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El 24 de enero, el Gobierno nacional declaró oficialmente el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta, y en los municipios de Río de Oro y González (Cesar). La medida, que estará vigente por un periodo inicial de 90 días, fue adoptada en respuesta al aumento de enfrentamientos armados entre el ELN y disidencias de las Farc por el control territorial de la zona.
El estado de conmoción interior, según el decreto, permitirá al Gobierno adoptar medidas extraordinarias en materia contractual, con el fin de agilizar la asignación de recursos para garantizar la seguridad y estabilidad institucional en la región. Estas acciones estarán acompañadas de estrictos mecanismos de control para asegurar la transparencia en el uso de los recursos.
Desde el pasado 16 de enero, la región del Catatumbo enfrenta una grave crisis humanitaria y de seguridad debido al aumento de las hostilidades del ELN contra la población civil, líderes sociales, comunidades indígenas Barí y campesinas. Según el Gobierno Petro, la intensidad de los enfrentamientos armados y las operaciones militares han generado un contexto de extrema violencia, desplazamientos masivos y confinamientos que afectan profundamente a la población.
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De acuerdo con datos recopilados por las autoridades en los Puestos de Mando Unificados (PMU), hasta el 21 de enero se han confirmado 381 homicidios, entre ellos seis firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016. Sin embargo, la cifra podría ser mayor debido a las dificultades en la recuperación e identificación de cuerpos en las zonas más afectadas. También se han reportado numerosos casos de desapariciones forzadas y lesiones personales.
La crisis ha obligado a la evacuación de 395 personas, incluidas 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares, quienes buscan refugio en unidades militares. Además, está pendiente la evacuación de otras 52 personas en riesgo. La región ha experimentado un aumento significativo en los ataques contra firmantes del Acuerdo. Según cifras oficiales, desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2024, 22 de ellos fueron asesinados en el Catatumbo.
En su sentencia SU-020 del 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido al insuficiente cumplimiento de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación y sus familias. La Corte enfatizó que esta población enfrenta graves riesgos, no solo para sus derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la seguridad y la paz, sino también para los procesos que garantizarían el éxito de su reincorporación.
Otro punto clave del reciente decreto, son las cifras de desplazamiento forzado, que también han alcanzado niveles alarmantes en los últimos días. Según el Comité de Justicia Transicional, hasta el 22 de enero de 2025, 36.137 personas han sido desplazadas en la región. Este número contrasta con los 5.422 desplazados reportados durante todo el año 2024, reflejando la gravedad del escalamiento del conflicto.
El PMU departamental informó que 16.482 personas desplazadas se encuentran en albergues y refugios distribuidos en municipios como Cúcuta (8.756 personas), Ocaña (5.725), El Tarra (709) y Tibú (862). En municipios como Teorama, San Calixto y Tibú, unas 7.122 personas permanecen confinadas, enfrentando limitaciones de acceso a servicios básicos y asistencia humanitaria.
Además, la crisis ha provocado un aumento en el flujo migratorio hacia Venezuela. Entre el 17 y el 19 de enero de 2025, aproximadamente 700 personas por día cruzaron la frontera, cifra que disminuyó a 400 personas diarias entre el 20 y el 21 de enero, de acuerdo con datos aportados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Alcaldía de Cúcuta también ha atendido a 15.086 personas desplazadas como consecuencia del recrudecimiento del conflicto, destacando el desbordamiento institucional en los municipios receptores, lo que afecta su capacidad de brindar protección y asistencia adecuada. Asimismo, la violencia en el Catatumbo ha impactado también a municipios colindantes en el departamento del Cesar, como Río de Oro y González, que han recibido población desplazada debido a los ataques y amenazas perpetrados por el ELN en la región.
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Una región clave para el narcotráfico
El Catatumbo, una de las regiones más afectadas históricamente por el conflicto armado, está compuesto por municipios como Tibú, Sardinata, Ocaña, Hacarí y Convención, además de territorios indígenas como los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. En esta región operan diversos grupos armados, incluyendo el Frente de Guerra Nororiental del ELN, las disidencias de las Farc (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia), el Clan del Golfo y otros grupos delictivos que se disputan las rutas de narcotráfico de la región fronteriza con Venezuela.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno para promover programas de sustitución de cultivos ilícitos y fomentar economías legales en la región del Catatumbo, los resultados han sido limitados. Según el reporte de 2023 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), los municipios de Norte de Santander que conforman el Catatumbo concentraban 43.178 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % estaban ubicadas en Sardinata y Tibú. Este problema ha empeorado con el crecimiento del mercado ilícito de coca y el fortalecimiento de economías ilegales que financian al ELN.
El 15 de noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2024, advirtiendo sobre el alto riesgo para distintos sectores poblacionales en municipios del Catatumbo y el sur del Cesar. La alerta señala que el conflicto armado interno ha adquirido nuevas dinámicas en los últimos meses, exacerbando las amenazas contra la población.
La Defensoría del Pueblo recomendó al Gobierno nacional y a las entidades estatales la adopción de medidas urgentes para prevenir y mitigar las amenazas, incluyendo estrategias de disuasión, acceso a la justicia, judicialización de los responsables y atención humanitaria para las comunidades afectadas.
En respuesta a las recomendaciones de la Defensoría, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han intensificado las operaciones en la región. Estas incluyen la incautación y destrucción de laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína, actividades de vigilancia para identificar actores criminales y capturas relacionadas con delitos como hurto y extorsión. También se han desplegado medidas de protección para la población civil en el marco de esta crisis.
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A pesar de esas acciones, la situación en el Catatumbo sigue siendo crítica. Los riesgos para los firmantes del acuerdo de paz y la población civil no solo reflejan las fallas en la implementación de los compromisos del Acuerdo Final, sino que también evidencian la persistencia de economías ilegales y dinámicas de violencia que afectan gravemente la estabilidad de la región. La Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional instan al Estado a redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades y avanzar en una solución integral al conflicto en esta zona estratégica del país.
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