El procurador Alejandro Ordóñez anda en una cruzada para que el Consejo de Estado no anule su reelección. A las 9:20 de la mañana de ayer –a menos de una semana de que se conociera la ponencia del magistrado del Consejo de Estado, Alberto Yepes, que propone sacar a Ordóñez del cargo por irregularidades en su reelección– el abogado Miguel H. González –quien defiende los intereses del jefe del Ministerio Público– interpuso una recusación contra Yepes y contra la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez quien apoya la ponencia. A Yepes le cuestionó que hubiera cambiado su ponencia inicial –que apoyaba la permanencia de Ordóñez en el cargo– pues en su criterio su conducta “resulta aparentemente contraria al reglamento del Consejo de Estado pues no es posible que se cambie una ponencia hasta tanto la otra sea votada con la mayoría requerida o derrotada en su defecto”.
Y rechazó que Yepes “ha ventilado asuntos a la opinión pública, los cuales deben ser reserva del seno de la sala del Consejo de Estado que debe resolver el referido asunto”, en referencia a las declaraciones que, al parecer, este magistrado le dio a algunos medios de comunicación sobre este espinoso caso. Igualmente cuestionó la imparcialidad de Yepes y dijo que pareciera que el magistrado estuviera afanado porque el caso no llegue a la Sala Plena del Consejo de Estado sino que se quede en la Sección Quinta y ahí se resuelva en contra de Ordóñez. Sostuvo que hay “fuertes indicios que apuntan a que en el magistrado Yepes Barreiro pudo haberse germinado eventualmente un móvil que lo afana para que lo antes posible y en un aparente acto de descortesía con la Sala Plena, se resuelva desfavorablemente a los intereses del demandado”.
En el caso de la magistrada Bermúdez, el abogado González le reprochó que, antes de que se definiera el futuro de la primera ponencia, hubiera presentado un extenso documento sobre su rechazo a la ponencia que dejaba en el cargo a Ordóñez. “No nos extraña que esta situación sea posiblemente el resultado de una animadversión generada por la aceptación de la renuncia que hizo el procurador general a la procuradora delegada de la época, doctora Lucy Jeannette Bermúdez, cuando era su subalterna, la que sólo se hizo manifiesta después de la primera ponencia cuando se habla de un documento de cien páginas que logró influir en el reiterado y pacífico criterio del doctor Yepes Barreiro”. Mejor dicho que Bermúdez influyó de manera negativa en el cambio de ponencia a través de un documento que a los ojos de la defensa de Ordóñez bien podría considerarse como otra ponencia.
Agregó al respecto que “esta actitud de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez demuestra, por una parte, un posible prejuzgamiento que ratifica un eventual interés personal y parcialidad sobre el presente asunto, pues lo correcto era que ella se limitara a manifestar su voto por la primera ponencia –bien en forma favorable o desfavorable– pero no suplir la función del consejero ponente. Por la otra, la actuación de esta integrante de la Sala evidencia un aparente acto ajeno a sus funciones pues los hechos que han sido relatados por el mismo magistrado Yepes describen un presunto acuerdo privado, por fuera del escenario natural del proceso”.
Por ello el abogado González le solicitó al Consejo de Estado el testimonio de la periodista María Isabel Rueda “para que declare sobre los aspectos concernientes a la conversación que sostuvo con el magistrado Alberto Yepes (…) que se le requiere a los magistrados Yepes y Bermúdez el escrito ‘de cien hojas’ que, según aquel, le fue entregado por ella para cambiar la primera ponencia” y que “se oficie a la Procuraduría para que remita copia de los decretos de nombramientos y el acta de posesión de la doctora Lucy Jeannette Bermúdez como funcionaria de dicho órgano de control, así como su renuncia protocolaria y la aceptación de la misma por parte del doctor Alejandro Ordóñez”.
Los creyentes de Ordóñez
Mientras esto ocurría a las afueras de la Procuraduría se realizaba una manifestación pública que semejaba a las hechas por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en contra de su destitución a manos del Ministerio Público. Con la diferencia de que los cánticos eran –ahora– para el procurador Ordóñez y que alrededor no había ningún miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios –como es usual en este tipo de manifestaciones– y eso que los seguidores del procurador bloquearon la carrera Quinta durante casi media hora. A lo que hay que agregar es que, a diferencia de otras manifestaciones, la Procuraduría no fue desalojada –todo lo contrario– decenas de funcionarios salieron a apoyar a Petro e, incluso, desde varias de las oficinas del Ministerio Público lanzaron papeles en apoyo a Ordóñez cuya administración ha sido cuestionada por varios sectores de la sociedad incluyendo la comunidad LBGTI, los defensores de los derechos de las mujeres y algunos partidos como el Polo Democrático Alternativo y el movimiento Progresistas.
