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La Fiscalía General acaba de expedir una nueva resolución en la que establece nuevo lineamientos para investigar crímenes y amenazas en contra de periodistas y comunicadores en el país. Las nuevas medidas se conocen en medio de la incertidumbre por el paradero del periodista Mateo Pérez en Briceño (Antioquia).
De acuerdo con el ente investigador, la Resolución 00119 de 2026 establece “lineamientos para orientar la investigación de los crímenes y amenazas cometidos contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación”. Esa directriz, dicen, “fortalece la respuesta institucional respecto a las agresiones contra la prensa, al incorporar estándares más rigurosos, oportunos y con enfoque diferencial, en reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad”.
Según explicó la Fiscalía, los ataques contra periodistas no solo afectan a los comunicadores que las reciben, sino que “impactan directamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público”. La resolución, explican, “dispone que las investigaciones deben desarrollarse con una comprensión amplia del contexto, considerando tanto la agresión sufrida por el periodista como los hechos que este venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor, con el fin de identificar posibles móviles relacionados con censura o retaliación por poner en evidencia intereses ilícitos”.
Las nuevas órdenes, dentro de otras cosas, fijan estándares para que los fiscales “actúen con celeridad, de manera exhaustiva y con rigor técnico, evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas”. De igual manera, se introducen medidas específicas para casos en los que haya “riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico, en los que se deberá priorizar la protección de la víctima, la verificación inmediata del riesgo y la activación de mecanismos de protección o que prevengan nuevas agresiones”.
El documento también resalta que habrá un enfoque diferencial “que permite reconocer la condición de periodista a partir del ejercicio real de la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales, incluyendo a quienes desarrollan su trabajo en entornos digitales”. Con esas nuevas disposiciones “cada caso será analizado teniendo en cuenta el posible efecto de amedrentamiento o autocensura, así como su impacto en la circulación de información de interés público”.
En cuanto a lo operativo, dice la Fiscalía, “se fortalecen los procesos de recepción, registro y enrutamiento de denuncias, con el propósito de garantizar una adecuada identificación de la condición de la víctima y del nexo entre los hechos denunciados y su actividad periodística”. Asimismo, aseguran que se promueve la articulación entre las distintas dependencias y direcciones especializadas de la entidad, para intercambiar información, analizar en conjunto los casos y evitar que las investigaciones estén fragmentadas.
También, se estableció un canal permanente de interlocución con organizaciones civiles dedicadas a la defensa de la libertad de prensa. Esa comunicación, dicen, permitirá “fortalecer la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la obtención de información relevante para las investigaciones”. Finalmente, el ente investigador dice que capacitarán a sus investigadores para la recepción de estas denuncias.
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