Publicidad
25 Nov 2015 - 9:10 p. m.

Crece la pelea por la universidad de la Fiscalía

El 1° de diciembre será llamado a imputación de cargos el ingeniero Fabio Antonio Mariño por los delitos de violación a los derechos de autor y daño informático.

Redacción Judicial

Luego de que la revista Semana revelara que la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), uno de los principales proyectos de la administración del fiscal general, Eduardo Montealegre, cayera en desgracia al no contar con los recursos necesarios por su funcionamiento, la propia Fiscalía arremetió contra el director de la entidad César Solanilla y su grupo de trabajo. Según el ente investigador, fueron una serie de irregularidades que se presentaron al interior de la institución las que llevaron al fracaso el proyecto y por tal motivo ordenaron una investigación luego de que una de las directivas denunciara los hechos.

La Fiscalía asegura que el ingeniero Fabio Antonio Mariño, exdirectivo del centro educativo, cometió plagio en el "Informe gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones". Por esa razón, Mariño fue citado para el próximo 1° de diciembre para audiencia de imputación de cargos (inicio de investigación formal) y medida de aseguramiento (detención preventiva) por los delitos de violación a los derechos de autor y daño informático. Para el ente investigador en "29 páginas del documento presentado ante las directivas de la CIJ, existen presuntamente copias textuales y burdas de investigaciones realizadas por otros centros educativos con un alto prestigio nacional, especialmente, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab)".

Sin embargo, según Semana, en el acta de allanamiento de la Fiscalía se estableció que el supuesto informe plagiado es "una reproducción textual de varios documentos, entre ellos: plan estratégico de la Universidad de Antioquia, documentos de la Universidad Católica y la Universidad Distrital y Wikipedia". Los encargados del informe fueron el ingeniero Mariño y Ernesto Durán Pinzón, secretario general de la CIJ.

En el comunicado de la Fiscalía se lee también que la CIJ es una entidad autónoma y que ni el fiscal general tiene poder de interferir en las decisiones que se toman: "El Congreso, y no la Fiscalía, fue quien decidió no asignarle a la Institución Universitaria recursos para el próximo año fiscal (2016). Esta decisión tuvo como fundamento el recorte general del gasto público, ocasionado por la disminución de ingresos del Estado. Además, porque en las circunstancias actuales de la Institución Universitaria, se constató que cada estudiante le costaría al Estado un promedio de $700 millones anuales, lo cual evidenciaba su inviabilidad financiera. La planta de la Institución Universitaria no creció ni fue gerenciada de forma proporcional y razonable al número de estudiantes previstos y efectivamente matriculados: en la actualidad existen 80 funcionarios para 39 estudiantes".

Para la Fiscalía, las diligencias realizadas, incluidos allanamientos, hacen parte de una investigación y no son ninguna respuesta exagerada a un proceso por plagio. Advirtieron que tampoco existe una persecución contra el rector Solanilla y que, por el contrario, lo que sucedió fue que el funcionario se negó en un principio a colaborar para entregar los documentos cuando se estaba realizando la primera inspección. "La fiscal encargada del caso realizó inicialmente una diligencia de inspección judicial de recolección de datos en la Institución Universitaria, frente a la cual existió una férrea oposición por parte del director de la Universidad, César Solanilla. Por lo que fue necesario solicitar autorización de un juez de la República para que tres ingenieros y un abogado recogieran la información".

Entre otras irregularidades que la Fiscalía dijo que encontró en la CIJ están una serie de informes técnicos en los que se habla de una "presunta destrucción de correos electrónicos y la probable alteración de información, que al parecer fue de conocimiento del Director de la Universidad, y quien presuntamente no realizó ninguna gestión para evitar los hechos". Agregó el comunicado que supuestamente la persecución en realidad la está haciendo el rector Solanilla contra los funcionarios de la institución que "han declarado dentro del proceso penal y han alertado a las autoridades sobre los malos manejos administrativos. Así, por ejemplo, quien fuera subdirector de la Institución Universitaria, fue declarado insubsistente luego de declarar en la Fiscalía".

Si desaparece esta entidad educativo, se pondría en riesgo una inversión de $31.245 millones que se hizo entre 2014 y 2015. Para el ente investigador es una total mentira que la plata se vaya a perder porque si bien la universidad funcionó en un principio con presupuesto de la Fiscalía, solo se han utilizado el 44% de los recursos ($9.700). Agregaron que la sede en la que funciona la CIJ, situada en Aquimindia (Cota, Cundinamarca) y donde funcionó por años la escuela de formación de detectives del liquidado DAS, es de su propiedad y por tal motivo solicitaron que se las devolvieran para no perder el dinero utilizado en la adecuación de los edificios.

Para fiscal Montealegre esta discusión no representa ningún problema, ya que según el comunicado el proyecto no ha fallecido. A pesar de que ya no será la gran universidad prometida por Montealegre y con la cual querían profesionalizar la investigación judicial y acabar con "universidades de garaje", la CIJ ahora será un centro de altos estudios. Pero el rector Solanilla, en diálogo con Blu Radio, precisó que todo comenzó por no querer contratar a dos personas que venían como recomendadas de Montealegre.

"La autonomía universidad se vulneró cuando el señor fiscal general entró en discrepancia con algunos nombramientos que quería que se hicieran en la universidad. La universidad, dentro de su autonomía, estableció un estatuto para la selección de sus funcionarios. Al parecer, no hubo una aceptación de que no se nombraran unos gestores", precisó Solanilla, quien señaló además que los perfiles de los recomendados no encajaban en los puestos de docentes que necesitaban.

Solanilla manifestó que las dos personas recomendadas por el fiscal para que fueran docentes eran dos estudiantes recién graduados de un doctorado, pero que no reunían los requisitos. Explicó que uno de ellos era egresado de la Universidad de Columbia y experto en literatura italiana del siglo XIII. Solanilla no dudó en señalar que el proyecto del CIJ fracasó porque la Fiscalía incumplió con los compromisos y quiso transgredir la autonomía que tenía la institución.

"La idea de la universidad era profesionalizar a los 20 mil funcionarios que estaban fuera de carreta. En ese estudio socioeconómico, la Fiscalía se compromete a unas inversiones de 18 mil millones el primer años, 23 mil el segundo y 33 mil el tercero. En el entendido que una institución nueva requiere inversiones en infraestructura, no únicamente en estudiantes, en una planta docente calificada y con una proyección de 4 o 5 años (...) lo que sucedió en términos de gerencia no es el problema de presupuesto. El tema es de autonomía universitaria", puntualizó el rector en Blu Radio.

La arremetida de Solanilla no se quedó corta y precisó que de los $18.000 millones prometidos, solo se habían dado $5.000 millones: "En el segundo año, donde la universidad comienza a ejecutar un proyecto de $23.000 millones, la universidad solo gasta $9.000 millones porque la Fiscalía empezó a incumplir sus compromisos. Aparte, el señor fiscal dejó de asistir a la universidad cuando ésta empezó a tomar autonomía".

Síguenos en Google Noticias

Temas relacionados

Fiscalía