Incluso un funcionario –que dijo ser amigo de Ordóñez desde hace 40 años– pronunció algunas palabras para pedir la defensa de Ordóñez ante el nuevo orden mundial y la masonería que “nos quieren imponer lo que ya impusieron en Venezuela, los matrimonios entre esos engendros creados por la masonería (al parecer en referencia a los homosexuales) y que estos engendros puedan adoptar a nuestros niños”. De la misma forma los seguidores del procurador repartieron volantes en los que se lee: “Defendemos la vida y la familia, no nos arrodillamos ante el terrorismo, luchamos contra la corrupción, creemos en una paz sin impunidad, despreciamos la politiquería, soñamos y trabajamos día a día por una Colombia mejor. Por eso y mucho más: ¡Estamos con usted, señor procurador”.
En la manifestación hubo de todo: niños de menos de 10 años cargando pancartas, música colombiana y hasta una mujer de unos 60 años que bailaba y levantaba sus manos al cielo como si quisiera que la escucharan en los pisos altos de la Procuraduría, donde tiene su oficina Ordóñez. Los manifestantes marcharon desde la sede de la Procuraduría hacia la plaza de Bolívar y emitieron cánticos casi que iguales a los hechos por los seguidores del alcalde de Bogotá. Solo que la palabra Petro cambió por la palabra Procurador. “Procurador amigo, el pueblo está contigo” “Vamos, vamos, vamos con el señor procurador. Sin corrupción, a defender la institución” “Saquen a los corruptos, no saquen a los correctos” “Queremos fallos jurídicos, no políticos”.
En redes la Procuraduría hizo un curioso corte de cuentas y un balance de su gestión durante estos cinco años –como si diera por hecho la salida del procurador–. Desde la cuenta en Twitter de la Procuraduría se publicaron los siguientes trinos: “20 congresistas, 37 gobernadores, 149 concejales y 308 alcaldes destituidos en administración del procurador Alejandro Ordóñez (2009-2014)”, “20 congresistas (15 senadores y 5 representantes) han sido sancionados disciplinariamente por la Procuraduría en cabeza de Alejandro Ordóñez”. Siendo el primero el siguiente trino: “78 gobernadores han sido sancionados en la administración del procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, por faltas disciplinarias”, publicado a las 8:40 de la mañana de ayer.
La ponencia
Mientras tanto la Sección Quinta del Consejo de Estado estudia la ponencia del magistrado Yepes que señala que la Constitución no habilitaba al Congreso para reelegir al procurador. “A juicio de la sala, el hecho insoslayable de que el constituyente no haya autorizado expresamente la posibilidad de reelección para el cargo de procurador general obedece simplemente a que, a la luz de los principios fundamentales, la reelección per se representa un riesgo para la estructura misma del Estado”.
Y agrega que “la restricción en el tiempo de las facultades y competencias asignadas a los funcionarios, aquí al supremo director del Ministerio Público, busca controlar el poder confiado a los seres humanos, siempre falibles e influenciados por intereses. Se cede espacio a la incertidumbre, al intercambio de favores y a los juegos de dominio para acceder o mantener el poder político cuando los períodos establecidos para el ejercicio de las funciones públicas son determinados por vías diferentes al estricto respeto de la Constitución y la ley”. Su conclusión es sencilla: permitir esa reelección para un funcionario “con su planta de personal y sus extensas facultades de control del poder público desquiciaría el diseño institucional (…) la experiencia histórica ha enseñado a los pueblos que quien detenta el poder tiende indefectiblemente a abusar de él”.
Todo apunta a que de los cinco funcionarios –tres magistrados y dos conjueces– que definen su caso cuatro están de acuerdo con la ponencia de Yepes –los magistrados Yepes y Bermúdez y los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba Triviño– y uno no. Se trata de la magistrada Susana Buitrago que desde un primer momento se ha mostrado a favor de que el procurador se mantenga en el cargo. Sin embargo varios magistrados han propuesto que este caso sea estudiado por la Sala Plena del Consejo de Estado. La solicitud ya fue negada una vez pero los magistrados que lideran la propuesta siguen esmerados en ella. La recusación de ayer y el posible traslado del expediente a la Sala Plena prometen dilatar un tiempo el histórico fallo del Consejo de Estado. Hoy la Sección Quinta decidió aplazar la discusión para el próximo jueves ¿Le alcanzará a Ordóñez con su cruzada para quedarse en el cargo?