cinco personas que torcieron una licitación, según interceptaciones de la Fiscalía. Ahora la Corte revisará dos de las sentencias.
La licitación pretendía mejorar los sistemas de vigilancia de una decena de cárceles.
La licitación pretendía mejorar los sistemas de vigilancia de una decena de cárceles.

El cartel de las cárceles, un escándalo de corrupción que surgió en 2008 por los engaños de un grupo de empresarios para hacerse a contratos de este sector, llegó a la Corte Suprema. Los cinco protagonistas del entramado de corrupción, que fueron condenados por el Tribunal de Bogotá en 2018, interpusieron recursos de casación, argumentando que fueron condenados injustamente y pidiendo que las sentencias en su contra sean revisadas. El alto tribunal accedió a revisar dos de los casos: los de Mauricio Parada y José Santiago Porras.

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El expediente del cartel de las cárceles se remonta a 2008, cuando la extinta Fonade y el Ministerio del Interior (que entonces integraba también al de Justicia) abrió una millonaria licitación para modernizar los sistemas de vigilancia de varias prisiones del país. Al proceso se presentaron tres uniones temporales (UT): UT Cárceles 2008, UT Protección Integral y UT Seguridad Carcelaria; agrupando cada una a varias empresas. El meollo del asunto vino cuando los evaluadores se dieron cuenta que en los dos primeros oferentes había empresas repetidas.

El asunto generó que sacaran del concurso a las dos UT de las que hacían parte las compañías y el contrato, que superaba los $50.000 millones, se lo quedó UT Seguridad Carcelaria. A través de interceptaciones telefónicas, la Fiscalía pudo advertir que no se trató de un error: el representante legal de UT Seguridad Carcelaria, Aaron Rabinovich Jamri, le había ofrecido $1.000 millones a su homóloga de UT Cárceles 2008, Diana Isabel Nassif de Rima, para que fingiera no haber leído una carta en la que dos de las compañías se retiraban de su unión temporal (UT Cárceles 2008) para sumarse a la competencia (UT Protección Integral).

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En el camino también fueron vinculados al proceso penal el primo de Nassif de Rima, Gustavo Adolfo Domínguez Feriz, quien presentó la propuesta fraudulenta al Ministerio; la pareja de ella, José Santiago Porras, quien había sido contratista de Fonade, y un amigo de él, Mauricio Parada Perilla, también contratista de la entidad. El Tribunal de Bogotá los condenó, en 2018 y en segunda instancia, a más de diez años de cárcel y una multa de 800 salarios mínimos por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Los procesados se jugaron su última carta en la Corte Suprema de Justicia, que ahora revisará las sentencias de dos de ellos.

La demanda de Diana Isabel Nassif de Rima fue descartada por la Corte, pues, “en la sumatoria de presuntas violaciones de garantías, que no se precisan, ni desarrollan en capítulos separados, conforme a las exigencias antecitadas, de autonomía, claridad y debida concreción”. Asimismo, en la de Aaron Rabinovich Jamri, el alto tribunal encontró que, “los cargos examinados solo adquirieron el nivel de reclamo formal y sus argumentos quedaron en el plano de mero enunciado, sin justificar cómo había lugar a remover la declaración de justicia contenida en la confutada decisión”.

Sin embargo, la Sala Penal, concluyó que sí ameritaba revisar las condenas contra Porras y Parada. Sobre el primero, pareja en ese momento de quien fue el cerebro de toda la operación, su defensa alegó que fue condenado con base en interceptaciones telefónicas que la Fiscalía extravió. Al juicio solo se allegaron las transcripciones de esas conversaciones, más no los audios, con lo que nunca se demostró plenamente que fuera él quien estaba hablando. Lo mismo alegaron los abogados de Parada, pues las personas que hablaban en las transliteraciones y que, supuestamente, lo mencionaban ni siquiera declararon en juicio.

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