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Diego Madrid, autoridad del Consejo Comunitario del Bajo Calima, en zona rural de Buenaventura, explica que la sanción máxima en su comunidad cuando alguien comete un delito es el destierro. Desde que tiene uso de razón, apenas han ocurrido dos casos de ese tipo en el Bajo Calima. El más reciente fue en enero de este año, en el que ordenaron la salida del territorio de un hombre que reincidía en delitos como las amenazas contra líderes y autoridades étnicas.
Un caso como el de ese hombre ante la justicia ordinaria podría haber terminado en alguna pena carcelaria. Pero al interior de la justicia ancestral no se contemplan las cárceles como lugares para pagar sanciones. Las autoridades negras prefieren hablar de justicia restaurativa antes que de justicia ordinaria porque aseguran que, en la mayoría de casos las personas que cometen faltas o delitos pueden pasar por procesos de armonización personal y pueden reparar el daño causado, garantizando la no repetición.
Aunque las autoridades afrocolombianas no tienen reconocimiento político ante la Constitución como sí lo tienen los pueblos indígenas, este viernes 14 de abril se llevó a cabo el primer encuentro de saberes entre la justicia ordinaria y la justicia ancestral en Buenaventura. Desde allí, la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, la magistrada Victoria Eugenia Velásquez y 21 autoridades étnicas del Puerto firmaron el borrador de un protocolo con el que pretenden establecer relaciones entre los consejos comunitarios y los jueces de la República.
El espacio, que propició la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) a través de su programa Justicia Inclusiva, busca que se consolide una comisión de coordinación entre la justicia ancestral y la justicia ordinaria que estaría conformada por el presidente del Tribunal Superior o un delegado del Consejo Seccional de la Judicatura, quien asumiría la secretaría técnica. También estaría el coordinador/a de la Casa de Justicia, el procurador regional, el defensor regional, el director seccional de Fiscalías y el representante legal de cada junta directiva de los 21 consejos comunitarios de Buenaventura que participan del proceso.
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La magistrada Velásquez, en una de sus intervenciones, afirmó que este proceso lo han tenido con comunidades indígenas pero que es la primera vez que logran el acercamiento con los pueblos afro. “Este es un espacio que añorábamos desde hace años. Es un paso de gigantes. Sabemos que Buenaventura amerita una atención especial y este diálogo de saberes nos abrirá un espacio para tener una coordinación respetuosa y armónica entre la justicia ordinaria y los consejos comunitarios. Este proceso nos va a servir a nivel personal y profesional”.
Uno de los mayores que participaron de la mesa de diálogo fue Naka Mandinga, autoridad del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, uno de los mayores más respetados y sabios de esa zona del Pacífico. Lleva 30 años perteneciendo al Consejo Nacional de Mayores, la instancia máxima de los pueblos negros en Colombia. “Aunque nunca hemos tenido un espacio para conocer los procedimientos en la justicia ordinaria, sí esperamos que el mundo occidental entienda nuestros modos de vida, nuestra cosmovisión y la manera en la que nosotros resolvemos los conflictos a través de la espiritualidad y la reparación”, aseguró.
Algunos de los casos que llevaron hasta la mesa de diálogo fueron la importancia de tener canales de comunicación más claros y rápidos que puedan acortar los procesos para que la justicia afrocolombiana, por ejemplo, pueda remitir casos a la Fiscalía en casos de delitos graves o crímenes que sobrepasen la competencia de los consejos comunitarios. Para este fin, Libardo Ariza, el director del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, socializó un protocolo de coordinación interjurisdiccional que pretende facilitar este camino.
En el documento se establece la categorización de faltas o delitos y la competencia de cada justicia para abordarlos. Por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, de incumplimientos en contratos de obra, delitos contra el patrimonio económico (hurtos, estafa, corrupción), problemas de convivencia con lesiones, problemas originados por la violencia, entre otros delitos, se propone que sean tratados ante las autoridades étnicas, como las de justicia ordinaria.
En el caso de los contratos de obra con recursos privados (o de las comunidades), si el valor de los contratos no excede los 150 SMLV, sugieren que los casos sean investigados y sancionados por el consejo comunitario local. Sin embargo, si el valor es superior o son contratos con recursos públicos, todas las posibles irregularidades las trataría la justicia ordinaria.
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De otro lado, en casos de violencia intrafamiliar o problemas de convivencia (que no impliquen lesiones), el protocolo indica que la primera autoridad responsable es el consejo comunitario local, que buscaría un acuerdo de compromiso por parte del agresor o victimario. En caso de incumplimiento, se remitiría a la junta directiva del Consejo Comunitario zonal -en los casos que exista- o al Comité Disciplinario del Consejo Comunitario Mayor. El documento indica que, en caso de no hallarse solución, deberá ser remitido por escrito ante la Fiscalía.
En los casos de conflictos interétnicos, especifican que podría ser el consejo comunitario local quien debe abrir un espacio de diálogo y concertación al cabildo o autoridad indígena del resguardo con el que se tenga el conflicto. De no alcanzar un acuerdo, la entidad que adoptaría medidas es la Agencia Nacional de Tierras.
En delitos de lesa humanidad como las violaciones a los derechos humanos (amenazas, desplazamiento forzado, desaparición, reclutamiento), así como en los homicidios, los casos son de competencia única de la justicia ordinaria, pese a que los consejos comunitarios sean informados y documenten estos casos.
En casos de conflictos por aprovechamiento individual o forestal de tierras ancestrales, la competencia sería de la justicia afro quien deberá intentar darle solución al problema a través de la junta directiva y el comité disciplinario del consejo comunitario. Sin embargo, la última instancia sería llevar el caso ante la Corporación Autónoma Regional competente.
Aunque estas son apenas propuestas y el documento podría cambiar en los próximos meses, según la concertación a la que lleguen las autoridades, es la primera vez que se logra un un acercamiento de este tipo que podría permitir una coordinación entre dos formas muy distintas de resolver los conflictos sociales.