En un documento de 12 páginas, la Fiscalía General decidió investigar cuatro casos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, de manera conjunta. Es decir, bajo un mismo expediente judicial con el fin de que su avance sea ágil, tras 13 años de estar quieto.
La decisión de la Fiscalía, publicada por el periodista Daniel Coronell y conocida por este diario, señala que los casos que serán integrados eb un mismo expediente son: del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio; la desaparición de los empleados de la cafetería, visitantes ocasionales del Palacio de Justicia y la guerrillera Irma Franco. Entre esos desaparecidos está el administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez Vera, la cajera Cristina Guarín y el chef David Suspez.
El tercer expediente acumulado será los asesinatos del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Jaime Alberto Córdoba y el subteniente de la Policía José Rómulo Fonseca Villada, Maria Teresa Barrios, Carlota Sánchez, Blanca Ramírez, Luis Humberto García, Obdulio Romero, entre otros. Y la cuarta investigación será la que indaga la muerte de militares, miembros de la Policía y agentes del DAS.
La toma del Palacio comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Estado.
El Ejército, en una operación liderada por el general Jesús Armando Arias Cabrales, retomó a sangre y fuego el edificio, acción que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en 2014 responsable al Estado colombiano por “ciertas violaciones de derechos humanos” en la toma del Palacio. La semana pasada, El Gobierno estadounidense anunció este viernes sanciones contra el exgeneral colombiano Jesús Armando Arias Cabrales y contra su familia, por su participación en la retoma del Palacio, considerada por ese gobierno como “una grave violación de los derechos humanos”.
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