CTI de la Fiscalía cuestionó avalúos de pleitos con el GEB en el Eje Cafetero

Uno de los episodios de interceptaciones ilegales que se realizaron desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía entre 2017 y 2018 es el del celular de Felipe Jaramillo, un abogado que representa a varias personas de Risaralda demandadas por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) en medio de unos procesos de imposición de servidumbres legales de energía eléctrica. Según las indagaciones que hizo el ente investigador, las interceptaciones en contra de Jaramillo se dieron en medio de la construcción del proyecto de la subestación de Armenia 230 kV y líneas de transmisión, el cual hace parte de la expansión de transmisión de energía eléctrica en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

Uno de los episodios de interceptaciones ilegales que se realizaron desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía entre 2017 y 2018 es el del celular de Felipe Jaramillo, un abogado que representa a varias personas de Risaralda demandadas por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) en medio de unos procesos de imposición de servidumbres legales de energía eléctrica. Según las indagaciones que hizo el ente investigador, las interceptaciones en contra de Jaramillo se dieron en medio de la construcción del proyecto de la subestación de Armenia 230 kV y líneas de transmisión, el cual hace parte de la expansión de transmisión de energía eléctrica en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

Esta obra de expansión energética, que tiene 83 torres eléctricas en el Eje Cafetero (cerca de 38 kilómetros de líneas de transmisión de energía) y la construcción, operación y mantenimiento de la subestación de Armenia, fue adjudicada al GEB en febrero de 2012, por US$10,4 millones. Para la construcción de esta infraestructura eléctrica, cuatro torres de energía se construyeron en el predio El Vaticano, ubicado en la vereda San Roque de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). El terreno, de 44 hectáreas, es propiedad de Consuelo Castaño, quien desde hace casi 40 años es su dueña, y está avaluado en $3.100 millones, según la Cámara Regional de la Construcción (Camacol) en Risaralda.

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Como el GEB y Castaño no pudieron llegar a un acuerdo sobre la cifra con la que ella sería indemnizada por la imposición de servidumbres de energía en su tierra, la empresa la demandó ante un juzgado civil de Santa Rosa de Cabal en mayo de 2013. Felipe Jaramillo tuvo una parte de los derechos litigiosos del proceso. Ante los estrados, la compañía capitalina tasó la indemnización para Castaño en $35 millones. Luego, en agosto de 2013, el juzgado civil ordenó la designación de dos expertos, uno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el otro de la Lista de Auxiliares de la Justicia, para que realizaran un peritaje de avalúo de la indemnización que tendría que recibir la propietaria del terreno.

Pasaron cinco años para que el proceso de servidumbre llegara a su fin. En este episodio, en el que se presentaron tres informes y solo se tuvo en cuenta el último, elaborado por los peritos Esteban Cadavid y Miguel Duarte en enero de 2015, se estableció que el valor indemnizatorio debía ser de $736 millones, 21 veces lo que ofrecía el GEB. Al final, tanto el juzgado como el Tribunal Superior de Pereira —este último en 2017— ordenaron indemnizar a Castaño por $1.300 millones (37 veces la oferta del GEB), por los intereses generados durante el tiempo que duró el pleito.

En enero de 2018 llegó una denuncia anónima al canal ético del Grupo de Energía de Bogotá, en la que se alertaba de que en Risaralda existía supuestamente un cartel de servidumbres de energía eléctrica compuesto por funcionarios de la Rama Judicial, abogados y otras personas con el fin de cobrar indemnizaciones de forma fraudulenta, aunque la denuncia no mencionaba nombres concretos. En ese momento, según el ente investigador, la compañía del Distrito empezó a buscar a una consultora que investigara sobre este supuesto cartel que operaba en el Eje Cafetero.

En febrero de 2018, los abogados del GEB denunciaron ante la Fiscalía que las labores para realizar dos de los informes de El Vaticano se hicieron con “datos falsos” y con procedimientos “contrarios a la ley”, porque se basaron en una ley de procedimiento del IGAC de 1998 y no en la vigente, que data de 2008. Según los abogados del GEB, los peritos cometieron fraude procesal, prevaricato y falsedad ideológica. Por eso la Fiscalía realizó en diciembre pasado una inspección al juzgado civil de Santa Rosa de Cabal, en donde reposa el informe hecho por los peritos sobre el caso El Vaticano.

Pero al caso llegó un documento que podría comprobar el cartel de servidumbres del que sospecha el GEB. Se trata de un dictamen bajo reserva elaborado por el CTI en julio de este año, en el que, en resumen, se determina que los peritos Duarte y Cadavid “pasaron por alto” la ley vigente para calcular la indemnización: “El dictamen circunscribe errores en la cuantificación de las áreas, errores en la aplicación de la metodología y en la consideración de las normas valuatorias, norma territorial, plan de ordenamiento territorial de Santa Rosa de Cabal. Por lo tanto, es un valor equivocado de los daños y perjuicios, ocasionados por la imposición de servidumbres en mayo de 2013”.

