Corte Suprema seguirá investigando al exsenador Alirio Villamizar por lavado de activos

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia seguirá investigando a exsenador del Partido Conservador, Alirio Villamizar Afanador. De acuerdo con el alto tribunal, se encontraron razones suficientes para mantener abiertas las investigaciones por los delitos de peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

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De acuerdo con la Corte, el excongresista, padre del representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Villamizar, la investigación es por el supuesto desvío de recursos de contratos del Seguro Social de Bucaramanga y la Unión Temporal Servir. Los hechos se habrían presentado entre el 1 de marzo de 2007 y el 17 de junio de 2008, cuando era senador.

Según el alto tribunal, el entonces senador Villamizar habría influido para que el entonces Instituto de Seguros Sociales de Bucaramanga adjudicara varios contratos de prestación de servicios de salud a la Unión Temporal Servir. Las acciones habrían sido para apropiarse de esos dineros.

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Para sus objetivos, el entonces senador, supuestamente, logró que cercanos suyos fueran contratados por esa unión temporal como falsos empleados de la empresa que recibía los salarios. Los dineros, dice la Sala de Instrucción, al parecer eran posteriormente entregados al congresista a través de cheques.

Adicionalmente, se investiga si, en algunos de esos casos, después de hacer los giros del dinero se realizaba una operación financiera adicional para que se ocultara el origen del dinero del que, supuestamente, se beneficiaba. Según la Corte, los cheques terminaban en manos de un arquitecto y sus empleados, a quienes, al parecer, se les pagaba la mano de obra de una casa que estaba construyendo el senador en Bucaramanga.

A pesar de las razones que encontró para mantener en firme las investigaciones en contra del excongresista conservador, la Sala de Instrucción no le impondrá medida de aseguramiento por no considerarla necesaria en medio de las averiguaciones.

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El 8 de julio de 2010, la Corte Suprema de Justicia condenó a 117 meses (9 años y siete meses) de prisión al exsenador Alirio Villamizar después de ser hallado culpable del delito de concusión, que se materializó tras haber recibido en su favor el manejo de una Notaría a cambio de votar en favor de la reelección presidencial en 2004.

Adicionalmente, el dirigente fue sentenciado al pago de una multimillonaria multa de casi 45.300 millones de pesos, equivalente a la liquidación de 87.495 salarios mínimos mensuales vigentes y a una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por espacio de 96 meses. Entre 2014 y 2015, cuando cumplió tres cuartas partes de su condena, al exsenador se le otorgó la libertad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia seguirá investigando a exsenador del Partido Conservador, Alirio Villamizar Afanador. De acuerdo con el alto tribunal, se encontraron razones suficientes para mantener abiertas las investigaciones por los delitos de peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

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Según el alto tribunal, el entonces senador Villamizar habría influido para que el entonces Instituto de Seguros Sociales de Bucaramanga adjudicara varios contratos de prestación de servicios de salud a la Unión Temporal Servir. Las acciones habrían sido para apropiarse de esos dineros.

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Adicionalmente, se investiga si, en algunos de esos casos, después de hacer los giros del dinero se realizaba una operación financiera adicional para que se ocultara el origen del dinero del que, supuestamente, se beneficiaba. Según la Corte, los cheques terminaban en manos de un arquitecto y sus empleados, a quienes, al parecer, se les pagaba la mano de obra de una casa que estaba construyendo el senador en Bucaramanga.

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Adicionalmente, el dirigente fue sentenciado al pago de una multimillonaria multa de casi 45.300 millones de pesos, equivalente a la liquidación de 87.495 salarios mínimos mensuales vigentes y a una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por espacio de 96 meses. Entre 2014 y 2015, cuando cumplió tres cuartas partes de su condena, al exsenador se le otorgó la libertad.

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