¡¡¡De protocolos y otras mentiras...!!! (opinión)

Hoy vengo a compartirles algunas reflexiones acerca de lo que esta sucediendo en las universidades con la adopción de protocolos y rutas para atender las violencias basada en género en época de pandemia. Las instituciones aprovechando el aislamiento y en su afán por tener documentos que puedan exhibir en visitas de registros calificados y procesos de acreditación ante autoridades como el Ministerio de Educación Nacional o el Consejo Nacional de Acreditación e incluso, para “tranquilizar” a las personas que hacen parte de la comunidad académica, expiden normas que “supuestamente” tienen como finalidad prevenir y atender estas violencias, y digo supuestamente porque el efecto es totalmente contrario, estas normas aumentan el ciclo de violencia y en muchos casos revictimizan.

Lejos están esos documentos de ser una preocupación honesta por parte de directivos y personas que contribuyen en su elaboración, son realizados sin la participación de la comunidad académica, documentos que se hacen a puerta cerrada, con pedidos de confiabilidad a las personas que convocan para su revisión, documentos sin discusión, sin diagnósticos previos que permitan identificar las violencias de cada institución, documentos que no tienen en cuenta profesoras y estudiantes activistas, que se han dedicado al estudio de estas situaciones y las han denunciado ante las universidades y públicamente. En la mayoría de los casos porque tienen estigmatizadas estas personas dentro de los claustros universitarios, muy a tono con un fenómeno normalizado en la sociedad colombiana, señalar y perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos en cualquier espacio y territorio.

Varios de los protocolos son un catálogo de definiciones, algunos con bastante descaro, ni siquiera tienen una ruta clara para las víctimas, dejan el conocimiento y el trámite al arbitrio de oficinas y personas que no cuentan con las condiciones para asumirlo, pero tampoco cuentan con equipos de psicólogas con enfoque de género, mucho menos con trabajadoras sociales, ni las adecuaciones físicas para garantizar a la víctima privacidad y acompañamiento una vez pone la denuncia. Los órganos que conocen los casos son los mismos que toman decisiones académicas, en su mayoría integrados por hombres porque la paridad no es un hecho relevante para la toma de decisiones en esos espacios y en estas instituciones que conservan estructuras patriarcales, y prácticas machistas a todo nivel.

Es fundamental que toda norma que tenga como finalidad la atención de violencias basadas en género contemplen el principio de la debida diligencia, las conductas constitutivas de violencia basada en género, en especial aquellas como la violencia sexual, el acoso sexual, el acoso sexista y demás, vulneran la dignidad e integridad personal de quienes las padecen, y, en esa medida, son violaciones a los derechos humanos frente a las cuales las autoridades que conocen de estos casos en etapas de atención, están obligadas a actuar bajo este principio.

Es lamentable ver la inexistencia de rutas claras para las víctimas, donde se establezca un procedimiento expreso, expedito, detallado y preciso sobre como interponer un denuncia o caso, tipos de conductas a que les aplicará el trámite, etapa de investigación, pruebas, mecanismos de apoyo específicos durante el trámite y reparaciones.

Protocolos sin medidas de reparación, ni siquiera con sanciones claras, evadiendo la capacidad que tiene la sanción impuesta a la persona agresora, para actuar como mecanismo de reparación para la víctima, al representar el reconocimiento explícito de que la conducta existió y de que mereció reprobación institucional. Falta de reparaciones simbólicas, disculpas públicas, comunicados públicos de rechazo, garantías de no repetición y medidas transformativas reales.

En algunos se establecen traslados de los casos a instancias de carácter disciplinario, sin criterios definidos, sin adecuaciones normativas armonizadas disciplinariamente para hacer operable el protocolo.

Las violencias basadas en género necesitan compromisos serios por parte de directivos dentro de las instituciones, quienes hacemos parte de ellas nos queremos sentir seguras y seguros, no queremos que minimicen nuestras denuncias con expresiones como “exageradas”, “por qué no usan los mecanismos existentes”, “por qué usan las redes sociales para denunciar”, “fanáticas”, “están violando el debido proceso”, “dañado el buen nombre”, no queremos ser perseguidas por exigir nuestro derecho humano a vivir una vida digna y libre de violencias. No queremos el abandono de las instituciones ante las persecuciones judiciales de estos victimarios.

Mi invitación directivos siempre será al diálogo, la discusión de los argumentos, la creación de espacios amplios conformados por las diversas personas que hacemos parte de las universidades para escuchar lo que ocurre, para escuchar como se afectan la vida y la dignidad de quienes sufren estén tipo de conductas, para aprender juntes a transformar en serio la sociedad, empezando por las aulas y todo espacio de la vida universitaria.

No tenemos miedo y en esa burbuja ilustrada con la que algunes quieren ver la universidad aún, tomándolo como excusa para evitar la politización de lo que ocurre en su interior, muchas y muchos tenemos clara la tradición del movimiento social y feminista latinoamericano, una tradición de resistencia que comprende la dimensión política de la acción, del habitar el cuerpo y el territorio hoy. Seguimos firmes y convencidas que todos los espacios deben ser seguros, que no estamos pidiendo condiciones, ni tratos privilegiados, exigimos nuestros derechos, exigimos de nuestros compañeros la superación del modelo ilustrado rousseauniano que negaba la ciudadanía a las mujeres y la superación de la misoginia popular impregnada por los discursos de los ilustres pensadores del siglo XIX.