El ente investigador calificó el avalúo de Duarte y Cadavid como “contrario a las normas” y dijo que se violaron siete artículos de la ley vigente del IGAC. Además indicó que no existe ningún proyecto radicado o aprobado en la Secretaría de Planeación del municipio que sustente un proyecto urbanizador con el cual se pueda determinar un aumento de la indemnización. Y añadió: “Se aprecian errores en la cuantificación de las áreas, en la doble cuantificación de perjuicio del área”. Por último, sugiere al juez del caso que se realice un nuevo informe para determinar el valor real de la indemnización para el predio El Vaticano.

La Fiscalía tiene bajo la lupa los avalúos de otros dos predios que fueron indemnizados por el GEB en medio de la instalación de las torres eléctricas en Santa Rosa de Cabal: Los Alpes (en el cual Felipe Jaramillo es abogado de la familia) y La Esmeralda. En estos peritajes también participaron Duarte y Cadavid, junto con Carlos Gómez Lee, otro perito que realizó un informe en el caso El Vaticano y que la Fiscalía reprobó. “El avalúo presenta falta de objetividad, certeza de fuentes, transparencia (...) sus datos no son comprobables (...) no provienen de fuentes fiables”, señaló el ente investigador. El GEB dice que otros 13 procesos tendrían irregularidades en el proceso para tasar las indemnizaciones.

La historia de las chuzadas

Luego de que en enero de 2018 llegara la denuncia anónima a la compañía de energía, según la Fiscalía, entre febrero y mayo de 2018, el GEB consolidó una relación con Berkeley Research Group (BRG). Esta empresa estuvo hasta hace pocos meses presidida por Laude Fernández, hoy investigado y a punto de ser llamado a juicio por su presunta participación en las chuzadas al abogado Jaramillo Londoño, los miembros del sindicato de aviadores (Acdac) y el gerente general de Enel Codensa, el español Lucio Rubio. El ente investigador señala que el 22 de junio de 2018 el GEB y BRG firmaron un contrato para que se investigara el supuesto cartel de servidumbre en Risaralda.

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Tres días después, Luis Carlos Gómez Góngora, entonces coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, le pidió al fiscal Fabio Martínez Lugo interceptar a Jaramillo, lo cual se hizo ilegalmente, ha admitido la Fiscalía, del 13 julio de 2018 al 14 de agosto de ese año. Gómez Góngora fue detenido en diciembre pasado y aceptó cargos. En junio de este año fue condenado a ocho años en prisión. Por su parte, Martínez Lugo, quien era fiscal delegado ante jueces especializados, fue capturado en mayo pasado dentro del búnker de la Fiscalía y, aunque negó su participación, fue enviado a La Picota mientras las indagaciones continúan. A finales de septiembre pasado fue llamado a juicio.

Cuando finalizó la chuzada en contra de Jaramillo Londoño, en agosto de 2018, el escándalo de las interceptaciones dentro de la Fiscalía no se había destapado. Las alarmas se empezaron a prender en el GEB a finales de octubre de 2018, cuando Laude Fernández fue capturado por ser, presuntamente, el enlace entre la red criminal de chuzadas en el ente investigador y Avianca, la cual contrató los servicios del BRG en medio de la huelga que inició el sindicato de aviadores a finales de 2017. Mientras tanto, el GEB asegura que le pidió a la casa matriz de BRG (en EE. UU.) explicaciones sobre lo que sucedió con Laude Fernández.

De acuerdo con el GEB, que se ha declarado como perjudicado, en diciembre de 2018 la multinacional consultora respondió que a Fernández se le concedería una licencia y sería reemplazado por Ernesto Carrasco, director del BRG en México. Sin embargo, esa licencia no habría durado mucho, porque Laude Fernández recobró su libertad en noviembre de 2018 y solo fue apartado de su cargo totalmente cuando fue recapturado en julio de este año. En enero de 2019, el GEB se reunió con Carrasco y Pilar Hernández, cercana al círculo de Fernández en BRG y quien trabajó una década en el DAS. En esta y otras reuniones se empezó a plantear la finalización del contrato entre las dos compañías.

Este contrato, que habría acabado por mutuo acuerdo en marzo pasado, ahora está en manos de la Fiscalía, pues fue suministrado por el GEB en junio pasado en la inspección del CTI en sus oficinas. A su vez, ese documento también se encontró en el allanamiento al BRG en junio pasado. Hasta el momento no se sabe en detalle en qué condiciones se acabó la relación comercial. El GEB, que dice ser víctima dentro del proceso contra Laude Fernández, señala que la información que se entregó a BRG para que investigara el supuesto cartel de servidumbre, es decir, los datos personales de Felipe Jaramillo, aparecen en los documentos del caso del predio El Vaticano.