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Desde hace varios años, usted se empeñó en “resignificar” unos sitios en donde ocurrieron hechos atroces – torturas, desapariciones, asesinatos – cometidos en el holocausto del Palacio de Justicia (1985). Su propósito acaba de fructificar con una medida que acaba de adoptar la JEP. Pero antes de entrar en materia: ¿qué quiere decir “resignificar”?
Cuando hablamos de resignificar espacios, nos referimos a transformar el sentido y la connotación que tienen los lugares en donde se cometieron los crímenes del Palacio: que dejen de ser asociados, exclusivamente, con el dolor, la represión y la violencia; y pasen a ser sitios de reflexión y pedagogía sobre nuestro pasado y sobre los valores democráticos que queremos para organizarnos como sociedad. No se pretende borrar los sucesos brutales de ese episodio sino todo lo contrario: resignificarlos para hacerlos visibles, reconocerlos en voz alta, acabar con la impunidad espacial, mirar de frente el pasado y tomar lecciones para el futuro. Por supuesto, se parte de la base de que las personas que fueron violentadas allí, serán honradas. Pero su recuerdo tendrá un nuevo sentido que nos obligará a elevar nuestros estándares éticos como nación.
¿Cuáles son los espacios que serán intervenidos, de acuerdo con esta decisión de la JEP sobre el Palacio de Justicia?
En el Auto del 15 de abril pasado (mag. sustanciador Raúl Eduardo Sánchez), de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, se adopta medida cautelar para resignificar la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón (militar) del Norte y el Cementerio Sur “con el fin de que se disponga el cuidado, protección y conservación de (esos) tres lugares de memoria histórica… (de tal forma que) permitan los duelos necesarios y los procesos restaurativos que contribuyan a reparar el daño causado el 6 y 7 de noviembre de 1985” en el Palacio de Justicia.
¿Cuál es la utilidad de esa medida cautelar y su repercusión en materia histórica y construcción de ética social?
Cuando regresé a Colombia, me di cuenta de que algunos de los espacios más significativos de ejecución de esos actos criminales, no han sido visibilizados de ninguna manera. Simplemente, no había nada: solo silencio y ocultamiento. Empecé a pensar sobre cómo se construían, en antiguos centros de violencia y represión, lugares de memoria histórica, una determinación que se toma de manera casi automática en otros países. Recordé, por ejemplo, la ex ESMA, en Argentina (sitio clandestino de detención, tortura y exterminio de la dictadura militar, 1976 -1983), hoy, convertida en un área reconocida por la Unesco como patrimonio cultural, por los testimonios que recoge sobre el terrorismo de Estado; en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, (campo de tortura y exterminio de Pinochet (1973 – 1979), ubicado en las afueras de Santiago de Chile; o en otros tantos sitios resignificados alrededor del mundo, en particular, en Alemania, en donde los monumentos de este tipo son visibles por todas partes. Por ejemplo, cerca de mi casa, en Berlín, se encuentra el lugar en donde funcionaba la Gestapo (policía secreta) y las SS (escuadrones de protección) del régimen nazi. Ahí queda, ahora, una especie de museo llamado Topografía del Terror con sentido altamente pedagógico. Por eso, las medidas cautelares de la JEP, le abren paso a Colombia para iniciar este camino que también es de restauración y justicia.
Como usted afirma, la cultura de memoria no existe en Colombia. Por el contrario, el negacionismo histórico es corriente. ¿Por qué acudió a la JEP como vehículo judicial para concretar su idea?
Ante la falta de comprensión sobre lo que significa la “memorialización” (cultura de la memoria o afrontamiento del pasado) como núcleo central de los procesos judiciales de transición, y ante la ausencia de caminos administrativos, pensé que las medidas de reparación y satisfacción, que son centrales en la JEP, podrían encajar en ese propósito. Es atípico que esta actividad se viabilice mediante la ruta judicial. Pero tengo claro que un objetivo central de la Fundación Carlos Urán (mi padre, asesinado en la retoma del Palacio) es memorializar esos sitios. Entonces, acudí a la Jurisdicción.