Hoy vengo a compartirles algunas reflexiones acerca de lo que esta sucediendo en las universidades con la adopción de protocolos y rutas para atender las violencias basada en género en época de pandemia. Las instituciones aprovechando el aislamiento y en su afán por tener documentos que puedan exhibir en visitas de registros calificados y procesos de acreditación ante autoridades como el Ministerio de Educación Nacional o el Consejo Nacional de Acreditación e incluso, para “tranquilizar” a las personas que hacen parte de la comunidad académica, expiden normas que “supuestamente” tienen como finalidad prevenir y atender estas violencias, y digo supuestamente porque el efecto es totalmente contrario, estas normas aumentan el ciclo de violencia y en muchos casos revictimizan.

Lejos están esos documentos de ser una preocupación honesta por parte de directivos y personas que contribuyen en su elaboración, son realizados sin la participación de la comunidad académica, documentos que se hacen a puerta cerrada, con pedidos de confiabilidad a las personas que convocan para su revisión, documentos sin discusión, sin diagnósticos previos que permitan identificar las violencias de cada institución, documentos que no tienen en cuenta profesoras y estudiantes activistas, que se han dedicado al estudio de estas situaciones y las han denunciado ante las universidades y públicamente. En la mayoría de los casos porque tienen estigmatizadas estas personas dentro de los claustros universitarios, muy a tono con un fenómeno normalizado en la sociedad colombiana, señalar y perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos en cualquier espacio y territorio.

Varios de los protocolos son un catálogo de definiciones, algunos con bastante descaro, ni siquiera tienen una ruta clara para las víctimas, dejan el conocimiento y el trámite al arbitrio de oficinas y personas que no cuentan con las condiciones para asumirlo, pero tampoco cuentan con equipos de psicólogas con enfoque de género, mucho menos con trabajadoras sociales, ni las adecuaciones físicas para garantizar a la víctima privacidad y acompañamiento una vez pone la denuncia. Los órganos que conocen los casos son los mismos que toman decisiones académicas, en su mayoría integrados por hombres porque la paridad no es un hecho relevante para la toma de decisiones en esos espacios y en estas instituciones que conservan estructuras patriarcales, y prácticas machistas a todo nivel.

Es fundamental que toda norma que tenga como finalidad la atención de violencias basadas en género contemplen el principio de la debida diligencia, las conductas constitutivas de violencia basada en género, en especial aquellas como la violencia sexual, el acoso sexual, el acoso sexista y demás, vulneran la dignidad e integridad personal de quienes las padecen, y, en esa medida, son violaciones a los derechos humanos frente a las cuales las autoridades que conocen de estos casos en etapas de atención, están obligadas a actuar bajo este principio.

Es lamentable ver la inexistencia de rutas claras para las víctimas, donde se establezca un procedimiento expreso, expedito, detallado y preciso sobre como interponer un denuncia o caso, tipos de conductas a que les aplicará el trámite, etapa de investigación, pruebas, mecanismos de apoyo específicos durante el trámite y reparaciones.

Protocolos sin medidas de reparación, ni siquiera con sanciones claras, evadiendo la capacidad que tiene la sanción impuesta a la persona agresora, para actuar como mecanismo de reparación para la víctima, al representar el reconocimiento explícito de que la conducta existió y de que mereció reprobación institucional. Falta de reparaciones simbólicas, disculpas públicas, comunicados públicos de rechazo, garantías de no repetición y medidas transformativas reales.

En algunos se establecen traslados de los casos a instancias de carácter disciplinario, sin criterios definidos, sin adecuaciones normativas armonizadas disciplinariamente para hacer operable el protocolo.

Las violencias basadas en género necesitan compromisos serios por parte de directivos dentro de las instituciones, quienes hacemos parte de ellas nos queremos sentir seguras y seguros, no queremos que minimicen nuestras denuncias con expresiones como “exageradas”, “por qué no usan los mecanismos existentes”, “por qué usan las redes sociales para denunciar”, “fanáticas”, “están violando el debido proceso”, “dañado el buen nombre”, no queremos ser perseguidas por exigir nuestro derecho humano a vivir una vida digna y libre de violencias. No queremos el abandono de las instituciones ante las persecuciones judiciales de estos victimarios.

Mi invitación directivos siempre será al diálogo, la discusión de los argumentos, la creación de espacios amplios conformados por las diversas personas que hacemos parte de las universidades para escuchar lo que ocurre, para escuchar como se afectan la vida y la dignidad de quienes sufren estén tipo de conductas, para aprender juntes a transformar en serio la sociedad, empezando por las aulas y todo espacio de la vida universitaria.

No tenemos miedo y en esa burbuja ilustrada con la que algunes quieren ver la universidad aún, tomándolo como excusa para evitar la politización de lo que ocurre en su interior, muchas y muchos tenemos clara la tradición del movimiento social y feminista latinoamericano, una tradición de resistencia que comprende la dimensión política de la acción, del habitar el cuerpo y el territorio hoy. Seguimos firmes y convencidas que todos los espacios deben ser seguros, que no estamos pidiendo condiciones, ni tratos privilegiados, exigimos nuestros derechos, exigimos de nuestros compañeros la superación del modelo ilustrado rousseauniano que negaba la ciudadanía a las mujeres y la superación de la misoginia popular impregnada por los discursos de los ilustres pensadores del siglo XIX.