El factor Venezuela en la crisis del Catatumbo

Miles de desplazados. Casi un centenar de muertos. Ejercicios militares de lado y lado. El despliegue de 9.352 uniformados del Ejército colombiano. Declaraciones retadoras. Guerrillas. Disidencias. Control territorial. Rutas de narcotráfico. El listado es solo un abrebocas al panorama que vive la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, desde hace una semana. Pero que, en retrospectiva, podría ser una de las tantas crisis que ha afrontado esta zona del país en los últimos 25 años.

Es, también, el recuento del desborde de un conflicto armado y político, que lleva décadas sin resolverse en esa zona de la frontera de Colombia y Venezuela. Para varios expertos en el tema, esta crisis binacional es la más grave de Latinoamérica.

Aunque el viernes pasado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que, esta vez, el vecino país estaría dispuesto a colaborar para que las operaciones militares colombianas logren dar con los máximos jefes de la guerrilla del ELN y puedan reducir las filas de este grupo armado, todo está por verse en esta ya larga historia de cruces con Venezuela.

El ministro lo sabe, la fuerza pública también y organizaciones de derechos humanos y que estudian conflictos como el colombiano llevan años advirtiendo que la frontera es el epicentro de un caldo de cultivos de criminales, de rentas ilegales y de narcotráfico que ha tenido vuelo durante los últimos años, ante la mirada de reojo de las autoridades.

Una guerra que no termina

La región del Catatumbo ha sido, desde hace décadas, una zona de permanente ebullición criminal y violenta que se enciende cada cuanto, según variables políticas y de control territorial. Su apetecida ubicación por compartir frontera con Venezuela ha sido motivo de disputa de grupos armados desde al menos la década de 1980 y, desde ese momento, empezó a consolidarse como la mejor retaguardia de las guerrillas para esquivar la avanzada militar del Estado colombiano.

Y no solo fue el norte del departamento de Norte de Santander, sino también la extensión completa de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza en el extremo norte que Colombia comparte con el vecino país, entre los departamentos de La Guajira y Arauca.

Desde esa época, las Farc y el ELN supieron identificar que habían encontrado un botín que debían pelearse a sangre y fuego con quien fuera. Su riqueza la conforman cinco productos claves que, a hoy, persisten: buenas tierras para sembrar mata de coca a sus anchas; rutas binacionales sin ningún control para traficar esa hoja convertida en cocaína; el jugoso mercado del contrabando, principalmente de gasolina; la siempre rentable extorsión a empresas de la zona, en especial las relacionadas con el transporte de crudo; y la minería ilegal. El mejor de los mundos para dos organizaciones guerrilleras que, para rematar, supieron aprovechar de la mejor forma las crisis políticas entre Colombia y Venezuela.

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Tan apetecida ha sido históricamente esta zona que, según el último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Norte de Santander es el mayor productor de hoja de coca en toda Colombia, con 43.178 hectáreas de cultivos. Con el producto en mano, los grupos armados se ingeniaron las rutas para sacarlo del país y en Venezuela encontraron las mejores rutas para hacerlo.

Aproximadamente para 2003, y según reportes de inteligencia del momento, la ruta de exportación a través de ese país ya estaba en el top cinco de caminos más apetecidos para la industria de la mafia, disputándose los primeros puestos con salidas ya conocidas, como la del Golfo de Urabá y Nariño.

Ese botín fronterizo es, precisamente, el que hoy se disputa el ELN con las disidencias de las Farc, pero que desde hace décadas ha tenido otros protagonistas en ese mosaico criminal. La organización no gubernamental Crisis Group, que se dedica a desarrollar investigaciones y análisis sobre crisis globales, ha advertido desde hace años que en esta frontera también hay presencia de fuerzas parapoliciales de Venezuela, nuevas bandas emergentes en Colombia y reductos de grupos paramilitares, como Los Pelusos o Los Rastrojos, y carteles mexicanos. Un caldo de cultivo que ha controlado desde siempre la zona, mientras que en el terreno de la diplomacia, al menos de 1998, ningún gobierno ha querido meter las manos al fuego.

Un repaso político y diplomático

Las organizaciones Crisis Group y Humans Right Watch han documentado que, durante las décadas de 1980 y 1990, las relaciones entre Colombia y Venezuela fueron tensas debido al impacto del conflicto colombiano en la frontera. Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 marcó un distanciamiento ideológico y diplomático entre ambos países.

