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Cinco empresarios irán a juicio por el caso Daily Cop, en el que se habrían lavado dineros del narcotráfico a través de criptomonedas en la que invirtieron cerca de 200.000 personas. Los cinco acusados tendrán que responder por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
La Fiscalía acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón. Estas personas, según la investigación de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, habrían hecho parte del grupo de empresarios que dio apariencia de legalidad a los dineros que llegaban por las criptomonedas.
Adicionalmente, dice el ente investigador, Adams Suárez sería el contador y revisor fiscal de varias de las compañías involucradas. Por su parte, Giraldo López estaría implicado en la promoción del esquema ilegal y la captación de recursos, según la Fiscalía. El grupo conformado para los fines ilegales captó a miles de personas a través de redes sociales y publicidad con influencers, prometiendo tener rentabilidades del 0.5 diario y el 12% mensual.
Quienes confiaron su dinero a la inversión ilegal nunca recibieron los dineros prometidos y se descubrió que las empresas asociadas habrían utilizado los ahorros de las personas para enriquecerse comprando bienes inmuebles y vehículos de alta gama.
Lo que se sabe hasta el momento del negocio ilegal, en septiembre de 2020, un grupo de empresarios en Valle del Cauca y Nariño contrató a varios ingenieros de sistemas para desarrollar una criptomoneda, sin saber que esta sería empleada para lavar grandes sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Los narcotraficantes, quienes se camuflaban como empresarios en el sur del país, habrían establecido una red de 14 empresas para disimular estas operaciones, mientras los ingenieros completaban los aspectos técnicos de la moneda digital. En 2021, cuando Daily Cop comenzó a operar, las actividades se llevaban a cabo sin contar con los permisos y regulaciones exigidas, según informó la Fiscalía.
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