La visibilidad y aceptación de responsabilidad de los hechos atroces del pasado, recordados a través de monumentos, murales, exposiciones de fotografías, etc., ¿cuánta repercusión tiene en la moral pública?
Tiene una repercusión ética significativa. En la sociedad, incide, en primer lugar, el hecho de que una entidad del Estado reconozca que sus espacios fueron utilizados por sus agentes o representantes, para cometer crímenes atroces. Todos sabemos esa verdad, pero no se ha explicitado en lugares de autoridad. Este paso encarna un reconocimiento de la relación que tuvieron esos sitios con actos de violencia. Expone cómo la arquitectura guarda la memoria: es testigo y narradora, a la vez. Los sitios de memoria “hablan”: su estructura, sus vacíos, sus ruinas o su reconstrucción (como en el caso del edificio del Palacio de Justicia), cuentan una historia. La disposición espacial organiza la memoria colectiva y enseña a mirar el pasado de una manera más madura, más consciente y democrática. Además, nos hace reflexionar en que estos temas no solo conciernen a las víctimas, sino que son un asunto social que nos interpela a todos. Resignificar y preservar lugares de memoria es, también, una forma de construir futuro.
Es triste, pero lo cierto es que los colombianos menores de 40 años no conocen lo que sucedió en el Palacio; y algunos mayores de esa edad, a duras penas lo recuerdan. ¿Qué ocurrió específicamente en la Casa del Florero, en las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá y en el Cementerio del Sur de esta ciudad?
Si es verdad que la gente no sabe lo que sucedió en el Palacio, no siempre se debe a apatía histórica sino a que la política que ha predominado, en Colombia, ha sido la de olvido y silencio. Quiero aclarar que, cuando hice esta solicitud a la JEP, no pensé solo en las víctimas del Palacio pero, debido a lo que sucedió con mi padre allí, ese era el único camino que permitía mi solicitud la cual, en realidad, apunta a que todos entendamos cómo ha funcionado la represión en Colombia y cómo ha sido la infraestructura cultural que ha permitido que estas cosas pasen. Las caballerizas del Cantón Norte, por ejemplo, han sido usadas, durante años (y no solo en los días del asalto al Palacio), para detener y torturar personas. La Casa del Florero fue utilizada, mientras sucedían los hechos del Palacio, para “seleccionar” a los rehenes. En su interior, los militares determinaban quiénes debían subir al segundo piso en donde eran sometidos a interrogatorios que, cada vez, se hacían más violentos. Ahí mismo se decidía a cuáles batallones u otros lugares del Ejército eran enviados los “sospechosos” para continuar con las torturas. El Cementerio del Sur es importante porque en su terreno se encontraron fosas comunes con los cuerpos de algunos desaparecidos. Mi idea, entonces, es visibilizar el recorrido de memoria que comunique cada uno de los sitios en donde retuvieron a los rehenes, los torturaron y, finalmente, los desaparecieron sepultándolos como NN.
¿Por qué la JEP no incluyó en las medidas cautelares, al Batallón Charry Solano en el cual se cometieron crímenes de desaparición forzada y en cuyos campos hay sepulturas clandestinas, como consta en investigaciones e informes?
Sí, es cierto: falta incluir el Batallón Charry Solano. Además de los hechos que usted menciona que sucedieron en ese sitio, esa fue la guarnición militar adonde llevaron, detenidos, a los dos estudiantes del Externado Yolanda Santodomingo y Eduardo Madson, (quienes también fueron torturados), así como un empleado de Legis y otros más. Hice mi solicitud inicial sobre los tres lugares que fueron cobijados con la medida cautelar. Posteriormente, pedimos, junto con otros solicitantes, que se incluyera el Charry Solano. No sabemos por qué no lo cobijaron con la misma protección pero vamos a insistir.
En el Auto de la JEP, ¿qué se ordena ejecutar, en concreto, en la Casa del Florero para adaptarla a la cultura de “memorialización”?
