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La fiesta se les aguó en cuestión de horas. En medio de la celebración por sus victorias en las urnas, a Wadith Manzur y Karen Manrique los arrolló la realidad de un proceso judicial que los tiene hoy en prisión, en lugar de en festejos por sus logros en las urnas del pasado domingo. Ambos fueron capturados por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que los investiga por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Manzur, que pasaba de la Cámara de Representantes al Senado, obtuvo 134.914 votos, la cuarta más alta en el Partido Conservador; y Manrique, con 5.640, buscaba repetir periodo en la Cámara como candidata a una curul de víctimas de Arauca.
Una votación histórica para ambos que fue, en buena parte, la razón de base para que el alto tribunal ordenara su detención el pasado 11 de marzo. De acuerdo con la Sala de Instrucción de la Corte, el hecho de que Manzur y Manrique lograran reelegirse en el Congreso, representa un riesgo para el proceso, pues considera que pueden obstruir a la justicia por sus contactos e influencias. Además, señaló el alto tribunal, los considera un peligro para la sociedad. Sus capturas se oficializaron este 12 de marzo. Ella se entregó ante agentes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía (Sijín) en Tame (Arauca) y él lo hizo en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.
Al ordenar su captura, la Corte Suprema hizo una movida crucial dentro de este expediente: resolvió su situación jurídica y, como consecuencia, los llamó a juicio por el delito de cohecho impropio. Esa decisión también cobija a otros cuatro congresistas y un exrepresentante: Liliana Esther Bitar (Partido Conservador); Julián Peinado y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). Después de meses de analizar testimonios, chats, videos de cámaras de seguridad y confesiones, que fueron armando pieza por pieza el rompecabezas del escándalo de la Ungrd, todos han dicho que nada tienen que ver con las acusaciones de la Corte y que ahora probarán su inocencia.
La Sala de Instrucción los llamó a juicio porque, supuestamente, negociaron proyectos públicos a cambio de aprobar créditos de la Nación como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Sobre Wadith Manzur y Karen Manrique hay evidencias comprometedoras. El Espectador reveló en su edición del 16 de marzo de 2025, los chats que enredan a ambos políticos. Esas conversaciones, en poder de la Corte Suprema, sirvieron como prueba de que ambos congresistas reelectos acordaron la entrega de tres proyectos, por más de COP 92.000 millones en municipios de Arauca, Bolívar y Córdoba, a cambio de su apoyo al gobierno en la CICP. Esos contratos presuntamente se iban a tramitar a través de la Ungrd.
En el centro de esas pruebas están una serie de chats entregados a la justicia por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y hoy testigo clave del proceso. Estas conversaciones, que se extendieron entre octubre de 2023 y febrero de 2024, documentan intercambios directos entre Benavides, Manzur y Manrique, mientras se discutían los créditos internacionales que debía aprobar la Comisión Interparlamentaria. Para la Corte, estos mensajes permiten seguir paso a paso las presiones, negociaciones y gestiones que rodearon la aprobación de esos empréstitos. Uno de los elementos que más llama la atención de los magistrados es el tono de presión que aparece en varios mensajes de Wadith Manzur.
En octubre y noviembre de 2023, el congresista expresó su inconformidad con el Gobierno porque, según él, no se estaban cumpliendo compromisos previos. Por ejemplo, en un chat del 8 de noviembre le dijo a Benavides que los congresistas no se reunirían para discutir los créditos, insinuando que sin garantías no habría quórum. Para la Corte, estas conversaciones sugieren que el respaldo legislativo estaba condicionado a beneficios contractuales. La evidencia también incluye mensajes que revelarían una estrategia para retrasar o desbloquear sesiones de la CICP. Además, Manzur dejó entrever que los congresistas no avanzarían en la aprobación de los créditos mientras no vieran avances en los proyectos prometidos.
El propio congresista llegó a advertir que temía apoyar al Gobierno y que luego “no los necesitaran para nada”. Para los investigadores, estas frases reflejan la lógica de una negociación política que, según la hipótesis del proceso, estaría ligada a la entrega de contratos públicos. Otro punto clave para la Corte es la forma como aparecen intermediarios designados por los congresistas para manejar los supuestos proyectos. En el caso de Wadith Manzur, los chats muestran que él mismo entregó a Benavides el nombre de Harry Bejarano como contacto para coordinar el contrato de Cotorra (Córdoba), estimado en más de $46.000 millones. En los mensajes también quedó registro de que la entonces asesora del Ministerio de Hacienda solicitaba teléfonos de alcaldes y funcionarios locales para agilizar la gestión de esos proyectos.
Las conversaciones también comprometen a Karen Manrique. Según el expediente, ella participó en el proyecto relacionado con una supuesta emergencia en Saravena (Arauca) que, al parecer, nunca existió. En un intercambio del 11 de diciembre de 2023, Benavides le pidió el contacto del alcalde de ese municipio, pero Manrique entregó el número de Camilo Díaz. Para la Corte, ese episodio resulta relevante porque sugiere que la congresista habría designado a un intermediario para manejar el proyecto que supuestamente se tramitaría a través de la Ungrd. Los chats también serían prueba de que, en paralelo a las sesiones de la CICP, el Gobierno intentaba demostrar a los congresistas que los proyectos estaban avanzando.
En varios mensajes, Benavides le informó a Manzur y a Manrique que se estaban contactando alcaldes o intermediarios para destrabar los contratos. Incluso, la Corte tiene conversaciones con el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, hoy condenado por el mismo entramado, en las que se habrían coordinado llamadas a esos contactos. Para los investigadores, estos intercambios refuerzan la hipótesis de que los contratos buscaban asegurar la aprobación de los créditos internacionales. Aunque los contratos finalmente no se materializaron por el escándalo que estalló en la Ungrd, la Corte considera que los chats constituyen evidencia documental relevante sobre cómo se habría intentado ejecutar el acuerdo.
Según el alto tribunal, los chats dejan ver presiones políticas, gestiones y un seguimiento constante a los proyectos prometidos. Por esa razón, junto con testimonios y otros documentos del expediente, estos chats se convirtieron en una de las piezas centrales para sustentar el llamado a juicio de Manzur y Manrique. Además, su detención pone sobre la mesa una discusión: ¿Qué pasará con sus curules? En teoría, ambos partidos perderían esos escaños, pues las detenciones les impedirían posesionarse el próximo 20 de julio y porque el delito por el que fueron capturados es uno que va en contra de la administración pública, por lo que aplicaría la figura de silla vacía. Mientras se aclara el futuro político de ambos, la Corte se alista para iniciar el juicio en contra de ellos dos, además de Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz. Será allí donde todos tendrán que probar su inocencia.
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