Durante los doce años en que se desempeñó como presidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), cargo que ocupó hasta hace tres meses, Andrés Portilla hizo pública su gran preocupación por la entrada ilegal de ganado de Venezuela a Colombia, por el riesgo para la salud pública y porque afectaba el negocio de los ganaderos que trabajan legalmente. Pero todo era una puesta en escena: el principal dirigente ganadero de Norte de Santander resultó siendo el líder de una organización que contrabandeaba reses en la región, en la que participaron también funcionarios del ICA, del Invima y otros ganaderos, estableció la Fiscalía.
Andrés Portilla proviene de una familia de prestantes ganaderos que terminó enlodada por el contrabando. Diego Portilla, su hermano, gerente de una sede de Friogán, fue llamado a juicio el 14 de mayo de este año por supuestamente hacer parte de esta red contrabandista y está detenido. Y el pasado 12 de agosto, ante la fuerza de las evidencias expuestas por el fiscal del caso, a Wilson Lindarte, a Andrés Portilla Luna y a su socio Carlos Cáceres Rodríguez no les quedó sino aceptar los cargos imputados: concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando, violación de medidas sanitarias y enriquecimiento ilícito.
La caída de este “cartel” comenzó el 15 de febrero de 2013, cuando funcionarios de la DIAN y de la Policía Fiscal y Aduanera llegaron hasta la planta de sacrificio de Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán), ubicada en el kilómetro 13 de la vía Cornejo-San Cayetano (Norte de Santander). Allí fueron atendidos por Diego Portilla, gerente del frigorífico –uno de los cinco que la empresa tiene en el país–, quien les presentó unas guías sanitarias de movilización del ganado que no coincidían con las reses que estaban en el corral en ese momento y que, en cambio, presentaban marcas de hierros similares a los que se utilizan en Venezuela.
Ese día fueron incautadas 74 reses, avaluadas en $45 millones; comenzó la investigación. A punta de revisar el archivo de guías sanitarias del ganado sacrificado en la planta, la Fiscalía descubrió muchas irregularidades. Encontró que reiteradamente las guías de movilización eran expedidas días después de que el ganado entraba a la planta, o registraban que los semovientes eran desplazados en cuestión de minutos desde fincas o puestos de control del ICA hasta el frigorífico, cuando esos trayectos podían tardar horas.
Además, al ser cuestionados por la Fiscalía, varios de los transportadores que figuraban como los responsables de los movimientos de ganado dijeron no haberlos realizado, por lo que se indaga si fueron suplantados. Otros declararon haber sido engañados; unos, incluso, obligados. Miguel Ángel Oliveros, funcionario del Invima, declaró bajo juramento que, al menos en el caso en el que se vio envuelto (el supuesto desplazamiento de reses desde la finca Palmasola a Friogán), era ganado de contrabando, venía de Venezuela y “los formatos se llenaban por cumplir, por dar apariencia de legalidad”.
Luisa Serrano, la esposa de Andrés Portilla, también resultó involucrada, al figurar como la ganadera a cargo de los bovinos procedentes de Villa Claudia, una de las varias fincas de donde, al menos en el papel, provenía el ganado irregularmente registrado, aunque realmente procedía de Venezuela. En total, según cálculos de la Fiscalía amparados en los registros de finales de 2012 y los primeros meses de 2013, 2.194 semovientes fueron sacrificados en Friogán bajo la tutela de Andrés Portilla y Carlos Cáceres, las cabezas de estas operaciones ilegales, de los cuales, 1.224 serían de contrabando.
Lo que halló la Fiscalía fue una cadena de contrabando que empezaba en Venezuela, donde el ganado se vende a un precio mucho menor que en Colombia. Allá, una res cuesta unos $250.000, mientras que acá se vende por encima de $1 millón. Ese ganado, que no aparece en el Registro Único de Vacunación exigido, era transportado en muchos casos de manera clandestina. Con colaboración de funcionarios del ICA se obtenían las guías sanitarias de movilización y una vez en Friogán, se sacrificaba, en ocasiones a nombre de un tercero, con la complicidad de miembros del Invima. La carne producida por el cartel iba a parar a establecimientos comerciales y a los comedores de la región.
Toda esta máquina ilegal ya estaba en marcha cuando Armando Daza, presidente de Friogán, desmintió las denuncias del entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en febrero de 2013, sobre la participación de la empresa en el contrabando de reses.
Tanto Friogán como la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), a la cual está afiliado el Comité de Ganaderos de Norte de Santander, se lavaron las manos. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, dijo en ese entonces que toda la responsabilidad la tenía el ICA, por ser el encargado de emitir las guías de movilización. El tiempo y la Fiscalía les dieron la razón al exministro Restrepo y a la DIAN.
Por Jaime Flórez Suárez