La Casa del Florero ya adaptó, desde el año pasado, una de sus salas con este objetivo. Cuando la conocí, habían instalado algunas señalizaciones y se había organizado una exposición con temas relacionados con el Palacio. Pero me di cuenta de que solo se mencionaba a unos desaparecidos. Es importante recordar la memoria de todas las víctimas, absolutamente todas, con independencia de si eran empleados, magistrados, u otras personas que estaban dentro del Palacio. Pero, más allá de lo que ha decidido, la Casa del Florero debe contar cómo fue usada durante la operación militar: ¿por qué se definió que ese era el lugar adonde podían llevar a los rehenes?; ¿Cuáles batallones participaron? ¿Quién era el superior que estaba a cargo y hasta dónde llegaban sus responsabilidades? ¿Qué pasó con los empleados de la casa durante esos dos días y qué ocurrió después? Ese museo, que fue convertido en una casa del terror, debe ser explícito en la exposición de lo que vivieron los rehenes al atravesar sus paredes. Y, sobre todo, debe enseñarles, a los ciudadanos, que lo sucedido, ahí, es absolutamente reprochable.
Entonces, ¿es insuficiente una sala y una exposición para “resignificar” esa edificación?
No, no es suficiente, pero es un avance. La Casa del Florero debe revisar y solucionar cómo conciliar, en su mismo espacio, dos sucesos ocurridos allí que parecen contradictorios: el primero, relacionado con los movimientos de Independencia, de comienzos de nuestra historia republicana. Y, el segundo, los violentos actos de represión de hace 40 años, en nuestra historia moderna.
En cuanto al Cantón militar del Norte, ¿cuáles monumentos, murales, fotografías u otros objetos de memoria se deberán instalar en ese sitio, según ordena la JEP?
Mi solicitud inicial, en cuanto al Cantón, era mucho más ambiciosa: consistía en correr la reja de las caballerizas que separan el andén del complejo, del espacio público, y abrir esa parte del Cantón para uso de la ciudad. Se convertiría en un espacio verde abierto, un parque de memoria en el que se recordara cómo fue abusado ese lugar; sería un ambiente de cultura para hacer charlas, exposiciones y eventos de memoria, en fin, de pedagogía. No es nada extraordinario: en muchos países se han desarrollado este tipo de iniciativas porque son democráticas y justas. Los militares, consultados por la JEP, contestaron que no podían desarrollar el proyecto que describí, por motivos de seguridad, pero, llama la atención que, en cambio, no vean peligros cuando ingresan, indistintamente, civiles a tomar clases de equitación. Es claro que el tema no les apasiona. La JEP decidió, entonces, resignificar el separador de la avenida Séptima e instalar dos murales. Esta medida, aunque tímida, es importante para empezar el diálogo con la ciudadanía sobre su propio pasado.
¿Se refiere al separador al frente del Cantón Norte? Y los murales ¿en dónde se ubicarán y con cuáles contenidos?
Sí, se trata del separador que divide la avenida Séptima, para la circulación de carros en los sentidos norte y sur. La idea es poner, allí, exposiciones seguramente con fotografías, mapas, y textos explicativos sobre lo que ocurrió en el interior del Cantón. Los murales deberán instalarse en el andén, al lado de la estructura militar.
Entiendo que la JEP incluyó la orden de cubrir con actos de memoria, no solo el Cantón sino otros espacios del Ejército.
Esta medida que usted menciona, fue decidida por iniciativa de la JEP y lo celebro porque abre la puerta para conocer que los actos violentos ocurridos en las caballerizas del Cantón Norte o en el Charry Solano, no eran exclusivos de esas dos guarniciones; también sucedieron, en otros contextos, en muchos batallones del país.
Respecto del Cementerio del Sur, por ser un camposanto, ¿tendrá un tratamiento especial y la “memorialización” será diferente?
Está por definirse. Estos procesos deben ser ejecutados por expertos en construcción de memoria histórica. En Colombia no hay o debe haber solo unos pocos especialistas en este tema, pero lo que se decida, debe quedar bien hecho. Los actos de resignificación del Cementerio deben ser más especializados: no es un espacio para eventos o actividades. Siendo un camposanto, debe ser tratado con especial cuidado pero sí debe estar señalado como uno de los lugares del circuito de terror creado por los hechos del Palacio.
