El Fiscal General, Mario Iguarán, convocó este martes a una reunión extraordinaria en su despacho para discutir el tema de las recurrentes filtraciones alrededor de las investigaciones por la parapolítica.
En la reunión, que comenzó hacia las cuatro de la tarde, se subieron los ánimos cuando se reveló que el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, ya se había enterado de la apertura de una investigación en contra suya por posibles nexos con el paramilitarismo. El Fiscal se enteró por el mismo Ramos de la filtración, pues el Gobernador lo llamó a su despacho, preocupado por la decisión que no ha sido anunciada de manera oficial.
La apertura del proceso solamente era conocida por las tres cabezas de la Fiscalía -Fiscal; el Vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago y el Director Nacional, Germán Ortega- y los once delegados ante la Corte.
El Fiscal, energúmeno, los increpó enérgicamente y les exigió que aceptaran quién había filtrado la información, pero nadie quiso asumir tal responsabilidad. Es más, unos a otros se señalaron como culpables, aunque trascendió que la molestia de la mayoría de los delegados se dirigía a dos de sus compañeras.
Lo que Iguarán les transmitió es que no podía entender cómo esa información, que la manejaban solamente 14 personas que hacen parte de un grupo élite, ya era de conocimiento del implicado. Indignados por el tono y la desconfianza de su jefe, los fiscales presentaron su carta de renuncia.
Iguarán solamente se la aceptó a Sara Magnolia Salazar – de quien se conoció una grabación en que se refería en muy malos términos de la directora del CTI, Marilú Méndez- y a Martha Luz Hurtado Osorio, ambas delegadas ante la Corte.