La venta de dos predios en Mosquera que al parecer fueron incluidos en una Zona Franca, abre polémica. Hijos del Presidente dicen que actuaron legalmente, no se cambió el uso del suelo y compraron por metro cuadrado.
Un debate de control político en el Congreso, programado inicialmente para el próximo 12 de mayo, es la primera consecuencia de la denuncia planteada el domingo pasado por el informativo de televisión Noticias Uno, según el cual, los dos hijos del presidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, se habrían beneficiado con la valorización de terrenos de su propiedad ubicados en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), al quedar incluidos en una reglamentación de Zona Franca. El hecho habría tenido lugar en diciembre del año pasado, avalado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, del cual hacen parte los ministros de Comercio y de Hacienda.
La información de Noticias Uno, respaldada por su director Daniel Coronell en su columna de la revista Semana, sostiene que con la decisión adoptada, los terrenos rurales de propiedad de los hijos del Presidente pasaron de una valorización de $33 millones a un estimativo de $3.000 millones. Supuestamente los predios en mención, conocidos como El Paraíso y San Laureano, hace dos años fueron adquiridos por una fiducia constituida por la sociedad Residuos Ecoeficiencia, controlada por Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. Las decisiones posteriores, según el reporte noticioso, también favorecieron al ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo.
La publicación y el reporte del noticiero de televisión causaron revuelo político y el primero en salir al ruedo fue el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, quien anunció ayer un debate de control político en el Congreso, inicialmente para que el ex alcalde de Mosquera le explique al país por qué después de la compra del lote por parte de los hijos del Presidente, a los pocos días se le cambió el uso del suelo de rural a industrial, facilitando una primera “granvalorización”, y por qué después el mismo alcalde terminó comprando una parte de ese mismo lote a los hijos del Primer Mandatario. Robledo aclaró que también varios ministros deben explicar qué sabían de ese negocio.
Ayer mismo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, calificó de infundadas las acusaciones sobre un supuesto tráfico de influencias por parte de los hijos del Presidente, argumentó que la aprobación de la Zona Franca de Occidente se ajustó a los requerimientos de las leyes colombianas, que nunca hubo preferencias ni dádivas y que los hijos del Presidente no son socios de la Zona Franca. “Estamos armando una tormenta en un vaso de agua y no veo cuál es la sustancia detrás de todo esto. Tráfico de influencias hubiera existido si ellos se hubieran aprovechado de su posición o estuvieran pidiendo que se les rebajaran las condiciones. Nada de eso sucedió”.
A su vez, a través de distintos medios de comunicación, los hijos del Presidente negaron enfáticamente cualquier responsabilidad sobre el hecho. Tomás Uribe sostuvo que las acusaciones son tendenciosas y que la negociación se hizo sin violar las disposiciones legales. “Acá no se abusó del poder, sino que se ejerció un derecho que tenemos todos. Son falsedades. No se cambió el uso del suelo, no es cierto que se le haya vendido el predio al alcalde de Mosquera a precio de ganga y también es falso que se haya comprado por hectáreas y no por metros cuadrados. Nosotros quedamos con una participación minoritaria del 7% cada uno y no como dice el periodista Coronell, que fue del 60%”.
Añadió que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, desde el 2000 el predio en cuestión es de expansión industrial y no rural, como asegura Coronell.
El hijo del Presidente insistió en que el debate de fondo es siél y su hermano pueden o no hacer negocios. Se declaró en todo momento dispuesto a hacer declaración punto por punto sobre lo sucedido. Precisamente ese es el escenario que pretende ahora plantear la oposición política encarnada en el Polo Democrático, uno de cuyos miembros, el ex ministro Parmenio Cuéllar, observó que una administración “debe evitar que los hijos del Presidente hagan negocios mientras él sea mandatario”. En tal sentido, planteó como una necesidad que se escuche a los funcionarios del Estado que tuvieron que ver con la aprobación de esa Zona Franca y, por supuesto, que se oiga a los hijos de Uribe.
El presidente del Congreso, Hernán Andrade, aceptó que puede ser un tema delicado o al menos incómodo, aunque en principio cree que todo el trámite se hizo bajo criterios legales, incluyendo la Zona Franca. Aun así, admitió que “lo que viene es el debate político, en el sentido de evaluar la manera como las decisiones administrativas pueden beneficiar a los hijos del mandatario. De aprobarse el debate de control político para el 12 de mayo, la idea es que Tomás y Jerónimo Uribe sean escuchados.