El juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón dejó entrever en Bogotá que la Corte Penal Internacional (CPI) podría intervenir en el caso de que se impida en EE.UU. continuar los procesos de la Justicia colombiana contra paramilitares extraditados a ese país.
“La falta de respuesta judicial por imposibilidad u obstaculización podría dar lugar también a la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, dijo Garzón. El jurista español, invitado especial a un seminario que analiza el marco jurídico de la desmovilización de unos 31.000 paramilitares, así lo advirtió.
En mayo pasado fueron extraditados a EE.UU. 15 jefes paramilitares, reclamados por delitos relacionados con el narcotráfico, y ambos Gobiernos acordaron que se podían seguir las audiencias de Justicia y Paz, con el fin de esclarecer la verdad, brindar Justicia y reparar a las familias de las víctimas.
En ese sentido, Garzón, que participó en la sede de la Fiscalía por invitación del jefe del ente acusador Mario Iguarán a una “rendición de cuentas” de su trabajo del último año, señaló: “nos enfrentamos a un sistema de corresponsabilidad y, por ende, de colaboración y de respeto institucional”.
Garzón afirmó que un sistema democrático “adquirirá firmeza y credibilidad” si, “con todas las garantías” se pueden establecer responsabilidades penales en el ámbito de los funcionarios públicos “que hayan podido prestar apoyo, logística, intelectual o financieramente, o que se hayan aprovechado de una acción criminal investigada”.
“Lo conseguido por la Ley de Justicia y Paz ha sido mucho, aunque insuficiente”, subrayó el abogado español, y advirtió de que es “responsabilidad de todos eliminar los obstáculos para su aplicación” por los que se requiere brindar “un decidido apoyo a la Fiscalía y al Poder Judicial”.
A estas instituciones corresponde, señaló Garzón, “sin presiones ni descalificaciones (...), arbitrar los mecanismos para que los responsables respondan cuanto antes ante la Justicia y para que los derechos de las víctimas sean reparados proporcionando su participación”.
Y remarcó que solo “con un sistema integrado, Justicia y Paz podrá transmitir esa sensación y realidad de que es un instrumento eficaz y no un fracaso, o la historia de una ilusión desvanecida de lo que pudo ser y no fue, y que finalmente la impunidad gane la partida”.
Pidió “comprensión” por sus palabras, advirtió de que no es una “injerencia en temas internos de Colombia” y explicó: “ante la categoría de los crímenes de los que se trata, toda la comunidad internacional es la víctima y por tanto todos nosotros lo somos y eso lo legitima”.
Al final, y al dirigirse al fiscal general colombiano, Garzón lo invitó a “que no le tiemble el pulso a la hora de continuar” en la aplicación de esa norma. Destacó, asimismo, la “energía y esfuerzo” de la Fiscalía colombiana para esclarecer “crímenes de sindicalistas, de miembros de la Unión Patriótica (UP, partido de izquierda exterminado en la década de 1980) y los homicidios cometidos por agentes del Estado”.
Igualmente, elogió la tarea del ente acusador colombiano por las investigaciones “en casos que ofrecen y merecen una especial atención”. Citó el reclutamiento de menores, los crímenes contra defensores de derechos humanos, miembros de ONG, contra periodistas, contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado, la trata trasnacional de personas y los crímenes contra indígenas.
También se refirió a las investigaciones en el caso del “fenómeno preocupante de las bandas emergentes, en las que la imprevisión o imposibilidad, quizás de dar una salida a los desmovilizados, ha podido favorecer su aparición y los esfuerzos para que las extradiciones no se conviertan en casos de impunidad”.
Garzón viajará este martes con Iguarán y con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) , el argentino Luis Moreno Ocampo, a Apartadó (Antioquia) para presenciar la exhumación de algunas víctimas de paramilitares.
Por Con información de Efe