Mientras que Chávez promovió alianzas con gobiernos de izquierda en América Latina y Estados autocráticos, como China y Bielorrusia, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe buscaron apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, para enfrentar las arremetidas guerrillas y el descontrol de los negocios del narcotráfico.

Aunque Chávez y Uribe inicialmente impulsaron proyectos conjuntos, especialmente en temas de infraestructura y cooperación internacional, las tensiones aumentaron cuando Uribe lo excluyó como posible facilitador de las negociaciones de paz con las Farc en momentos en los que los familiares de los secuestrados por la guerrilla imploraban un acuerdo humanitario para la liberación de sus seres queridos de las cárceles de la selva, a cambio de que el gobierno hiciera lo mismo, pero con los guerrilleros presos.

En marzo de 2008, la relación se deterioró aún tras la Operación Fénix, un operativo militar que invadió territorio ecuatoriano sin autorización para dar con el paradero del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien murió durante el bombardeo.

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El expresidente Uribe terminó sus dos periodos con la peor crisis binacional, tanto así que rompió relaciones con Chávez. Con Juan Manuel Santos, los lazos mejoraron temporalmente. Venezuela fue garante en el proceso de paz con las Farc, junto con otros cinco países. Sin embargo, tras la elección de Nicolás Maduro en 2013 y la crisis económica y política, las tensiones resurgieron, agravadas por acusaciones de injerencia mutua.

En medio de protestas en las calles venezolanas, Maduro acusó al gobierno colombiano de ser los provocadores, mientras que disputas entre grupos armados a lo largo de la frontera, que fueron dando partes de muertos de todos los bandos, terminó por colmar la paciencia.

Ese año, Maduro ordenó cerrar los cruces fronterizos formales y, para 2015, ya había expulsado a más de mil ciudadanos colombianos. Las relaciones se deterioraron todavía más con la llegada del presidente Iván Duque en la Casa de Nariño. En junio de 2018, el expresidente respaldó la creación de un “cerco diplomático” alrededor de Venezuela para acelerar la restauración de la democracia.

Un año después, Maduro rompió lazos con el gobierno colombiano. La estocada final la dio Duque el 14 de marzo de 2020, cuando anunció el cierre de los siete cruces fronterizos oficiales como una medida para frenar el brote de COVID-19, dando paso a una de las peores emergencias humanitarias de Latinoamérica.

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“En medio de estas disputas, las zonas fronterizas han servido de escenario para que los gobiernos enfrentados persigan sus objetivos estratégicos”, explicó Crisis Group en un informe de hace cuatro años, al tiempo que llamó la atención pobre la imperiosa necesidad de que ambos países se pongan de acuerdo, de una vez por todas, para “la creación de un mecanismo para resolver incidentes bajo auspicios internacionales” en la frontera.

Una petición que ha caído en oídos sordos, pues un reciente informe de Human Rights Watch dejó en evidencia que las fuerzas armadas venezolanas han ejecutado operaciones conjuntas con el ELN y que, incluso, la guerrilla tiene acuerdos con autoridades de ese país para explotar oro, coltán y hasta diamantes.

Las trochas de la guerra

En enero de 2025, nada es muy diferente allí. Quienes se disputan el control son disidencias de las FARC y el ELN, en una ola de violencia que, según información de Fuerzas Militares, comenzó a orquestarse hace un mes. El hombre detrás de los hechos sería alias Socito o Dumar, quien lleva 20 años en las filas del ELN.

Lo que indica la información de inteligencia es que unos 80 hombres del Frente Domingo Laín, que delinque en Arauca, habrían sido entrenados por alias Socito para la instalación de explosivos y el manejo de armas cortas y largas. Luego, él mismo habría ordenado su movilización desde Arauca hacia el Catatumbo, en una travesía que incluyó cruzar la frontera, por Táchira y Zulia, un recorrido ya usual para esta guerrilla.

Sin embargo, el presidente Petro contradijo esa versión, aunque fuentes de Fuerzas Militares le dijeron a este diario que es la única conocida hasta el momento sobre la arremetida en el Catatumbo. El mandatario dijo que los guerrilleros del ELN “transitaron durante un mes hasta el Catatumbo, de civil”.

No obstante, analistas de la dinámica del conflicto en esa región argumentan que, por las características de las trochas en la frontera y las facilidades de hacer la ruta entre Arauca y Norte de Santander por Venezuela, es más convincente esa explicación de su ruta de expansión. No sería la primera vez ni última, pues desde hace años los expertos han alertado de la facilidad en la movilización de la guerrilla en el vecino país.