Usted, su madre y sus hermanas son víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia porque su padre y esposo (magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán) fue asesinado allí. Además de ustedes, ¿cuáles y cuántas víctimas tendrán voz y voto en la organización y construcción de los sitios de memoria?
Mi postura es que, si participamos algunas víctimas, deben ser incluidas todas. No solo las de la cafetería, no solo los hijos de los magistrados. He sido muy insistente en este punto porque no siempre ha sido así. Busqué que otras personas se adhirieran al proceso, pero hubo mucha tensión interna y se retiraron. Sin embargo y sin entrar en detalles, quienes deben tener voz protagónica, en mi opinión, son los sobrevivientes de las torturas. Y, junto con ellos, deben estar, necesariamente, los expertos en memorialización que dirijan la reconstrucción de estos espacios para no perder el sentido de resignificación de los lugares indicados por la JEP. Hay tanta información y tantos archivos judiciales, fílmicos y literarios con testimonios, que casi podrían empezar a trabajar de inmediato.
La alcaldía de Bogotá retiró una placa conmemorativa de los hechos del Palacio de Justicia, porque no satisfacía la historia. El pebetero con fuego eterno puesto en la mitad del nuevo palacio, tampoco ha sido del agrado de unos familiares de quienes murieron en noviembre del 85. ¿Por qué esos objetos no lograron su finalidad?
La placa de la alcaldía se retiró porque, a partir de la solicitud de memoria que hice ante la JEP, funcionarios de esa jurisdicción indagaron sobre lugares de memoria, en Bogotá, por los hechos de Palacio, y constataron que no había ni uno. Solo encontraron esa placa de la alcaldía, que llevaba años instalada y que no narraba los sucesos, de manera proporcional, respecto de los hechos que constan en la historia y en varios fallos judiciales. El cambio de esa placa, el año pasado, estuvo cargado de tensión y, al final, solo participaron unos cuantos familiares de víctimas de la cafetería.
Una cosa es ordenar y otra, ejecutar: la intervención de esos tres lugares, según manda la JEP, ¿no será una tarea difícil de adelantar por la cantidad de grupos que intervendrán, por los sentimientos de dolor que revivirán y, también, por el rechazo de los sectores militares y políticos que todavía niegan la historia?
La oposición al reconocimiento de hechos como los ocurridos en el Palacio, siempre va a existir. El negacionismo no desaparecerá de la noche a la mañana, y muchos de quienes han cometido actos de terror o sus sucesores, le tienen, precisamente, terror a la verdad. Sea como sea, hay una sentencia contundente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Palacio de Justicia. Y esta acción de memorialización, ordenada por la JEP, será apoyada y vista con buenos ojos en ese y otros ámbitos internacionales. Es seguro que estos organismos tendrán voluntad de acompañar, asesorar y vigilar que los actos que se emprendan, se desarrollen en forma adecuada y en función del respeto por los derechos humanos y por el derecho a la memoria que tenemos todas las naciones.
Finalmente, los sectores que se oponen a la JEP, que se opusieron a la Comisión de la Verdad, a los acuerdos de paz del Estado colombiano con grupos alzados en armas como el M-19 y las FARC, dirán que por qué no se dedican también espacios para recordar las atrocidades cometidas por las guerrillas. ¿Qué les contestaría usted?
No se puede ignorar un hecho significativo a la luz de las responsabilidades: los guerrilleros no actuaban a nombre del Estado, no tenían mandato gubernamental ni manejaban espacios oficiales o presupuestos públicos. Por lo mismo, no existen guarniciones de la guerrilla ni lugares estatales que fueran de su exclusividad. Las anteriores consideraciones, explican por qué las deudas históricas del M-19 con la sociedad, son diferentes de las de los estamentos militares. Desde luego, es necesario examinar las conductas delictivas del M-19 en la toma del Palacio pero ese proceso requiere otros tipos de tratamiento, de trámites y de rutas.
