COVID-19: decreto permite adecuar nuevos espacios como centros transitorios de detención
La medida permite a las entidades territoriales, adecuar, ampliar o modificar inmuebles en los que se detienen personas de manera temporal una vez son capturados por cualquier hecho.
A raíz de la emergencia que provocó la pandemia de COVID-19 y la situación de hacinamiento que presentan los centros de detención transitoria como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, los alcaldes y gobernadores del país podrán adecuar nuevos espacios para estas funciones. Así lo permite el decreto 804 de 2020 que acaba de expedir el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia.
El decreto permite hacer adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados como centros transitorios de detención solo con la “autorización municipal o distrital competente en materia de seguridad y convivencia”. El único requisito que contempla el decreto que los lugares elegidos cumplan la normatividad sobre sismo resistencia para que las nuevas instalaciones sean capaces de soportar “las fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, asegurando la vida de sus ocupantes”.
(Le puede interesar: La sin salida de las URI, agravada por el COVID-19)
En todo caso, los edificios o casas o inmuebles que se destinen como centros de detención transitoria deberán ajustarse a las reglas de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio. Y aclara que una vez se supere la emergencia, se deberán tramitar las licencias y permisos correspondientes si se desea que esos lugares adecuados sigan funcionando como centros de detención.
Para poder hacer estas adecuaciones, el decreto permite crear empleos de carácter temporal. Estas medidas eran esperadas por varios alcaldes ante el hacinamiento que presentan estos lugares y las dificultades que esto implica para impedir la propagación y para la contención del COVID-19.
(Le puede interesar: Corte Constitucional ordena protección a quienes están en Centros de Detención Transitoria)
Por ejemplo, en Bogotá se registran, según cifras de la Procuraduría Genera, 1.600 personas detenidas en las URI y estaciones de policía, como las de Kennedy y San Cristobal, para un hacinamiento superior al 145%. El pasado 26 de marzo, la Corte Constitucional ordenó crear protocolos de atención en salud en los centros de detención transitoria.
La Corte ordenó que los detenidos tengan acceso a servicios sanitarios, productos de aseo, alimentación diaria, “así como agua potable permanente bien a través del acueducto, o a través de cualquier mecanismo que asegure su suministro”, con el fin de protegerlos frente al coronavirus.
A raíz de la emergencia que provocó la pandemia de COVID-19 y la situación de hacinamiento que presentan los centros de detención transitoria como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, los alcaldes y gobernadores del país podrán adecuar nuevos espacios para estas funciones. Así lo permite el decreto 804 de 2020 que acaba de expedir el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia.
El decreto permite hacer adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados como centros transitorios de detención solo con la “autorización municipal o distrital competente en materia de seguridad y convivencia”. El único requisito que contempla el decreto que los lugares elegidos cumplan la normatividad sobre sismo resistencia para que las nuevas instalaciones sean capaces de soportar “las fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, asegurando la vida de sus ocupantes”.
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En todo caso, los edificios o casas o inmuebles que se destinen como centros de detención transitoria deberán ajustarse a las reglas de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio. Y aclara que una vez se supere la emergencia, se deberán tramitar las licencias y permisos correspondientes si se desea que esos lugares adecuados sigan funcionando como centros de detención.
Para poder hacer estas adecuaciones, el decreto permite crear empleos de carácter temporal. Estas medidas eran esperadas por varios alcaldes ante el hacinamiento que presentan estos lugares y las dificultades que esto implica para impedir la propagación y para la contención del COVID-19.
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Por ejemplo, en Bogotá se registran, según cifras de la Procuraduría Genera, 1.600 personas detenidas en las URI y estaciones de policía, como las de Kennedy y San Cristobal, para un hacinamiento superior al 145%. El pasado 26 de marzo, la Corte Constitucional ordenó crear protocolos de atención en salud en los centros de detención transitoria.
La Corte ordenó que los detenidos tengan acceso a servicios sanitarios, productos de aseo, alimentación diaria, “así como agua potable permanente bien a través del acueducto, o a través de cualquier mecanismo que asegure su suministro”, con el fin de protegerlos frente al coronavirus.