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“Sobre la evidencia que dice tener el gobierno colombiano del traslado de integrantes del ELN desde Arauca, por Venezuela, lo que mostraría es que para militares y políticos venezolanos es prioritaria y confiable la presencia del ELN en esta región fronteriza”, dijo María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Pero más allá del camino que tomaron los guerrilleros del ELN para llegar hasta el Catatumbo, lo que analistas ven como problemático es el provecho que el gobierno venezolano podría darle a la crisis para desviar la atención puesta sobre la crisis política. Las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela y la posesión de Maduro en el cargo el pasado 10 de enero lo han tenido bajo la lupa internacional.

Llorente explicó que, en 2020, las disidencias rompieron el pacto de coexistencia con el ELN al ganar más espacio en el narcotráfico, la extorsión y la cooptación social. “Lo que sí preocupa son las reacciones del gobierno Petro y de Venezuela. Desde una perspectiva más geoestratégica, hay mucho en juego y cambios políticos importantes, como el inicio del gobierno Trump. Por eso, el llamado a actuar con prudencia”, señaló Llorente sobre el lugar de este conflicto en la política internacional. Además, advirtió que, si bien la escalada violenta tiene relación con Venezuela, la injerencia del gobierno de ese país no fue necesariamente determinante para el inicio de las confrontaciones.

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El papel que juega Venezuela en lo que está sucediendo, para muchos, responde más al carácter binacional que expertos le han atribuido al ELN, por funcionar como grupo paramilitar en Venezuela y como guerrilla en Colombia.

Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que “el ELN funciona como escudo de protección del régimen y parte de ello implica que mejore su posición en el Catatumbo. En este caso, parece que ha habido anuencia para el desplazamiento de tropas por Venezuela”. Agregó que ese permiso aumenta la tensión diplomática: “No es algo que desconozcan los cuerpos de seguridad colombianos ni que apareció con el presidente Petro; es una realidad histórica”.

Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), agregó que la naturaleza porosa de la frontera entre Colombia y Venezuela, la débil presencia estatal y de seguridad del lado colombiano, es una garantía para que los guerrilleros decidieran tomar esa ruta sin preocuparse por la vigilancia de autoridades de ninguno de los dos países.

No es la primera vez que el ELN saca provecho de las trochas. Justo eso es parte de lo que se está jugando: mantener el dominio de un corredor para múltiples rentas ilegales, en el cual el tráfico de coca es solo la punta del iceberg. Según Rodríguez, por allí pasan también las armas para los mercados ilegales, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.

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Jorge Mantilla, investigador sobre conflicto y crimen organizado, agregó a la lista los negocios del contrabando de carne y quesos que involucran la ganadería extensiva en Venezuela y Arauca, y el contrabando de gasolina, que no solo se controla con el fin de llevarla al mercado venezolano, sino también para el procesamiento de la hoja de coca en el Catatumbo.

Al problema humanitario y de orden público, se suma el difícil momento que pasan las relaciones diplomáticas. El presidente Petro ha dicho que se comunicó con Maduro para “establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas en la frontera”, mientras que el ministro de Defensa se reunió con su homólogo, Vladimir Padrino, para discutir la situación actual.

El ministro Velásquez aseguró que Venezuela está dispuesta a colaborar para capturar a los comandantes de la guerrilla que actúan en la zona y desescalar el conflicto. Todo, con una condición: que las autoridades de cada país operen sin cruzar la frontera.

Los militares colombianos ya tienen instrucción: acelerar la intervención armada para recuperar el territorio en manos de grupos armados para garantizar el retorno de los 40.000 desplazados a sus hogares. Por ahora, los ojos están puestos en dos objetivos. El primero, en lo que logre hacer la nueva canciller colombiana, Laura Sarabia, para establecer lo que podría ser un método inédito en ambos países para monitorear la frontera

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Y el segundo objetivo: la respuesta militar del gobierno Petro que hasta hace una semana seguía insistiendo en que la salida armada del ELN estaba en una mesa de diálogos de paz. Ahora, todo se fue al traste.

El gobierno ya ofreció una recompensa de hasta $3.000 millones por información que sirva para dar con el paradero de los máximos líderes de la guerrilla: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito (el comandante en la frontera con Venezuela), e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán. Según Velásquez, ninguno estaría en Cuba, por lo que, de nuevo, las pistas se enfocan sobre el vecino país, cuya injerencia en el conflicto armado colombiano sigue más vigente que nunca.

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